ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO, ANTICIPO, DOCUMENTOS TIPO, SUBCONTRATACIÓN, COMPETENCIA CONSULTIVA

Texto del concepto

ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO ‒ Distinción ‒ Naturaleza de los recursos ‒ Consecuencias jurídicas

Ambas figuras están previstas en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y comparten el límite del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, pero su naturaleza difiere. El anticipo es un adelanto de recursos destinado a financiar la ejecución, que conserva su carácter público, debe destinarse exclusivamente al objeto contratado y se amortiza con los pagos sucesivos. El pago anticipado, en cambio, constituye una parte de la contraprestación que ingresa al patrimonio del contratista y no se amortiza. De esa diferencia se derivan regímenes distintos de garantías, administración, destinación, rendimientos y seguimiento.

ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO ‒ Límite del cincuenta por ciento (50%) ‒ Techo máximo ‒ Deber de justificación

El porcentaje previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 es un techo máximo y no una regla que habilite pactarlo automáticamente. En virtud del deber de planeación, la entidad debe establecer en los estudios y documentos previos la necesidad, conveniencia, razonabilidad y proporcionalidad del porcentaje que pacte, con fundamento en un análisis de los costos iniciales que la ejecución demanda. La circunstancia de que el porcentaje se encuentre dentro del límite legal no exonera de esa justificación.

ANTICIPO ‒ Manejo de los recursos ‒ Fiducia o patrimonio autónomo irrevocable ‒ Garantías ‒ Amortización y supervisión

Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública, salvo los de menor o mínima cuantía, el contratista debe constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. A ello se suman la garantía de buen manejo y correcta inversión, el plan de inversión aprobado por el supervisor o interventor, la amortización proporcional en cada pago y el seguimiento previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

DOCUMENTOS TIPO ‒ Obligatoriedad ‒ Inalterabilidad ‒ Aspectos adaptables ‒ Consecuencias de su inobservancia

Conforme al parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En virtud del principio de inalterabilidad, las entidades deben adelantar el proceso bajo las condiciones allí establecidas, sin variar los requisitos habilitantes ni los factores de escogencia, y solo pueden precisar los contenidos que el propio documento deja a su diligenciamiento.

DOCUMENTOS TIPO ‒ Sectores adoptados ‒ Servicio de transporte escolar ‒ Estructuración conforme a las reglas generales

Los documentos tipo adoptados por la Agencia corresponden a los sectores de obra pública de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, infraestructura social y catastro con enfoque multipropósito. No se han adoptado documentos tipo para la contratación del servicio de transporte escolar, de modo que la entidad debe estructurar el pliego de condiciones conforme a las reglas generales del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y del Decreto 1082 de 2015.

SUBCONTRATACIÓN ‒ Procedencia ‒ Límites ‒ Distinción frente a la cesión ‒ Condiciones que determinaron la selección

La subcontratación no está prohibida con carácter general y no genera vínculo entre la entidad y el subcontratista, pues el contratista conserva la responsabilidad integral por la ejecución. Sin embargo, encuentra dos límites: no puede equivaler materialmente a una cesión del contrato, que exige autorización previa y escrita conforme al inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, ni puede desplazar la ejecución de las actividades principales hacia un tercero que no acreditó las condiciones de experiencia y capacidad que determinaron la selección, pues ello desconocería el deber de selección objetiva.

COMPETENCIA CONSULTIVA ‒ Interpretación de normas generales ‒ Régimen del servicio público de transporte ‒ Traslado

La competencia consultiva de la Agencia se circunscribe a la interpretación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública, sin extenderse a la valoración de procesos de contratación determinados ni al régimen del servicio público de transporte. Lo relativo a la habilitación de empresas y a la vinculación de vehículos para la prestación del servicio de transporte especial escolar, así como a la autoridad competente para verificarla, corresponde al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte.

En ejercicio de la función de absolver consultas sobre normas de carácter general, la Agencia interpreta el reglamento vigente, pero no puede inaplicarlo, exceptuarlo ni sustituir sus reglas por criterios distintos con fundamento en consideraciones de razonabilidad o proporcionalidad, pues ello desconocería el principio de legalidad. El control de legalidad de los decretos reglamentarios corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2026

Señor

Cristian David Valbuena Olmos

cristianvalbuena2019@gmail.com

Bogotá D.C.

Estimado señor Valbuena:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta del 11 de septiembre de 2026, en la cual manifiesta lo siguiente:

“[…] respetuosamente me permito formular ante la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente una serie de consultas relacionadas con aspectos de estructuración, selección y ejecución de contratos estatales, tomando como referencia el proceso de Licitación Pública No. LP-LPS-004-2026, adelantado por el Municipio de Los Palmitos, Sucre. […]

PRIMERO a NOVENO: sobre la diferencia entre anticipo y pago anticipado, la posibilidad de pactar hasta el 50% por el solo hecho de estar dentro del límite legal, la necesidad de un análisis en la etapa de planeación, los documentos en que debe soportarse, la suficiencia de una enunciación genérica de rubros, la existencia de metodologías o guías, los riesgos de un desembolso del 50% en contratos de ejecución sucesiva y los mecanismos de control, administración, amortización y vigilancia. […]

DÉCIMO a DÉCIMO SEXTO: sobre los documentos tipo aplicables al transporte escolar, la posibilidad de elaborar un pliego distinto, los elementos que pueden modificarse o adaptarse, la modificación de requisitos habilitantes y factores de evaluación, la justificación de las modificaciones, sus consecuencias y los mecanismos de consulta. […]

DÉCIMO SÉPTIMO a TRIGÉSIMO CUARTO: sobre la posibilidad de subcontratar la ejecución del objeto principal, la distinción con las actividades accesorias, la ejecución material del transporte por un tercero, los documentos que deben revisarse, la habilitación del tercero, la relevancia de la experiencia acreditada y las condiciones de los vehículos. […]

TRIGÉSIMO SEXTO a CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: sobre los aspectos que deben analizarse y soportarse en la planeación de un proceso de transporte escolar, los mecanismos de control durante la ejecución, la justificación del porcentaje de anticipo y la remisión de los documentos, guías y conceptos expedidos por la Agencia sobre las materias consultadas.”

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas al Estatuto General de Contratación Pública o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Bajo qué condiciones y con qué justificación puede una entidad estatal pactar anticipo o pago anticipado y cómo deben administrarse y controlarse esos recursos, qué margen conserva frente a los documentos tipo aplicables y hasta dónde puede el contratista trasladar a un tercero la ejecución del objeto, aun cuando el porcentaje pactado se encuentre dentro del límite legal y la subcontratación no esté prohibida? Para resolverlo se seguirá el orden de los bloques temáticos en que se agrupan los interrogantes formulados.

2. Respuesta:

3. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

(i) Para resolver el problema jurídico planteado es necesario delimitar, en primer lugar, el alcance de este pronunciamiento. La competencia consultiva de esta Agencia, prevista en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, se circunscribe a la interpretación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. Por ello, aunque su consulta toma como referencia un proceso determinado, las consideraciones que siguen se formulan en abstracto y no constituyen juicio alguno sobre la legalidad de ese procedimiento ni sobre la actuación de la entidad territorial que lo adelanta, cuya revisión compete a los organismos de control y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Del mismo modo, los interrogantes que versan sobre la habilitación de empresas de transporte, la vinculación de vehículos al servicio de transporte especial escolar y la autoridad competente para verificarla pertenecen al régimen del servicio público de transporte, materia ajena a esta competencia, respecto de la cual se dará traslado a las autoridades del sector conforme al artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(ii) Sentado lo anterior, corresponde examinar el primer bloque de interrogantes, relativo al anticipo y al pago anticipado. Ambas figuras encuentran fundamento en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”^[1]. La norma no las define ni las distingue, labor que ha correspondido a la jurisprudencia y a la doctrina, y de la cual se desprende una diferencia sustancial: mientras el anticipo constituye un adelanto de recursos dirigido a financiar el inicio de la ejecución, que no retribuye prestación alguna y cuyos dineros conservan su naturaleza pública hasta su amortización, el pago anticipado corresponde a una porción de la contraprestación pactada que se paga por adelantado y que, por tanto, ingresa al patrimonio del contratista desde su desembolso.

De esa distinción se derivan consecuencias prácticas que responden directamente a su noveno interrogante. En cuanto a la destinación, los recursos del anticipo deben aplicarse exclusivamente a la ejecución del contrato, conforme a un plan de inversión que apruebe y verifique quien ejerce la vigilancia, mientras que el pago anticipado no está sujeto a esa afectación. En cuanto a la administración, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 dispone que “En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía”^[2]; regla desarrollada por el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. En cuanto a las garantías, el anticipo se ampara con la de buen manejo y correcta inversión, y el pago anticipado con la de su devolución. Y en cuanto al seguimiento, el anticipo se amortiza proporcionalmente en los pagos sucesivos y sus rendimientos siguen la suerte de los recursos, lo que no ocurre con el pago anticipado.

(iii) El segundo interrogante, y con él los relativos a la justificación del porcentaje, se responde advirtiendo que el límite del cincuenta por ciento (50%) opera como techo máximo y no como autorización automática. La norma fija una frontera que la entidad no puede sobrepasar, pero no la exime de justificar la decisión de pactar el adelanto ni la cuantía escogida. Ello se desprende del deber de planeación, que los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 concretan al exigir la elaboración previa de los estudios, diseños y proyectos requeridos y el análisis de la conveniencia y oportunidad del contrato; y del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que impone consignar en los estudios y documentos previos el valor estimado del contrato y su justificación, así como el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. A ello se suma que el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del mismo decreto exige que los pliegos de condiciones indiquen “la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar”^[3].

De ahí que, respondiendo el tercero, el cuarto y el quinto de sus interrogantes, sí resulte necesario un análisis en la etapa de planeación que explique por qué la ejecución requiere recursos antes de la prestación efectiva del servicio y en qué cuantía; análisis que debe quedar soportado, según la naturaleza del objeto, en los estudios y documentos previos, en el análisis del sector de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en los análisis económicos, financieros y de costos que lo respalden y en la matriz de riesgos. En consecuencia, la sola afirmación de que el objeto demanda recursos iniciales para cubrir determinados rubros, sin un ejercicio que permita establecer su magnitud, resulta insuficiente como motivación: lo que la planeación exige no es enunciar los conceptos de gasto, sino cuantificarlos y correlacionarlos con el porcentaje que se pacta. Esta exigencia se acentúa en los contratos de ejecución sucesiva, como el de transporte escolar, en los que la prestación se desarrolla de manera periódica y el flujo de recursos se atiende ordinariamente mediante pagos parciales contra el servicio efectivamente prestado y recibido.

(iv) En cuanto a los riesgos y a los mecanismos de control, un desembolso elevado traslada a la entidad una porción significativa del riesgo de la operación: expone los recursos a desviación o pérdida, dificulta su amortización cuando el contrato termina anticipadamente, puede implicar que la entidad financie la operación ordinaria del contratista y reduce el incentivo al cumplimiento, además de comprometer la gestión fiscal. Para conjurarlos, la entidad debe prever, según corresponda, la constitución de la fiducia o del patrimonio autónomo irrevocable en los casos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la aprobación y verificación de un plan de inversión del anticipo, el manejo separado de los recursos y de sus rendimientos, la amortización proporcional en cada pago, la exigencia de las garantías correspondientes y el seguimiento a través del supervisor o interventor, quienes cuentan para ello con las facultades de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011^[4].

(v) El segundo bloque de interrogantes se refiere a los documentos tipo. Conforme al parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1882 de 2018 y modificado por la Ley 2022 de 2020, esta Agencia adopta documentos tipo que son de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en ellos se establecen los requisitos habilitantes, los factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia^[5]. Esa obligatoriedad implica que, cuando exista un documento tipo para el objeto a contratar, la entidad debe adelantar el proceso bajo las condiciones allí establecidas, sin que pueda elaborar libremente un pliego distinto ni variar los requisitos fijados en ellos. Es lo que se conoce como principio de inalterabilidad, en virtud del cual las entidades deben abstenerse de realizar modificaciones que no estén autorizadas.

Ahora bien, la inalterabilidad no significa rigidez absoluta. Los propios documentos tipo prevén espacios que la entidad debe diligenciar —los contenidos señalados entre corchetes y resaltados— en los cuales precisa los aspectos propios de su necesidad, su región y la naturaleza y especialidad de la contratación, de conformidad con los criterios que la misma Ley 2022 de 2020 ordena considerar. La distinción, entonces, es clara: lo que el documento deja al diligenciamiento de la entidad puede y debe ser precisado por ella, justificándolo en los estudios y documentos previos; lo que el documento fija de manera uniforme —señaladamente los requisitos habilitantes y los factores de escogencia— no puede modificarse, complementarse ni adaptarse autónomamente. De apartarse de ellos sin habilitación normativa, el pliego queda viciado y con él los actos que en él se fundan, lo que puede dar lugar a su cuestionamiento en sede judicial y comprometer la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los intervinientes.

Respecto de los documentos tipo aplicables al transporte escolar, debe precisarse que los adoptados hasta la fecha corresponden a los sectores de obra pública de infraestructura de transporte —licitación, selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía, interventoría y consultoría de estudios—, agua potable y saneamiento básico, infraestructura social y catastro con enfoque multipropósito. No se han adoptado documentos tipo para la contratación del servicio de transporte escolar, que no corresponde a un contrato de obra sino a la prestación de un servicio. En consecuencia, para ese objeto la entidad debe estructurar el pliego de condiciones conforme a las reglas generales de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, sin perjuicio de que las buenas prácticas recogidas en los documentos tipo puedan servirle de referencia. Los documentos vigentes y sus versiones pueden consultarse en el sitio web de la Agencia, donde se identifican el acto de adopción y la fecha desde la cual rige cada versión.

(vi) El tercer bloque de interrogantes versa sobre la subcontratación. Debe partirse de que el ordenamiento no la prohíbe con carácter general: el contratista puede acudir a terceros para el desarrollo de actividades necesarias para cumplir su objeto, sin que ello genere vínculo jurídico entre la entidad y el subcontratista, ni traslade a este las obligaciones contractuales, pues aquel conserva la responsabilidad integral por la ejecución y responde por los hechos de quienes emplea. Cuestión distinta es que esa facultad sea ilimitada, y sobre este punto conviene distinguir dos hipótesis. Una cosa es subcontratar actividades accesorias o instrumentales, que sirven de apoyo al cumplimiento del objeto; y otra, muy diferente, trasladar a un tercero la ejecución material de la actividad que constituye el objeto principal del contrato.^[6]

Esta segunda hipótesis encuentra dos límites. El primero es la prohibición de eludir el régimen de la cesión: conforme al inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son intuitu personae y no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante^[7], de manera que cuando lo que se traslada es la totalidad o la parte sustancial del objeto, el negocio equivale materialmente a una cesión y queda sujeto a ese requisito, con independencia de la denominación que las partes le den. El segundo es la preservación del deber de selección objetiva: si la entidad exigió y evaluó experiencia específica, capacidad técnica, operativa o de infraestructura, y adjudicó con fundamento en esas condiciones, permitir que la ejecución material de las actividades principales la realice un tercero que no las acreditó desnaturaliza la selección y hace ineficaz la verificación adelantada. De ahí que sí resulte jurídicamente relevante determinar quién ejecutará materialmente las actividades que sirvieron para acreditar la experiencia.

Para establecer, en un caso concreto, si la subcontratación es procedente y en qué términos, deben revisarse de manera conjunta el pliego de condiciones, la oferta presentada, el contrato y sus obligaciones específicas, los requisitos habilitantes y los factores evaluados durante la selección, así como las normas especiales que regulan la actividad de que se trate. Cuando el contrato o el pliego guarden silencio, la entidad conserva el deber de verificar que la ejecución se desarrolle en las condiciones ofrecidas y evaluadas, y el supervisor o interventor debe constatar, durante la ejecución, que la intervención de terceros no desplace por completo el cumplimiento del objeto hacia un sujeto distinto del seleccionado. Si la entidad advierte que ello ocurre, debe adoptar las medidas contractuales que correspondan. Se reitera que lo relativo a la habilitación del tercero para prestar el servicio de transporte especial escolar, a la vinculación de los vehículos y a la autoridad competente para verificarla corresponde al régimen del servicio público de transporte.

(vii) Finalmente, en cuanto a la planeación de un proceso de esta naturaleza y a la remisión de documentos, los estudios y documentos previos deben dar cuenta, con el nivel de detalle que el objeto demande, de los elementos que determinan la necesidad y el valor del contrato: la población a atender, las rutas, el número, tipo y capacidad de los vehículos, el personal requerido, los costos de operación, las condiciones de seguridad y comodidad y, cuando se contemple, la necesidad de recursos iniciales y el porcentaje de anticipo o pago anticipado con su respectiva justificación. Esa correlación entre el valor del contrato y las variables reales de la prestación es precisamente lo que permite verificar que el precio corresponde a las condiciones del mercado y a la necesidad de la entidad, y lo que hace posible, durante la ejecución, comprobar que los pagos correspondan al servicio efectivamente prestado y recibido. Los documentos, guías, manuales, circulares y conceptos expedidos por esta Agencia sobre las materias consultadas se encuentran publicados en su sitio web y en el Sistema de relatoría, cuyo enlace se indica en el acápite de doctrina de este concepto, donde pueden consultarse por materia y por número. En particular, y respondiendo los dos últimos interrogantes, en dicho acápite se relacionan los conceptos en los que esta Subdirección se ha pronunciado sobre la subcontratación en los contratos estatales, sus características y límites —entre ellos la imposibilidad de subcontratar la ejecución total del contrato principal— y sobre la improcedencia de la cesión como mecanismo para eludir los parámetros de la selección objetiva, con indicación de su número y año para su consulta.

Finalmente, debe advertirse que el análisis requerido para resolver situaciones concretas relacionadas con la contratación de las entidades estatales corresponde a quienes tengan interés en ello, de modo que las afirmaciones aquí realizadas no pueden interpretarse como juicios de valor sobre circunstancias particulares. Al tratarse de decisiones que deben adoptarse en cada procedimiento contractual, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad.

4. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

5. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

Esta Subdirección se ha pronunciado sobre el anticipo y el pago anticipado y sobre la constitución de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo del anticipo en los Conceptos C-1776 de 2025, C-726 de 2025 y C-666 de 2026; sobre la facultad de estandarización y la obligatoriedad de los documentos tipo, en el Concepto C-602 de 2026; sobre la subcontratación en los contratos estatales, sus características y límites, en los Conceptos C-286 de 2024, C-911 de 2024, C-993 de 2024, C-794 de 2025 y C-090 de 2026; y sobre la cesión del contrato estatal y su improcedencia como mecanismo para eludir los parámetros de la selección objetiva, en el Concepto C-638 de 2025. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos

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Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

1. Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso primero. ↑

2. Ley 1474 de 2011, artículo 91. La norma agrega que “El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista”. ↑

3. Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.3, numeral 7, en la redacción que le dio el artículo 8 del Decreto 0997 de 2026: “El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar”. Conforme al artículo 14 del mismo decreto, el artículo 8 entró en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. ↑

4. Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84, sobre la supervisión e interventoría de los contratos estatales y las facultades de quienes las ejercen. ↑

5. Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo 7, adicionado por el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y modificado por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020: “La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública”. ↑

6. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Concepto C-911 de 2024, en el que se señalan como características esenciales de la subcontratación: “i) es un contrato eventual, ii) es un contrato accesorio, pues asegura el cumplimiento de otro contrato –principal–, iii) la relación jurídica que surge entre el contratista del Estado y el tercero es independiente y autónoma de la entidad contratante, iv) la sustitución es parcial, lo que significa que no podrán subcontratar la ejecución total del contrato principal y v) la sustitución es material y no jurídica; por lo tanto, no relevará al contratista del Estado de las responsabilidades emanadas del contrato principal”. En el mismo sentido, los Conceptos C-286 de 2024 y C-090 de 2026. ↑

7. Ley 80 de 1993, artículo 41, inciso tercero: “Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante”. ↑