LEY DE EMPRENDIMIENTO, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Texto del concepto

LEY DE EMPRENDIMIENTO – Ley 2069 de 2021 - Finalidad

El artículo 32 de la Ley 2069 de 2021 introduce el deber de las Entidades Estatales de incluir en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales exceptuadas de aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP, requisitos diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de mujeres. Esto, a título de medidas de acción afirmativa para incentivar la participación de emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

LEY DE EMPRENDIMIENTO – Ley 2069 de 2020 – Artículo 32 – Criterios diferenciales – Emprendimientos y empresas de mujeres – Decreto 1860 de 2021

El artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 establece las condiciones y requisitos en atención a los cuales se definen los emprendimientos y empresas de mujeres, a las que les aplican los criterios diferenciales. Para estos efectos, cada uno de los cuatro numerales de la norma establecen unas condiciones alternativas que definen los emprendimientos y empresas de mujeres, a efectos de aplicar los criterios diferenciales.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES – Definición – Empleos del nivel directivo.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, una persona jurídica podrá ser considerada como un emprendimiento o empresa de mujeres cuando más del 50 % de los empleos del nivel directivo hayan sido ejercidos por mujeres al menos durante el último año previo a la fecha de cierre del correspondiente proceso. Las personas jurídicas que acrediten estas condiciones podrán acceder a los requisitos habilitantes diferenciales y el puntaje adicional regulado por el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015.

Para estos efectos, el proponente debe presentar una certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal de la empresa en la que se señalen de manera detallada todas las personas que conforman los cargos en el nivel directivo, número de mujeres y el tiempo de vinculación, y en dicho documento, deberán ir los nombres de las personas, con sus respectivos números de identificación, así como los soportes mencionados en dicho artículo, entre los cuales se incluyen las copias de los documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con funciones y certificados de los aportes a la seguridad social del último año donde se reflejen los pagos por el empleador. Corresponderá a la entidad estatal contratante verificar la información consignada en los documentos mencionados a efectos de verificar que se cumplan todos los elementos del supuesto de hecho establecido en el inciso primero del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14, a efectos de verificar que, en efecto, el proponente se encuentre en las condiciones para ser considerado un emprendimiento o empresa de mujeres.

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2025

Señora

Daniela Pelaez Lopezpelaezdaniela2@hotmail.com;

Envigado, Antioquía.

Estimada señora Peláez:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – responde su solicitud de consulta de fecha 26 de agosto de 2025, en las cuales manifiesta lo siguiente:

“Pregunta 1: Se entiende que los soportes requeridos en el numeral 2, del artículo 2.2.1.2.4.2.14, del Decreto 1082 de 2015, que sean denominados “certificado ” , esto es, certificación laboral con las funciones, y certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, deben cumplir con el requisito del parágrafo, y ser expedidos bajo la gravedad de juramento?

Pregunta 2: De ser afirmativa la respuesta a la anterior, ¿Podría la entidad valer la presentación de la planilla de pago de aportes a la seguridad social, entendiendo que dicho documento no puede presentarse bajo la gravedad de juramento, o debe el interesado presentar una certificación de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador bajo la gravedad de juramento?”

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el (los) problema(s) jurídico(s) de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Cómo se acredita en un proceso de selección la calidad de emprendimiento de mujeres conforme el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015?

2. Respuesta:

3.Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

El artículo 32 de la Ley 2069 de 2021 introduce el deber de las Entidades Estatales de incluir en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales exceptuadas de aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP, requisitos diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de mujeres. Esto, a título de medidas de acción afirmativa para incentivar la participación de emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

El artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 establece las condiciones y requisitos en atención a los cuales se definen los emprendimientos y empresas de mujeres, a las que les aplican los criterios diferenciales. Para estos efectos, cada uno de los cuatro numerales de la norma establecen unas condiciones alternativas que definen los emprendimientos y empresas de mujeres, a efectos de aplicar los criterios diferenciales, en los siguientes términos:

“Artículo 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.

Parágrafo. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección” [Énfasis fuera de texto].

De acuerdo con el numeral 2 del citado decreto, una persona jurídica podrá ser considerada como un emprendimiento o empresa de mujeres cuando más del 50 % de los empleos del nivel directivo sean ejercidos por mujeres. Por lo que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta únicamente a los empleos del nivel directivo que son aquellos relacionados con la dirección de áreas misionales y las decisiones de nivel estratégico de la respectiva empresa. De esta manera, los cargos directivos deben identificarse de acuerdo con la definición que para el efecto estableció el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021. En ese sentido, independientemente de la denominación del cargo, su naturaleza será directiva bien porque se encuentra en un nivel especial de mando o, porque de acuerdo con su jerarquía, representan al empleador en los términos del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo^[1].

En segundo lugar, no aplica tal condición o beneficio, si se acredita respecto de personas vinculadas mediante figuras jurídicas diferentes a un contrato de trabajo, como es el caso de los contratos de prestación de servicios. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la disposición en estudio indica que la vinculación de las mujeres en los cargos directivos de la persona jurídica debe ser de índole laboral, al establecer de forma expresa: “[…] hayan estado vinculadas laboralmente […]”.

En tercer lugar, no basta con que los cargos directivos en una sociedad sean mayoritariamente ocupados por mujeres para que sea considerada como una empresa o emprendimiento a los que se refiere la norma, sino que es necesario que las mujeres se hayan mantenido vinculadas en los empleos del nivel directivo de la empresa (ya sea en el mismo cargo o en otro del mismo nivel) como mínimo durante el periodo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. De esta manera, el criterio establecido en la norma para definir los emprendimientos y empresas de mujeres deja por fuera de dicha categoría a aquellas sociedades que, a pesar de contar con la participación mayoritaria de mujeres en el nivel directivo, no cuenten con el requerimiento del tiempo mínimo de permanencia de un año.

Como medio para la acreditación de las condiciones en comento, la disposición en cita establece una certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal en la que consten todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. Dicho documento además debe relacionar los nombres completos de las personas que integran el nivel directivo y los números de documentos de identidad de cada uno de ellos. Adicionalmente, la norma dispone que la mencionada certificación debe presentarse acompañada de copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. Frente a este punto, es importante resaltar que si bien la norma exige que se relacionen todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación, lo cierto es que una interpretación sistemática del numeral 2 permite concluir que el tiempo mínimo de vinculación de un (1) año solo se predica respecto a las mujeres que ocupan los cargos del nivel directivo, pues es frente a ellas que se establece la medida de acción afirmativa.

Sin perjuicio de lo anterior, la sola presentación de la certificación con las copias de los documentos de identidad, de los contratos laborales y los certificados de aportes a seguridad social no confiere automáticamente el acceso a los criterios diferenciales. Esto por cuanto es deber de la entidad verificar que los documentos presentados acrediten las condiciones descritas en el primer y segundo inciso del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

En ese sentido, para aplicar la mencionada disposición la entidad debe comprobar que el número de mujeres vinculadas equivale a un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo, lo que se puede verificar con la información incluida en la certificación. Así mismo, deberá establecerse si en efecto tal porcentaje de empleos en cabeza de mujeres se ha mantenido durante al menos el periodo de un año anterior contado hasta la fecha de cierre, para lo cual son útiles la certificación laboral, el contrato de trabajo y los certificados de aportes a seguridad social. También deberá establecerse si los empleos que ocupan las personas relacionadas en la certificación efectivamente son del nivel directivo, y para ello deberá analizarse si las funciones descritas en el contrato o certificación laboral aportada se subsumen en la noción establecida en el segundo inciso del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Otro de los componentes del supuesto de hecho del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 que debe ser materia de verificación, de cara al acceso a los requisitos habilitantes diferenciales y el puntaje adicional regulados en el 2.2.1.2.4.2.15, es la temporalidad de las vinculaciones. Esto comoquiera que, el numeral 2 del 2.2.1.2.4.2.14 exige que la mayoría de las mujeres vinculadas laboralmente en los cargos del nivel directivo se haya mantenido como mínimo durante el último año anterior a la fecha de cierre del periodo para recibir ofertas en el correspondiente proceso. Al respecto, resultan relevantes las fechas entre las que se extienden las relaciones laborales indicadas en los certificados o contratos de trabajo que se aporten como soporte, así como las constancias de pago de las cotizaciones obligatorias al sistema general de seguridad social integral, de conformidad con la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, respecto del pago de la seguridad social, de conformidad con los artículos 17, 18, 22, 161, y 204 de la Ley 100 de 1993, el pago de las cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social es una obligación de los empleadores que debe cumplirse a lo largo de toda la relación laboral. En ese sentido, la información que se reporta en el certificado de aportes a seguridad social al que se refiere el cuarto inciso del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14, resulta útil a efectos de que la entidad verifique la veracidad de la información incluida en la certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal de conformidad con el tercer inciso del numeral 2 del referido artículo reglamentario.

En el caso de los trabajadores dependientes en Colombia, los aportes al sistema de salud se pagan mes vencido, al igual que los de pensión y riesgos laborales. Es decir, el empleador realiza el pago en el mes siguiente, con base en el salario devengado por el trabajador durante el mes anterior.

Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” sustituido por el Decreto 1990 de 2016, se establecen los plazos para el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar. Esta disposición unifica los plazos tanto para empleadores como para trabajadores independientes, y adopta como criterio de referencia los dos últimos dígitos del documento de identificación del aportante. En ese sentido, cuando el aportante es una persona jurídica, se toman los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT), excluyendo el dígito de verificación. Por su parte, si se trata de una persona natural, se consideran los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía. Este mecanismo permite establecer un calendario de vencimientos escalonado y previsible, que facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia de seguridad social.

En este punto es necesario acotar que, si bien el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral es una obligación periódica que el empleador debe satisfacer, por lo general, de manera mensual, a lo largo de toda la relación laboral, su cumplimiento tardío no desvirtúa la relación laboral en sí misma, sin perjuicio de las consecuencias que se generen en materia de sanciones moratorias, acciones de cobro y afiliación al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículos 23, 24, 209 y 210 de la Ley 100 de 1993. Esta distinción se torna relevante para efectos de la cuestión materia de consulta, ya que el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 establece como criterio definitorio la mayoría de mujeres vinculadas laboralmente a cargos del nivel directivo durante el año precede a la fecha de cierre, estableciendo como soporte de la certificación exigida, la constancia de los pagos de los aportes realizados durante el último año, con el fin de que esta información sirva para verificar la información relevante a las relaciones laborales de las mujeres vinculadas a los cargos del nivel directivo.

En este sentido, corresponde a las entidades estatales contratantes determinar, en cada caso específico, si se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, verificando además que la acreditación de dicho cumplimiento se ajuste al marco jurídico aplicable. Para ello, será la Entidad Estatal la encargada de realizar un análisis de cada una de las certificaciones presentadas, con el fin de determinar si la participación de mujeres cumple con los requisitos establecidos en los documentos del proceso a efectos de aplicar criterios diferenciales en los requisitos habilitantes del proceso, de igual forma, está sujeto a la posibilidad de subsanar la ausencia de requisitos, siempre que se cumpla con los límites temporales y materiales establecidos al respecto.

Así pues, de acuerdo con la revisión del numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 es posible advertir que para este numeral fueron expresamente establecidos los documentos que sirven como medio para su acreditación. De este modo dichos documentos constituyen una tarifa legal probatoria para demostrar que los proponentes son emprendimientos o empresas de mujeres y que, por lo tanto, tienen derecho a la aplicación de los criterios diferenciales reglamentados por el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, en desarrollo del artículo 32 de la Ley 2069 de 2020.

Finalmente debe destacarse que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, por vía consultiva no puede definir un criterio universal y absoluto, sino que brinda elementos hermenéuticos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad.

4. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

1. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado, en términos generales, sobre el contenido de la Ley de Emprendimiento en diferentes conceptos, refiriéndose, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 32 de dicha ley, alusivo a los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, en los conceptos, C-029 de 21 de febrero de 2021, C-037 del 26 de febrero de 2021, C-141 del 8 de abril de 2021, C-114 del 13 de abril de 2015, C-031 del 1 de marzo de 2022, C-476 del 21 de junio de 2022, C-429 del 18 de julio de 2022, C-438 del 11 de julio de 2022, C- 454 del 13 de julio de 2022, C-476 del 21 de junio de 2022, C-479 del 26 de julio de 2022, C-504 del 8 de agosto de 2022, C-522 del 16 de agosto de 2022, C-533 de 25 de agosto de 2022, C-587 del 21 de septiembre de 2022, C-715 del 4 de noviembre de 2022, C-781 del 25 de noviembre de 2022, C-152 del 28 de septiembre de 2023 , C-152 del 01 de junio de 2025, C -156 del 23 de agosto de 2024 , C- 391 del 2 de septiembre de 2024, C-533 del 7 de octubre de 2024, 591 del 24 de octubre de 2024 y 594 del 24 de octubre de 2024, C-401 del 9 de noviembre de 2024 y C-396 del 20 de mayo de 2025, C-232 del 01 de abril de 2025 . Estos y otros se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual puede accederse a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.

Te informamos que ya se encuentra disponible la Guía de lineamientos de transparencia y selección objetiva para el departamento de La Guajira – Objetivo sexto constitucional de la Sentencia T-302 del 2017. Esta Guía se expedide en el marco del cumplimiento de la orden proferida por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del 2017. Con su implementación se busca contribuir a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la situación de vulneración masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los niños y de las niñas del Pueblo Wayúu. Puede consultar la guía en el siguiente enlace: Guía de lineamientos de transparencia y selección objetiva para el departamento de La Guajira – Objetivo sexto constitucional de la Sentencia T-302 del 2017"

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Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

1. Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, Código Sustantivo del Trabajo: «Son representantes del {empleador} y como tales lo obligan frente a sus trabajadores además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas:

   » a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del {empleador};

   » b) Los intermediarios». ↑