LEY 1474 DE 2011, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Texto del concepto

LEY 1474 DE 2011 – Supervisión e interventoría contractual¶

[…] la Ley 1474 de 2011 enmarcó el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El artículo 83 de la referida ley, establece que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. ¶

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO – Características – Apoyo a la supervisión ¶

[…] de las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se infieren las siguientes características de la supervisión: i) la labor de supervisión siempre existirá en relación con cualquier contrato estatal, incluidos los contratos de prestación de servicios –a diferencia de la interventoría que depende del análisis de su necesidad y extensión –; ii) no requiere conocimientos tan especializados como la interventoría; iii) se ejerce por la Entidad Estatal por conducto de la designación de servidores públicos idóneos para cumplir la función; iv) puede recibir apoyo de personal contratado para tal fin mediante contratos de prestación de servicios; y v) le es inseparable el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato vigilado.¶

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO – Definición – Límites¶

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión es una actividad que debe realizar la entidad estatal contratante con sus servidores públicos, sin perjuicio de que pueda contratar el apoyo a esta labor mediante la celebración de contratos de prestación de servicios. En efecto, el segundo inciso de dicha norma establece:¶

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”.¶

En ese sentido, la entidad contratante a través del ordenador del gasto es quien designa la supervisión, y puede designarla a cualquier servidor público ya que esa función es inherente a esta calidad, sin que exista límite a la designación siempre que la persona designada sea la adecuada para hacer el correcto seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico del contrato, pudiendo tener personal de apoyo como lo indica la norma, en temas que no sean de su experticia; o cuando se requieran conocimientos especializados se puede recurrir a la figura de la interventoría. Además la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente dispone un deber de la entidad contratante y es “realizar un análisis de la carga operativa de quien va a ser designado supervisor, para no incurrir en los riesgos derivados de una supervisión inadecuada por falta de tiempo”.¶

Bogotá D.C, 26 octubre 2026

Señora

Kelly Natalia Quintero De Los Ríos

knquintero@minenergia.gov.co

Ciudad

Estimada Señora Natalia:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta de fecha 24 de septiembre de 2026, en la cual manifiesta lo siguiente:¶

“1. ¿Cuál es el alcance de los artículos 11 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 respecto de la responsabilidad del ordenador del gasto frente a la vigilancia de los contratos estatales y frente a la designación y continuidad de la supervisión?¶

2. En los eventos en que el servidor público formalmente designado como supervisor se encuentre temporalmente ausente por vacaciones, licencia, incapacidad, permiso, comisión u otra situación administrativa que le impida ejercer temporalmente sus funciones, ¿quién debe asumir jurídicamente la función de supervisión durante dicho período?¶

3. En estos eventos, ¿es necesario que el ordenador del gasto efectúe, en todos los casos, una nueva designación formal de supervisor para garantizar la continuidad de la vigilancia contractual, o las entidades estatales pueden establecer previamente mecanismos internos de suplencia o continuidad de la supervisión?¶

4. ¿Resulta jurídicamente viable que una entidad estatal establezca en su Manual de Contratación, Manual de Supervisión o procedimiento interno que, ante la ausencia temporal del supervisor formalmente designado, las funciones de supervisión sean asumidas transitoriamente por el superior jerárquico inmediato del servidor ausente?¶

5. En caso de resultar jurídicamente viable dicha medida, ¿la regla interna podría establecer que el superior jerárquico asuma temporalmente las funciones de supervisión desde el momento en que se produzca la ausencia y hasta que el ordenador del gasto realice una nueva designación, sin que ello implique una transferencia o modificación de la competencia que legalmente corresponde al ordenador del gasto?¶

6. ¿La adopción de una regla interna de esta naturaleza podría entenderse como un mecanismo orientado exclusivamente a garantizar la continuidad de la vigilancia contractual y el cumplimiento del deber establecido en el artículo 83 de la Ley 1474de 2011?¶

7. En caso afirmativo, ¿qué requisitos, condiciones o límites debería observar la entidad para que dicha disposición interna resulte compatible con el régimen de supervisión contractual, particularmente en relación con la competencia del ordenador del gasto, la idoneidad del servidor que asuma temporalmente la función, la responsabilidad derivada del ejercicio de la supervisión y la debida trazabilidad de las actuaciones realizadas durante el período de suplencia?¶

8. Finalmente, ¿considera esa Agencia jurídicamente procedente que las entidades estatales regulen en sus instrumentos internos un mecanismo de continuidad de la supervisión para aquellos casos en los que se presente una ausencia temporal del supervisor, siempre que se garantice la vigilancia permanente del contrato y se mantenga la competencia del ordenador del gasto para efectuar las designaciones correspondientes?.”¶

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. ¶

Conforme lo expuesto, en aras de garantizar el derecho fundamental de petición, se resolverá su petición dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción del caso particular y concreto señalado en su petición, pero señalando algunas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta. ¶

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: i)¿Cuál es el alcance de los artículos 11 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 respecto de la responsabilidad del ordenador del gasto en la vigilancia de los contratos estatales y la designación y continuidad de la supervisión ante la ausencia temporal del supervisor designado? ii)¿Es jurídicamente viable que las entidades estatales establezcan en sus manuales de contratación, supervisión o procedimientos internos mecanismos de suplencia temporal, mediante los cuales el superior jerárquico inmediato asuma las funciones de supervisión ante la ausencia del servidor designado, mientras se efectúa una nueva designación por parte del ordenador del gasto? iii)¿Qué requisitos, condiciones y límites deben observar las entidades estatales para implementar mecanismos internos de continuidad de la supervisión contractual, garantizando la competencia del ordenador del gasto, la idoneidad del servidor suplente, la responsabilidad por las actuaciones realizadas y la trazabilidad de la vigilancia contractual?¶

2. Respuesta:

3. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones: ¶

La Ley 80 de 1993 establece en sus artículos 4, 5, 12, 14 y 26, entre otros aspectos, la obligación de las Entidades Estatales de velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las prestaciones del contrato, las especificaciones de los bienes, obras y servicios de este, las condiciones de calidad ofrecidas, etc. Esta obligación se predica, en principio, del jefe o representante legal de la entidad, por tener la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual, pero también de los servidores públicos que intervienen en ella. En ese sentido, las Entidades Estatales deben ejercer el control de la ejecución del contrato y, de ser el caso, tomar medidas para exigir su adecuado cumplimiento.¶

Las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, complementan el régimen jurídico de la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos estatales. En dichas normas se impone el debido proceso como principio rector en materia sancionatoria contractual, entre otros, para la imposición de multas y la decisión de hacer efectiva la cláusula penal, principio que se debe respetar en el ejercicio del control y vigilancia de la ejecución contractual^[1]. También se establecen los límites de la responsabilidad del representante legal ante la delegación de sus funciones en materia contractual^[2] y se regula la supervisión y la interventoría de los contratos estatales^[3].¶

En consecuencia, se tiene que, la jurisprudencia contencioso-administrativa, por su parte, ha considerado que la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contractual es una función de la entidad contratante, en los siguientes términos: ¶

“La función de vigilancia y control del contrato estatal supone el cuidado y la supervisión, de forma tal que en ejercicio de esa función, quien administra la adecuada y oportuna ejecución del contrato no sólo debe velar por que las partes den cumplimiento a las obligaciones contractuales, sino que el contrato se ejecute en el tiempo y la forma convenidos, para esta forma garantizar la satisfacción de las necesidades que la administración buscaba alcanzar con la celebración del respectivo contrato”^[4].¶

iv) De esta forma, la Ley 1474 de 2011 enmarcó el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El artículo 83 de la referida ley, establece que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. El legislador además definió las nociones de supervisión e interventoría, como mecanismos que pueden usar las Entidades Estatales para vigilar el contrato, en estos términos: ¶

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializadas. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicio que sean requeridos.¶

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”^[5].¶

Sin perjuicio de lo anterior, según lo expresado por esta Agencia en el concepto No. 4201913000008240 del 20 de diciembre de 2019 y en el concepto C-972 de 2024, de las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se infieren las siguientes características de la supervisión: i) la labor de supervisión siempre existirá en relación con cualquier contrato estatal, incluidos los contratos de prestación de servicios –a diferencia de la interventoría que depende del análisis de su necesidad y extensión^[6]–; ii) no requiere conocimientos tan especializados como la interventoría; iii) se ejerce por la Entidad Estatal por conducto de la designación de servidores públicos idóneos para cumplir la función; iv) puede recibir apoyo de personal contratado para tal fin mediante contratos de prestación de servicios; y v) le es inseparable el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato vigilado.¶

Por otro lado, es pertinente señalar que esta Agencia ha considerado que del texto del artículo 83 de la Ley 1474 es posible inferir que la ley dispuso que la supervisión debe ser ejercida por la misma Entidad Estatal en cumplimiento de su deber de vigilancia de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y puede llevarse a cabo con el apoyo de contratistas, pero no prevé que dicha actividad sea realizada directamente por el contratista, y que sea este último el único responsable del seguimiento contractual. ¶

Lo anterior postura se soporta en el trámite del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 1474 de 2011, que inicialmente establecía que “la supervisión de los contratos sería ejercida por un funcionario de la misma entidad estatal, o por un contratista de prestación de servicios profesionales […]”^[7]. Sin embargo, también lo es que esa postura fue modificada para el segundo debate legislativo^[8] y en la ponencia registrada para tercer debate^[9], en donde se estableció que “la supervisión de los contratos ser[ía] ejercida por un funcionario de la misma entidad estatal”. Incluso, la versión que finalmente se aprobó en cuarto debate^[10], que fue acogida por ambas cámaras legislativas^[11] luego del correspondiente trámite de conciliación^[12], era del siguiente tenor: “la supervisión consistirá en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal […]”. Nótese que el legislador acogió, finalmente, la noción “entidad estatal”, sin hacer referencia a los funcionarios de la entidad o a los contratistas.¶

La expresión “entidad estatal” podría dar a entender que la supervisión puede ser ejercida por funcionarios y contratistas, como inicialmente se presentó en la iniciativa legislativa, en el entendido de que las entidades, por regla general, se apoyan en los unos y los otros para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado^[13], en providencia del 12 de diciembre de 2014, consideró que la calidad de supervisor la tienen los funcionarios de la entidad estatal y no los contratistas. Esto, en los siguientes términos:¶

“De entrada, debe advertirse que la supervisión de los contratos es un deber de las entidades públicas (artículo 4 de la Ley 80 de 1993), que bien pueden realizarla a través de supervisores o interventores para que verifiquen la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del contratista de la entidad pública. Esa labor es principalmente de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de su posición de parte dentro de la relación negocial. ¶

[…]

El ordenamiento jurídico admite que este tipo de funciones puedan ser encargadas a los funcionarios públicos de la entidad demandada, sin que se enmarquen en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Efectivamente, de vieja data, el artículo 120 del Decreto Ley 222 de 198312, al definir las calidades del interventor, señaló que las entidades públicas verificarían la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de sus contratistas por medio de un interventor. Este podía ser funcionario suyo o ser contratado externamente. Lo anterior significaba que en vigencia del mencionado decreto la denominación de interventor se utilizaba indistintamente de la vinculación que este tuviera con la entidad pública. Actualmente, la cuestión se mantiene en similares condiciones, sólo que se considera supervisor al funcionario de la entidad pública que desarrolle la vigilancia de los contratos de esta última, sin perjuicio de que esa labor se pueda apoyar a través de contratos de prestación de servicios, pero no para asumir la supervisión, so pena de variar de una consultoría a otra tipología diferente y, por consiguiente, de eludir procesos de selección. Por su parte, se hablará de interventor cuando se trate de una vigilancia externa o contratada^[14].”¶

En ese mismo sentido, como se expuso previamente, la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” de Colombia Compra Eficiente consagró que la supervisión del contrato estatal corresponde al funcionario público de la entidad. Sin embargo, dicha guía reiteró que las Entidades Estatales puedan celebrar contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión, consignando en ellos las actividades propias del apoyo a la supervisión. Con todo, el alcance de dicho apoyo dependerá del objeto y las obligaciones determinadas en el contrato de prestación de servicios, marco dentro del cual el contratista desarrollará las actividades tendientes a soportar el seguimiento del contrato y apoyar la verificación del cumplimiento, en las condiciones establecidas en el contrato vigilado, sin que ello implique que asuma directamente la supervisión. ¶

Así, por ejemplo, el contratista de prestación de servicios podrá revisar los entregables, productos, en general, los requisitos para el pago y darle su concepto al supervisor. De todos modos, quien autorizará el pago ante la Entidad Estatal será el funcionario sobre quien recae la supervisión y el respectivo ordenador del gasto de la entidad. Además, la mencionada guía señala que tanto supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos respecto de los cuales ejercen sus correspondientes obligaciones. Dicha labor debe ir dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.¶

Por tanto, el ejercicio de la vigilancia de la ejecución del contrato estatal conlleva la tarea de velar por el cumplimiento de los plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. Debido a esto, es a los supervisores y/o interventores a quienes corresponde, en primera medida, verificar las entregas de bienes, obras o servicios realizadas por el contratista, determinando si las mismas se ajustan a las condiciones pactadas. Tales actividades propias de la custodia a la debida ejecución de los contratos estatales también implican el deber de supervisores e interventores de concurrir a la suscripción de documentos como actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.¶

En ese sentido, puede colegirse que la supervisión es uno de los medios para que las entidades ejerzan la dirección, control y vigilancia de sus contratos, con el fin de lograr el objeto contractual. Por consiguiente, el supervisor, de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, tiene la obligación de desarrollar las actividades que impliquen la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los contratos, función que puede ser asignada a un empleado público siempre que se ajusten a las fijadas para el cargo.¶

Ahora bien, De acuerdo con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, la dirección y el manejo de la actividad contractual corresponden al jefe o representante legal de la entidad estatal, quien puede delegar total o parcialmente las competencias para celebrar contratos y desconcentrar la realización de procesos de selección, en los términos previstos en la ley. Esta distribución de competencias debe interpretarse en armonía con el deber de las entidades estatales de garantizar la adecuada ejecución de sus contratos y la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos de acuerdo con sus funciones y actuaciones.¶

Por su parte, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades estatales deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado mediante un supervisor o interventor, según corresponda. La supervisión comprende el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que ejerce la propia entidad cuando no se requieren conocimientos especializados, mientras que la interventoría se refiere, principalmente, al seguimiento especializado que realiza un tercero. A su vez, el artículo 84 de la misma ley establece facultades y deberes de los supervisores e interventores para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones, e informar a la entidad sobre posibles incumplimientos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato.¶

En relación con el primer interrogante, referido a las competencias para garantizar la continuidad de la supervisión ante la ausencia temporal del servidor designado, debe señalarse que la entidad estatal tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones en la vigilancia contractual. En ese sentido, el ordenador del gasto o la autoridad competente, de acuerdo con las reglas de organización, delegación y contratación aplicables, debe determinar el mecanismo jurídicamente procedente para asegurar el seguimiento del contrato durante el periodo de ausencia. Sin embargo, las normas citadas no disponen que la supervisión se traslade automáticamente al superior jerárquico inmediato del supervisor titular por el solo hecho de producirse su ausencia. Por tanto, la procedencia de esa asignación debe establecerse a partir de las competencias aplicables y de las reglas internas de la entidad, de manera que exista fundamento jurídico suficiente para determinar quién asumirá la función y bajo qué condiciones.¶

En cuanto al segundo interrogante, relacionado con la posibilidad de establecer mecanismos internos para garantizar la continuidad de la supervisión contractual, las entidades estatales pueden prever en sus manuales de contratación, manuales de supervisión o procedimientos internos reglas para atender las ausencias temporales del servidor designado. Esta posibilidad encuentra fundamento en el deber de vigilancia permanente previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en la necesidad de organizar la gestión contractual de manera que se asegure el seguimiento oportuno de las obligaciones pactadas. No obstante, dichos mecanismos deben respetar las competencias legalmente atribuidas y la estructura administrativa de la entidad, y no pueden crear facultades contrarias al ordenamiento jurídico ni presumir que la supervisión corresponde automáticamente a determinado servidor por razón de su cargo o posición jerárquica. En consecuencia, la entidad puede establecer un procedimiento previo que determine las circunstancias en las que procede la suplencia, la autoridad facultada para disponerla y las condiciones para su ejercicio, siempre que la asignación tenga un fundamento jurídico válido y sea debidamente formalizada.¶

Respecto del tercer interrogante, relativo a los requisitos, condiciones y límites que deben observar las entidades estatales para implementar mecanismos internos de continuidad de la supervisión, es necesario considerar, en primer lugar, la competencia de la autoridad que efectúa la designación, la cual debe actuar conforme a las atribuciones legales, las delegaciones válidamente conferidas y las reglas de organización de la entidad. En segundo lugar, debe verificarse la idoneidad del servidor que asumirá temporalmente la supervisión, atendiendo a sus funciones, conocimientos, capacidad para realizar el seguimiento correspondiente y carga laboral, de acuerdo con las características y complejidad del contrato. En tercer lugar, la asignación debe formalizarse por escrito, identificando al servidor designado, el contrato objeto de vigilancia, el alcance de sus funciones y el periodo durante el cual ejercerá la supervisión, así como las condiciones para la terminación de la suplencia y la reincorporación del supervisor titular.¶

Asimismo, el mecanismo debe garantizar la identificación de las responsabilidades derivadas de las actuaciones u omisiones del servidor que asuma temporalmente la supervisión, de conformidad con las obligaciones previstas en la ley y el régimen de responsabilidad aplicable. Para ello, resulta pertinente establecer procedimientos de entrega y recepción de la información contractual, registro del estado de ejecución del contrato, identificación de las obligaciones pendientes, seguimiento a los informes y pagos, comunicación de alertas y documentación de las actuaciones realizadas durante el periodo de suplencia. Estas medidas permiten preservar la trazabilidad de la vigilancia contractual, identificar a los responsables de las actuaciones adelantadas y facilitar la continuidad del seguimiento sin generar vacíos en el control de la ejecución.¶

Como límite, debe precisarse que la posibilidad de contratar personal de apoyo a la supervisión, contemplada en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, no supone que dicho personal adquiera automáticamente la calidad de supervisor ni que pueda sustituir al servidor público responsable de esa función. De igual manera, el supervisor titular no puede transferir informalmente sus responsabilidades a otro servidor sin que exista una asignación jurídicamente válida. Por consiguiente, los mecanismos internos deben preservar la distinción entre el ejercicio de la supervisión por parte de la entidad estatal y las actividades de apoyo que puedan contratarse para facilitar su desarrollo, así como garantizar que las actuaciones realizadas durante la suplencia sean atribuibles a quien efectivamente las adelantó.¶

En síntesis, las entidades estatales pueden adoptar medidas internas para asegurar la continuidad de la supervisión contractual ante la ausencia temporal del servidor designado, siempre que estas se ajusten al marco normativo aplicable y permitan establecer de manera clara la competencia para efectuar la asignación, la idoneidad del servidor suplente, el alcance temporal y funcional de la designación, las responsabilidades correspondientes y la trazabilidad de las actuaciones. No obstante, dado que los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 no establecen un procedimiento único ni una regla de traslado automático de la supervisión por ausencia del titular, corresponde a cada entidad determinar el mecanismo procedente según su estructura, sus competencias y sus procedimientos internos.¶

Finalmente, debe advertirse que la determinación de la procedencia de un mecanismo específico de suplencia depende de las circunstancias del caso, de las competencias de los servidores involucrados y de las disposiciones internas aplicables. En consecuencia, esta Agencia, en ejercicio de su función consultiva, brinda orientaciones generales sobre la interpretación y aplicación de las normas del Sistema de Compra Pública, sin que le corresponda validar las actuaciones particulares de las entidades estatales, cuya adopción debe atender al principio de juridicidad y al marco de competencias que rige su gestión contractual.¶

Adicionalmente, debe precisarse que esta Agencia en el ejercicio de sus funciones, expidió la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado”, la cual constituye una herramienta pedagógica en la que se imparten lineamientos de buenas prácticas para el ejercicio de la supervisión e interventoría de los contratos estatales, que se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf ¶

Con sustento en lo anterior, es importante precisar que, la normativa colombiana, particularmente la Ley 80 de 1993, las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, establece que las entidades estatales son responsables de garantizar el cumplimiento de los contratos públicos, ejerciendo una vigilancia continua sobre su ejecución. Esta supervisión debe ser realizada por funcionarios públicos de la entidad, quienes pueden recibir apoyo de contratistas o personal especializado para tareas técnicas, pero siempre bajo su dirección y control.¶

4. Referencias normativas:

5. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:¶

Sobre la obligación de controlar y vigilar la ejecución de los contratos estatales, esta Subdirección se ha referido en los Conceptos radicado 4201913000004799 del 30 de agosto de 2019, 4201913000008240 del 20 de diciembre de 2019, C-064 del 28 de febrero de 2020, C-071 del 4 de marzo de 2020, C–077 del 18 de marzo de 2020, C–150 del 18 de marzo de 2020, C–134 del 30 de marzo de 2020, C–180 del 13 de abril de 2020, C-344 del 26 de mayo de 2020, C-414 del 30 de junio de 2021, C-506 de 3 de agosto de 2022, C-579 del 9 de septiembre de 2022, C-577 del 15 de septiembre de 2022, C-620 del 27 de septiembre de 2022, C-650 del 27 de septiembre de 2022, C-679 de 24 de octubre de 2022, C-818 del 28 de noviembre de 2022, C-830 de 28 de noviembre de 2022, C-800 de 29 de noviembre de 2022, C-930 de 30 de diciembre de 2022, C-932 de 30 de diciembre de 2022, C-975 de 8 de marzo de 2032, C-191 de 27 de abril de 2023, C-089 de 2024 de 17 de julio de 2024, C-255 de 14 de agosto de 2024,C-600 del 7 de octubre de 2024, C-972 de 22 de enero de 2025 y C-091 del 13 de febrero de 2025, entre otros. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos¶

Aprovechamos la oportunidad para manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones a través de nuestros diferentes canales de atención: ¶

• Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808¶
• Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788¶
• Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600¶
• Página web: www.colombiacompra.gov.co

Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional: ¶

Twitter: @colombiacompra

Facebook: ColombiaCompraEficiente

LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Instagram: @colombiacompraeficiente_cce¶

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.¶

Atentamente,

1. Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. ↑

2. Artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. ↑

3. Artículos 83 a 86 de la Ley 1474 de 2011. ↑¶

4. Consejo de Estado. Sección 3ª. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. M.P. Jaime Orlando Santofimio. Exp. 51.802. ↑¶

5. Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. ↑

6. A excepción de la interventoría del contrato de obra adjudicado por licitación pública que es obligatoria según el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. ↑¶

7. En las Gacetas Nos. 607 y 784 de 2010, en las páginas 12 y 24, respectivamente, se da cuenta de esto. ↑¶

8. Ver las Gacetas Nos. 1002 y 1117 de 2010, en las páginas 44 y 13, respectivamente. ↑¶

9. Ver la Gaceta No. 019 de 2011, en la página 17. ↑¶

10. Ver la Gaceta No. 128 de 2011, en la página 20. ↑¶

11. Ver la Gaceta No. 258 de 2011, en la página 16. ↑¶

12. Ver las Gacetas Nos. 1002 y 1117 de 2010. ↑¶

13. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicado No. 27426. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. ↑¶

14. Cita tomada del texto original: “Efectivamente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 prescribió: “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. // La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. // La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. // Por regla general, noa serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. // El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal”. ↑¶