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El registro presupuestal afecta de manera definitiva una apropiación y respalda un compromiso con cargo al presupuesto de la entidad. Por regla general, es requisito para iniciar la ejecución de los contratos estatales, una vez definidos su valor y plazo. Según Colombia Compra Eficiente, si un contrato no implica desembolsos ni compromete apropiaciones de la entidad, no habría una apropiación que deba afectarse mediante registro presupuestal. Cuando se requiere, el registro normalmente se expide después de celebrado el contrato y, en todo caso, antes de comenzar su ejecución. Su expedición previa no afecta la validez del contrato.
Relatoría conservada de Colombia Compra Eficiente.
REGISTRO PRESUPUESTAL – Definición – Finalidad
[…] el registro presupuestal constituye el mecanismo mediante el cual se afecta de manera definitiva una apropiación presupuestal, materializando así el compromiso presupuestal previamente asumido, su exigencia como requisito de ejecución debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza y las condiciones económicas del negocio jurídico. En ese sentido, cuando se trate de contratos que no impliquen erogación presupuestal para la entidad estatal, por cuanto no comportan el desembolso de recursos públicos ni comprometen apropiaciones de su presupuesto, no habría lugar a efectuar una afectación presupuestal mediante la expedición del registro presupuestal, toda vez que no existe una apropiación que deba afectarse para respaldar un compromiso de esa naturaleza. En consecuencia, si bien el registro presupuestal constituye, por regla general, un requisito legal de ejecución de los contratos estatales, su exigibilidad debe guardar correspondencia con la existencia de un compromiso que demande la afectación de recursos del presupuesto de la entidad.
REGISTRO PRESUPUESTAL – Requisito de ejecución
En cuanto al registro presupuestal en los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, este es necesario para iniciar la ejecución del contrato, una vez se tenga definido el valor y el plazo.
[…]
En consecuencia, el Registro Presupuestal, al ser un requisito de ejecución del contrato, normalmente se expide después de celebrado el contrato, tal como se desprende de lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, esta Agencia considera que lo importante es que se hubiere expedido antes del inicio de la ejecución contractual, por lo que su expedición previa no afecta la validez del contrato estatal.
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Preguntas frecuentes
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¿Qué es el registro presupuestal?
¿Todo contrato estatal requiere registro presupuestal para iniciar su ejecución?
¿Se necesita registro presupuestal para un contrato que no genera erogación para la entidad?
¿Cuándo debe expedirse el registro presupuestal?
¿Expedir el registro presupuestal antes de celebrar el contrato afecta su validez?
Texto del concepto
REGISTRO PRESUPUESTAL – Definición – Finalidad ¶
[…] el registro presupuestal constituye el mecanismo mediante el cual se afecta de manera definitiva una apropiación presupuestal, materializando así el compromiso presupuestal previamente asumido, su exigencia como requisito de ejecución debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza y las condiciones económicas del negocio jurídico. En ese sentido, cuando se trate de contratos que no impliquen erogación presupuestal para la entidad estatal, por cuanto no comportan el desembolso de recursos públicos ni comprometen apropiaciones de su presupuesto, no habría lugar a efectuar una afectación presupuestal mediante la expedición del registro presupuestal, toda vez que no existe una apropiación que deba afectarse para respaldar un compromiso de esa naturaleza. En consecuencia, si bien el registro presupuestal constituye, por regla general, un requisito legal de ejecución de los contratos estatales, su exigibilidad debe guardar correspondencia con la existencia de un compromiso que demande la afectación de recursos del presupuesto de la entidad.¶
REGISTRO PRESUPUESTAL – Requisito de ejecución ¶
En cuanto al registro presupuestal en los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, este es necesario para iniciar la ejecución del contrato, una vez se tenga definido el valor y el plazo.¶
[…]
En consecuencia, el Registro Presupuestal, al ser un requisito de ejecución del contrato, normalmente se expide después de celebrado el contrato, tal como se desprende de lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, esta Agencia considera que lo importante es que se hubiere expedido antes del inicio de la ejecución contractual, por lo que su expedición previa no afecta la validez del contrato estatal.¶
Bogotá D.C., 09 Noviembre 2026
Señor
Nicolas Tabares Sánchez
Manizales – Caldas, Colombia
Concepto C-1542 de 2026
Temas: | REGISTRO PRESUPUESTAL – Definición – Finalidad / REGISTRO PRESUPUESTAL – Requisito de ejecución ¶ |
Radicación: | Respuesta a consultas con radicado No. 1_2026_09_30_013144 acumulada con el radicado No. 1_2026_09_30_013147¶ |
Estimado señor Tabares, cordial saludo:
En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente responde su solicitud de concepto del 30 de septiembre de 2026, en las que manifiesta lo siguiente: ¶
“(…)
1.1. Sírvanse informar si un contrato que no requiere erogación presupuestal por parte de la entidad; por ejemplo, un contrato de arrendamiento en el que la entidad pública sea arrendataria, o un contrato en el que se otorga concesión, ¿devendría como requisito para su ejecución el registro presupuestal?¶
1.2. Al tenor de lo anterior, conceptuar en torno a qué clase de contratos se ven inmersos en los escenarios en los cuales el registro presupuestal sea requisito para la ejecución y cuáles no.”.¶
De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. ¶
Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en las preguntas de la petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta. ¶
- Problema planteado:
De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá los siguientes problemas jurídicos: ¿El registro presupuestal, en su condición de requisito legal de ejecución de los contratos estatales, resulta exigible respecto de aquellos contratos que no generan erogación presupuestal para la entidad estatal?¶
- Respuesta:
En relación con la expedición del Registro Presupuestal (RP) como requisito para la ejecución de los contratos estatales, es preciso señalar que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que, para la ejecución del contrato, se requiere la aprobación de las garantías y la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias futuras, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. Por su parte, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 dispone que los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad previos y que los compromisos deben contar con registro presupuestal, con el fin de que los recursos no sean desviados a ningún otro fin.¶ De acuerdo con lo anterior, el Registro Presupuestal tiene como finalidad respaldar los compromisos que afectan las apropiaciones de la entidad estatal y garantizar que los recursos destinados a su cumplimiento se encuentren debidamente comprometidos. En consecuencia, para determinar su procedencia, es necesario establecer si las obligaciones derivadas del contrato generan compromisos con cargo a los recursos de la entidad contratante.¶ Así, cuando un contrato no genera erogaciones ni compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la entidad, debe distinguirse esta circunstancia de aquellos eventos en los que, aunque no exista una transferencia directa de recursos entre las partes, sí se generan obligaciones económicas a cargo de la entidad que requieren respaldo presupuestal. Por tanto, la ausencia de erogación presupuestal no debe entenderse, por sí sola, como una regla que permita prescindir del Registro Presupuestal en todos los casos, ni supone que deba expedirse un registro por valor de cero ($0), pues su procedencia debe analizarse atendiendo a la naturaleza de las obligaciones contractuales y a las disposiciones presupuestales aplicables.¶ En ese sentido, el registro presupuestal constituye el mecanismo mediante el cual se afecta de manera definitiva una apropiación presupuestal, materializando así el compromiso presupuestal previamente asumido. No obstante, su exigencia como requisito de ejecución debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza y las condiciones económicas del negocio jurídico. Así, cuando se trate de contratos que no impliquen erogación presupuestal para la entidad estatal, por cuanto no comportan el desembolso de recursos públicos ni comprometen apropiaciones de su presupuesto, no habría lugar a efectuar una afectación presupuestal mediante la expedición del registro presupuestal, toda vez que no existe una apropiación que deba afectarse para respaldar un compromiso de esa naturaleza. En consecuencia, si bien el registro presupuestal constituye, por regla general, un requisito legal de ejecución de los contratos estatales, su exigibilidad debe guardar correspondencia con la existencia de un compromiso que demande la afectación de recursos del presupuesto de la entidad.¶ Finalmente, corresponde a cada entidad estatal, en el marco de sus competencias y de la autonomía de la voluntad que rige la actividad contractual, examinar las obligaciones que asume en cada negocio jurídico y determinar, de acuerdo con las normas presupuestales y contractuales aplicables, si estas implican compromisos que deban contar con registro presupuestal. Para ello, deberá considerar las condiciones particulares del contrato, su alcance económico y la eventual afectación de las apropiaciones de la entidad.¶ Resulta importante precisar que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente no es una instancia de validación, aprobación o autorización de las actuaciones contractuales y presupuestales adelantadas por las entidades estatales. En consecuencia, sus pronunciamientos tienen un alcance general y orientador, por lo que corresponde a cada entidad, en ejercicio de sus competencias, autonomía contractual y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, adoptar las decisiones que considere procedentes frente a cada situación concreta, con sujeción al ordenamiento jurídico.¶ Al margen de la explicación precedente debe advertirse que el análisis requerido para resolver problemas específicos en torno a la gestión contractual de las entidades públicas debe ser realizado por quienes tengan interés en ello, de acuerdo con lo explicado de manera preliminar en el presente oficio. Por lo anterior, para la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias. Así, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.¶ |
- Razones de la respuesta:
Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:¶
En materia de los contratos estatales regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se prevén dos tipos de exigencias en relación con los contratos estatales, estas son: i) las relacionadas con el perfeccionamiento y ii) las que tienen que ver con la ejecución. Si bien ambas se complementan y marcan el origen de la fase contractual –o de ejecución–, es importante distinguirlas, ya que las consecuencias jurídicas que generan son diferentes.¶
Los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal son mandatos normativos que determinan cuándo se entiende celebrado. Es decir, se trata de prescripciones que establecen en qué momento existe el contrato. Según el artículo 1501 del Código Civil, todo contrato se caracteriza por tener tres tipos de elementos: los de la esencia, los de la naturaleza y los accidentales. Los de la esencia son aquellos que, al cumplirse, marcan la existencia del contrato y le otorgan su identidad o tipología, permitiendo que no se confunda con otro contrato. Los de la naturaleza son aquellos que, no siendo esenciales al contrato, se entienden incorporados por ministerio de la ley, aun ante el silencio de las partes. Y los accidentales son los que las partes agregan en ejercicio de su autonomía de la voluntad, ya que no son ni esenciales, ni de la naturaleza del contrato[1]. Los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal ingresan dentro de los elementos de la esencia.¶
Además, los contratos –en términos generales– pueden ser: consensuales, reales o solemnes. Son consensuales los que se perfeccionan con el consentimiento informal, pues no requieren de formalidades especiales. Son reales aquellos que existen solo con la tradición o entrega de una cosa. Por su parte, son solemnes aquellos contratos cuyo perfeccionamiento está revestido del cumplimiento de exigencias formales o ritualidades específicas[2]. Pues bien, los contratos estatales regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por regla general, son solemnes, ya que solo se entienden celebrados si se cumplen ciertas formalidades. Esta regla general solo tiene una excepción, como se explicará.¶
En efecto, el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que “[l]os contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. Como se advierte, el legislador dispuso que para que el contrato estatal exista, no solo debe haber un acuerdo sobre la obligación principal del negocio –es decir, sobre el “objeto”– y sobre la contraprestación, sino que se debe plasmar por escrito. Tal circunstancia le ha permitido a la doctrina concluir que el contrato estatal regulado en EGCAP es “[…] principalmente, solemne, ya que la manifestación de voluntad, si no se expresa bajo la forma ad solemnitatem o ad substantiam actus exigida por la ley, es inexistente, es decir, se entiende que el contrato jamás ha sido creado para el mundo jurídico”[3]. ¶
Así mismo, lo ha expresado el Consejo de Estado al sostener que:¶
En tratándose de contratos celebrados por la administración pública esta Corporación ha señalado que estos son, salvo los casos de urgencia manifiesta, negocios jurídicos solemnes y que la única prueba de su existencia, es la constancia de la manifestación de la voluntad de las partes en un documento por escrito, tal como se desprende del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, que establece: “[l]os contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad” (resalta la Sala). Disposición que resulta concordante con el previsto en el artículo 41 de la misma normatividad, la cual preceptúa que “[l]os contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”[4].¶
La excepción a esta regla se encuentra en el cuarto inciso del mismo artículo, según el cual, “[e]n caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante”. En otras palabras, por regla general, los contratos estatales deben constar por escrito, salvo que se presente una situación de urgencia manifiesta en la que no haya tiempo de cumplir con esta formalidad. ¶
Analizados los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal, es necesario distinguirlos, por tanto, de los requisitos de ejecución, e indicar cuáles son las exigencias de esta segunda clase establecidas en el EGCAP. Si el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento permite que el contrato exista, la observancia de los requisitos de ejecución posibilita el inicio de la fase de realización de las actividades pactadas en el contrato, es decir, el cumplimiento del objeto del negocio jurídico. ¶
En ese orden, los requisitos de ejecución de los contratos estatales pueden ser “legales” o “convencionales”. Los primeros son aquellos que se encuentran previstos en la ley. Los segundos son estipulados por las partes. En otros términos, los requisitos legales de ejecución son elementos de la naturaleza, mientras que los requisitos convencionales de ejecución son elementos accidentales. Para determinar lo anterior, conviene hacer referencia al segundo inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicha norma sobre los requisitos legales establece: ¶
“Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”.¶
Como puede observarse, los requisitos legales de ejecución son: (i) la aprobación de las garantías exigidas en el contrato, (ii) la existencia de la apropiación presupuestal correspondiente y (iii) la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral. Por su parte, serán requisitos convencionales aquellos que no se encuentran consagrados en la ley sino que se pactan en la minuta del contrato o que el contratista acepta al momento de adherirse al clausulado del pliego de condiciones o documento equivalente. ¶
Dichos requisitos se relacionan en que, deben cumplirse para que inicie la ejecución del contrato, sin que por ello puedan considerarse elementos de la esencia –de perfeccionamiento– del negocio jurídico, ni de su validez. En otras palabras, un contrato estatal existe, así no se hayan aprobado las garantías, o expedido el registro presupuestal, o a pesar de que el contratista no esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, pero no puede comenzar a ejecutarse. Si aun así el contrato estatal inicia, se incurre en un incumplimiento de obligaciones normativas –que son elementos de la naturaleza del contrato–, lo cual puede generar responsabilidades subjetivas en los servidores públicos, pero no por ello el contrato estatal deja de existir o queda viciado de nulidad[5].¶
En cuanto al registro presupuestal en los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, este es necesario para iniciar la ejecución del contrato, una vez se tenga definido el valor y el plazo. En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado expresó respecto de la disponibilidad y el compromiso presupuestal, que:¶
“En virtud de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal la entidad imprime fe de que existen los fondos necesarios para contraer determinadas obligaciones. Sin embargo, en virtud del certificado no se afecta de manera inmediata la respectiva apropiación, simplemente la aparta de forma transitoria mientras se lleva a cabo el perfeccionamiento del compromiso presupuestal, lo cual se logra a través del registro presupuestal. En otras palabras, el registro presupuestal es el mecanismo mediante el cual se afecta la apropiación de forma definitiva, acto que si bien a su turno se traduce en el perfeccionamiento del compromiso presupuestal no es lo mismo que el perfeccionamiento del contrato en tanto el registro se obtiene luego de que el contrato nace a la vida jurídica y no antes y además no consulta un consenso entre las partes[6]. (Subrayado fuera de texto)¶
En consecuencia, el Registro Presupuestal, al ser un requisito de ejecución del contrato, normalmente se expide después de celebrado el contrato, tal como se desprende de lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, esta Agencia considera que lo importante es que se hubiere expedido antes del inicio de la ejecución contractual, por lo que su expedición previa no afecta la validez del contrato estatal.¶
Sin embargo, aun cuando el registro presupuestal constituye el mecanismo mediante el cual se afecta de manera definitiva una apropiación presupuestal, materializando así el compromiso presupuestal previamente asumido, su exigencia como requisito de ejecución debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza y las condiciones económicas del negocio jurídico. En ese sentido, cuando se trate de contratos que no impliquen erogación presupuestal para la entidad estatal, por cuanto no comportan el desembolso de recursos públicos ni comprometen apropiaciones de su presupuesto, no habría lugar a efectuar una afectación presupuestal mediante la expedición del registro presupuestal, toda vez que no existe una apropiación que deba afectarse para respaldar un compromiso de esa naturaleza. En consecuencia, si bien el registro presupuestal constituye, por regla general, un requisito legal de ejecución de los contratos estatales, su exigibilidad debe guardar correspondencia con la existencia de un compromiso que demande la afectación de recursos del presupuesto de la entidad.¶
Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que los conceptos emitidos por esta Subdirección en el marco de la función consultiva representan una posición hermenéutica respecto a las disposiciones normativas del Sistema de Compras Públicas, que no tienen efectos vinculantes en relación con una situación jurídica particular y concreta, y exponen un criterio que, aunque jurídicamente fundamentado, no representan la única interpretación válida del ordenamiento jurídico. De este modo, las autoridades que ejercen funciones consultivas pueden expresar su interpretación de un precepto normativo, que no excluye otras interpretaciones posibles, pues el derecho, como sistema normativo, es un lenguaje que, en ocasiones, se tiñe de vaguedad, en virtud de la utilización de conceptos jurídicos indeterminados. ¶
En ese sentido, al tratarse de un análisis que debe realizarse en un procedimiento contractual específico, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, validar sus actuaciones.¶
- Referencias normativas:
|
- Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:¶
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se pronunció sobre los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos estatales en los conceptos C-042 de 5 de febrero de 2020, C-797 del 22 de enero de 2021, C–638 de 2022, C-545 del 11 de octubre de 2024, C-801 del 12 de diciembre de 2024 y C-464 del 16 de mayo de 2025, C- 857 del 6 de agosto 2025, C- 536 del 11 de junio de 2025, C -1481 del 30 de octubre de 2025, C-1820 del 23 de diciembre de 2025 y C-398 de 2026, entre otros. Estos otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual puede accederse a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos. ¶
Las garantías no son un requisito formal: son el instrumento con el que se protege el patrimonio público frente a los riesgos del contrato. Por ello, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– te invita a consultar la nueva versión de la Guía para la Exigencia y Constitución de Garantías en los Procesos de Contratación, dirigida a las entidades sometidas al EGCAP y a las de regímenes exceptuados, así como a proveedores y órganos de control. Encontrarás orientaciones sobre las clases de garantías admisibles, la correspondencia entre riesgos asignados y amparos exigidos, su suficiencia y vigencia, y el procedimiento para hacerlas efectivas. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-de-garantias-en-procesos-de-contratacion¶
De otro lado, te contamos que el Decreto 287 del 19 de marzo de 2026 sustituyó los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015 y estructuró el Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Para orientar su aplicación, esta Agencia expidió la Circular Externa 003 del 12 de mayo de 2026, en la que precisa quiénes son los beneficiarios, las cinco medidas que integran el sistema y su obligatoriedad según la modalidad de selección, y el régimen de transición aplicable a los procesos en curso. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-003-de-2026¶
Recuerda también que la información sobre sanciones e inhabilidades solo cumple su función preventiva si llega oportunamente a los registros públicos. Sobre este deber, esta Agencia expidió la Circular Externa 002 del 5 de mayo de 2026, dirigida a todas las entidades del Estado sin distinción de su régimen contractual, en la que reitera la obligatoriedad de reportar caducidades, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento e inhabilidades ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el SECOP, e indica los responsables, los portales dispuestos para el efecto y las consecuencias disciplinarias de omitir este deber. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-002-de-2026¶
Finalmente, si quieres seguir de cerca la actividad de la Agencia, la tercera edición de 2026 del Radar de la Compra Pública reúne, entre otros contenidos, la Circular Externa 003 de 2026, el Decreto 552 de 2026, un estudio sobre inteligencia artificial en la compra pública, los avances de la Relatoría, análisis jurisprudencial, conceptos jurídicos destacados y la oferta de la Escuela Virtual ANCP-CCE. Descárgalo aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/boletin/boletin-edicion-n-3-de-2026-radar-de-la-compra-publica¶
Aprovechamos la oportunidad para manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones a través de nuestros diferentes canales de atención: ¶
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808¶
- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788¶
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600¶
- Página web: www.colombiacompra.gov.co
Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional:¶
Twitter: @colombiacompra
Facebook: ColombiaCompraEficiente
LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente¶
Instagram: @colombiacompraeficiente_cce
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.¶
Atentamente,
Elaboró: | Ángela María Olmos Andrade Analista T2 - 02 de la Subdirección de Gestión Contractual¶ |
Revisó: | Juan David Cárdenas Cabeza Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual¶ |
Aprobó: | Fabián Leonardo Vanegas Peña Subdirector de Gestión Contractual (E) ANCP – CCE¶ |
En efecto, este enunciado normativo establece: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”. ↑¶
En efecto, el artículo 1.500 del Código Civil expresa: “El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento”. ↑¶
EXPÓSITO VÉLEZ, Juan Carlos. Forma y contenido del contrato estatal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. pp. 28-29. ↑¶
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de febrero de 2026. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215). C.P: Fredy Ibarra Martínez. ↑¶
A esta conclusión llegó la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 12 de agosto de 2014, luego de distinguir los requisitos de perfeccionamiento respecto de los requisitos de ejecución de los contratos estatales. En tal oportunidad el órgano judicial se preguntó, dentro de las consideraciones, si la ausencia de registro presupuestal tenía como efecto que un contrato de prestación de servicios profesionales se considerara inexistente o viciado de nulidad absoluta. La respuesta del alto tribunal es que no se genera inexistencia ni vicio de nulidad absoluta, sino una eventual responsabilidad en los servidores públicos que incumplieron tal requisito presupuestal. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2014. Expediente: 28.565. C.P: Enrique Gil Botero. ↑¶
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del del 24 de febrero de 2016. Exp. 46.185. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. ↑¶
Fuente y referencia
Autor del concepto: Colombia Compra Eficiente. Compilación y ayudas de lectura: Abogo / Hugo Ortega.
Se presenta el texto conservado en el catálogo. La fecha y el número de citas no certifican vigencia jurídica. Contrasta el documento con las normas y criterios posteriores aplicables.
Consultar la fuente enlazada de CCE →
Colombia Compra Eficiente. C-1542 de 2026 (2026-11-09). Consulta en Abogo: https://abogo.soyhugoortega.com/concepto/c-1542-de-2026-registro-presupuestal. Fuente: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1542-de-2026/
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