El concepto C-1307 de 2025 de Colombia Compra Eficiente explica el contrato de prestación de servicios como un contrato estatal típico (art. 32.3 de la Ley 80 de 1993). Señala que solo procede con personas naturales cuando no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados; además, precisa que no genera relación laboral ni prestaciones sociales, y debe celebrarse por el término estrictamente indispensable mediante contratación directa. Como tipologías, identifica los servicios profesionales, de apoyo a la gestión y artísticos (estos últimos a determinadas personas naturales), diferenciándolos por su contenido intelectual y la formación profesional exigida. También aborda que los requisitos habilitantes del artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007 son enunciativos y no taxativos. Finalmente, indica que, antes de suscribir el contrato, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP conforme al Decreto 1083 de 2015 (art. 2.2.17.10), incluyendo la información académica y la carga de soportes, como requisito previo para la vinculación contractual o posesión, con base en la Ley 190 de 1995 y criterios del Departamento Administrativo de la Función Pública.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Régimen jurídico – Tipologías
El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico regulado en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993. Es definido como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. La celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa.
[…]
Como especies del género contrato de prestación de servicios se incluyen los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y los contratos de prestación de servicios artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. La diferencia entre el contrato de prestación de servicios profesionales con las otras dos especies del género en el cual se ubican, radica en su contenido intelectual intangible y, al mismo tiempo, en la formación profesional que se exige para desempeñar la labor.
REQUISITOS HABILITANTES – Noción
Los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007 son de carácter enunciativos y no taxativos. Esta interpretación legal se resume en los siguientes argumentos: Esta norma no contiene una expresión como “únicamente” o “solo”, al referirse a los requisitos habilitantes y, además, debido a que la lectura integral de las normas que regulan la contratación estatal permite concluir que existen otras condiciones que deben cumplirse para la contratación con una entidad pública, como pasa, por ejemplo, con la capacidad residual a la que se refiere el artículo 6º, parágrafo 1, de la Ley 1150 de 2007.
Además, la intención del legislador, de la cual dan cuenta los antecedentes legislativos de la norma sub examine, también justifica la interpretación propuesta por esta Agencia, ya que fue hasta el cuarto debate legislativo en donde se incluyó parágrafo 2 del mismo artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, lo que deja ver la necesidad que tenía el Congreso de aclarar que unos documentos no podrían ser tenidos como requisitos habilitantes, lo que asimismo evidencia el reconocimiento tácito de la existencia de otros requisitos habilitantes, distintos a los cuatro que establece el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007.
SIGEP – Formato hoja de vida – Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10
El Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.17.10, establece que antes de suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) incluyendo el registro detallado de la formación académica, como el título de bachiller, y la carga de los soportes correspondientes. Esta obligación se encuentra respaldada en la Ley 190 de 1995, que en su artículo 1 establece la obligatoriedad de presentar el Formato Único de Hoja de Vida para quienes aspiren a ocupar un cargo público o suscribir un contrato con la administración, así como en los conceptos 102951 de 2021 y 59331 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales aclaran que el diligenciamiento de este formato es un requisito previo indispensable para la vinculación contractual o posesión en un cargo público. Asimismo, los instructivos oficiales del SIGEP detallan el procedimiento para la actualización de la hoja de vida y la carga de documentos que soportan la información registrada, lo que garantiza la transparencia y veracidad de los datos suministrados.
Texto del concepto
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ─ Régimen jurídico – Tipologías
El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico regulado en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993. Es definido como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. La celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa.
[…]
Como especies del género contrato de prestación de servicios se incluyen los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y los contratos de prestación de servicios artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. La diferencia entre el contrato de prestación de servicios profesionales con las otras dos especies del género en el cual se ubican, radica en su contenido intelectual intangible y, al mismo tiempo, en la formación profesional que se exige para desempeñar la labor.
REQUISITOS HABILITANTES – Noción
Los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007 son de carácter enunciativos y no taxativos. Esta interpretación legal se resume en los siguientes argumentos: Esta norma no contiene una expresión como “únicamente” o “solo”, al referirse a los requisitos habilitantes y, además, debido a que la lectura integral de las normas que regulan la contratación estatal permite concluir que existen otras condiciones que deben cumplirse para la contratación con una entidad pública, como pasa, por ejemplo, con la capacidad residual a la que se refiere el artículo 6º, parágrafo 1, de la Ley 1150 de 2007.
Además, la intención del legislador, de la cual dan cuenta los antecedentes legislativos de la norma sub examine, también justifica la interpretación propuesta por esta Agencia, ya que fue hasta el cuarto debate legislativo en donde se incluyó parágrafo 2 del mismo artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, lo que deja ver la necesidad que tenía el Congreso de aclarar que unos documentos no podrían ser tenidos como requisitos habilitantes, lo que asimismo evidencia el reconocimiento tácito de la existencia de otros requisitos habilitantes, distintos a los cuatro que establece el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007.
SIGEP – Formato hoja de vida – Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10
El Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.17.10, establece que antes de suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) incluyendo el registro detallado de la formación académica, como el título de bachiller, y la carga de los soportes correspondientes. Esta obligación se encuentra respaldada en la Ley 190 de 1995, que en su artículo 1 establece la obligatoriedad de presentar el Formato Único de Hoja de Vida para quienes aspiren a ocupar un cargo público o suscribir un contrato con la administración, así como en los conceptos 102951 de 2021 y 59331 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales aclaran que el diligenciamiento de este formato es un requisito previo indispensable para la vinculación contractual o posesión en un cargo público. Asimismo, los instructivos oficiales del SIGEP detallan el procedimiento para la actualización de la hoja de vida y la carga de documentos que soportan la información registrada, lo que garantiza la transparencia y veracidad de los datos suministrados.
Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025
Señora
Diana Milena Salas Leal
Asesora Jurídica
Universidad de los Llanos
contratacioncps@unillanos.edu.co
Ciudad
Concepto C- 1307 de 2025 | |
Temas: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ─ Régimen jurídico - Tipologías / REQUISITOS HABILITANTES – Noción / SIGEP – Formato hoja de vida – Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10 |
Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1_2025_09_11_009982 |
Estimada señora Salas:
En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido por la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta remitida por competencia por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 11 de septiembre de 2025, en la cual manifiesta lo siguiente:
“(…) ¿Resulta obligatorio para las entidades públicas exigir como requisito para la vinculación mediante contrato de prestación de servicios la presentación del título de educación básica y media, aun cuando el aspirante haya aportado diplomas de formación profesional en niveles superiores (pregrado y posgrado), en cumplimiento de las directrices del sistema SIGEP II y la normativa aplicable de la Función Pública?”
De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.
Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el (los) problema(s) jurídico(s) de su consulta.
- Problema planteado:
De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Acreditar el título de bachiller es requisito para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión?
Respuesta:
El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales tienen la facultad de definir los requisitos habilitantes para la contratación, de acuerdo con las características y la naturaleza del contrato, para lo cual el futuro contratista debe acreditar los requisitos de idoneidad o experiencia que le permitan cumplir con el objeto y obligaciones contractuales. En este sentido, las entidades pueden exigir títulos de formación académica, como el de bachiller o incluso un título profesional, cuando sea necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del contrato, especialmente en aquellos contratos de prestación de servicios profesionales que demandan actividades especializadas. Así, la exigencia de un título académico debe estar justificada por las necesidades específicas del servicio a contratar, lo que otorga a las entidades la discrecionalidad de determinar los requisitos de acuerdo con el tipo de contratación. Ahora bien, el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.17.10, establece que antes de suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) incluyendo el registro detallado de la formación académica, como el título de bachiller, y la carga de los soportes correspondientes. Esta obligación se encuentra respaldada en la Ley 190 de 1995, que en su artículo 1 establece la obligatoriedad de presentar el Formato Único de Hoja de Vida para quienes aspiren a ocupar un cargo público o suscribir un contrato con la administración, así como en los conceptos 102951 de 2021 y 59331 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales aclaran que el diligenciamiento de este formato es un requisito previo indispensable para la vinculación contractual o posesión en un cargo público[1]. Asimismo, los instructivos oficiales del SIGEP detallan el procedimiento para la actualización de la hoja de vida y la carga de documentos que soportan la información registrada, lo que garantiza la transparencia y veracidad de los datos suministrados. Por otro lado, en los contratos de apoyo a la gestión, las entidades deben verificar la exigencia de los títulos que se requieran acorde con las actividades a desarrollar en el marco del objeto y obligaciones contractuales estableciendo la pertinencia en cuanto a la exigencia o no de formación académica especializada y la capacidad técnica y experiencia relacionada con el contrato a suscribir. En cualquier caso, la exigencia de estos requisitos depende de lo que la entidad estatal, en ejercicio de su autonomía, establezca en el estudio previo, en el pliego de condiciones o en el documento equivalente del proceso de contratación, siempre y cuando sean proporcionales a la naturaleza del contrato, el valor, el riesgo y los objetivos que se buscan cumplir con la contratación. En conclusión, cada entidad debe verificar la exigencia del requisito de título de bachiller, acorde con la idoneidad y experiencia que se requiera para el contrato a celebrar, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 que determina que previamente a suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) incluyendo el registro detallado de la formación académica, como el título de bachiller, y la carga de los soportes correspondientes. |
- Razones de la respuesta:
Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:
El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico, regulado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Es definido como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. La celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa. Así lo dispone el artículo 2, numeral 4º, literal h), de la Ley 1150 de 2007:
“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
[…]
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:
[…]
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.
En tal sentido, el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. reglamenta la contratación directa para los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, en los siguientes términos:
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”.
Como especies del género contrato de prestación de servicios se incluyen los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y los contratos de prestación de servicios artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales[2]. La diferencia entre el contrato de prestación de servicios profesionales con las otras dos especies del género en el cual se ubican, radica en su contenido intelectual intangible y, al mismo tiempo, en la formación profesional que se exige para desempeñar la labor. Así lo consideró el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación jurisprudencial del 2 de diciembre de 2013, al explicar que:
“Su objeto está determinado por el desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad, tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, con conocimientos especializados siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas consideradas legalmente como profesionales. Se caracteriza por demandar un conocimiento intelectivo cualificado: el saber profesional”[3].
Lo expuesto, según la jurisprudencia citada, se diferencia del objeto del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, en los siguientes aspectos:
“Su objeto contractual participa de las características encaminadas a desarrollar actividades identificables e intangibles. Hay lugar a su celebración en aquellos casos en donde las necesidades de la Administración no demanden la presencia de personal profesional.
Aunque también se caracteriza por el desempeño de actividad intelectiva, ésta se enmarca dentro de un saber propiamente técnico; igualmente involucra actividades en donde prima el esfuerzo físico o mecánico, en donde no se requiere de personal profesional.
Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logísticas o asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea acorde con las necesidades de la Administración y el principio de planeación”[4].
En este sentido, el contrato de prestación de servicios profesionales se caracteriza porque su objeto guarda relación con el desarrollo de actividades que demandan competencias y habilidades profesionales o especializadas de la persona natural o jurídica a contratar, de manera que se trata de un saber intelectivo cualificado. En cambio, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y de servicios artísticos no involucran ese conocimiento profesional o especializados para su ejecución. En los contratos de apoyo a la gestión el contratista desempeña un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento, o soporte, donde “lo predominante es el actuar como ejecutor, con el propósito y finalidad de satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento de la misma, por personas no profesionales y que no implican el ejercicio de funciones públicas administrativas”. Igualmente, en el contrato de prestación de servicios artísticos lo prevalente es que la persona que lo ejecute se trate de un artista, es decir, “una persona reconocida como realizador o productor de arte, de obras de arte, ejecutor de trabajos artísticos”, para lo cual es indiferente el carácter de profesional.
Por otro lado, Los requisitos habilitantes se definen como exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidas en disposiciones normativas, de carácter legal o reglamentario, o contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria, es decir, en el pliego de condiciones o el documento equivalente a este. Se diferencian de los criterios de evaluación –también conocidos como criterios de calificación– en que estos son los factores definidos por la Entidad Estatal para la asignación de puntaje en el momento de la comparación de las ofertas, y que, a partir de su ponderación, permiten establecer el orden de elegibilidad y, por ende, la propuesta ganadora.
A partir de lo dicho se deduce entonces que los requisitos habilitantes, si bien constituyen obligaciones que los proponentes deben cumplir y acreditar para participar en el procedimiento de selección, no se valoran con un puntaje que determine el orden de escogencia, sino que se analizan como criterios previos a la evaluación en sentido estricto, de manera que quienes no los reúnan no pueden continuar en el procedimiento de selección, o sea, incurren en causal de rechazo. Esto sin perjuicio del derecho que tienen los oferentes de subsanar los defectos que se presenten en la prueba de tales requisitos, de conformidad con el artículo 5, parágrafos 1º al 4º, de la Ley 1150 de 2007.
El mencionado artículo dispone que se considera “objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. De este modo, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus documentos equivalentes deberán tener en cuenta, entre otras cuestiones, los criterios establecidos en dicha disposición. Específicamente, el numeral 1º del artículo referido establece que en los procesos de selección de contratistas serán objeto de verificación, como requisitos habilitantes, entre otros, los siguientes: i) la capacidad jurídica; ii) la experiencia; iii) la capacidad financiera y iv) la capacidad de organización. En efecto, la normativa citada dispone:
“Artículo 5. De la Selección Objetiva.
[…]
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. […]”.
Conforme lo ha sostenido esta Agencia en distintos conceptos, los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007 son de carácter enunciativos y no taxativos. Esta interpretación legal se resume en los siguientes argumentos: Esta norma no contiene una expresión como “únicamente” o “solo”, al referirse a los requisitos habilitantes y, además, debido a que la lectura integral de las normas que regulan la contratación estatal permite concluir que existen otras condiciones que deben cumplirse para la contratación con una entidad pública, como pasa, por ejemplo, con la capacidad residual a la que se refiere el artículo 6º, parágrafo 1, de la Ley 1150 de 2007[5].
Además, la intención del legislador, de la cual dan cuenta los antecedentes legislativos de la norma sub examine[6], también justifica la interpretación propuesta por esta Agencia, ya que fue hasta el cuarto debate legislativo en donde se incluyó parágrafo 2 del mismo artículo 5 de la Ley 1150 de 2007[7], lo que deja ver la necesidad que tenía el Congreso de aclarar que unos documentos no podrían ser tenidos como requisitos habilitantes, lo que asimismo evidencia el reconocimiento tácito de la existencia de otros requisitos habilitantes, distintos a los cuatro que establece el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007.
Por último, en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” expedido por esta Agencia, en el cual se determinaron los parámetros para establecer, acreditar y subsanar los requisitos habilitantes estudiados en los párrafos precedentes, se indica que su propósito consiste en “establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación”. En otras palabras, al tratarse de condiciones mínimas, significa que las entidades podrían establecer otras, según su autonomía de la voluntad, y teniendo en cuenta el objeto del contrato, los riesgos detectados en los estudios previos, el presupuesto oficial, entre otros factores.
En consecuencia, corresponde a las entidades estatales, durante la etapa de planeación del contrato estatal, estudiar y determinar los requisitos habilitantes que establecerán en los pliegos de condiciones, los cuales deben fijarse de forma adecuada y proporcional. Esto último, según se deriva de la lectura del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, debe hacerse de acuerdo con la naturaleza, el valor del contrato, la forma de pago, los riesgos asociados al contrato, el plazo y la complejidad de ejecución del objeto[8].
Considerando la discrecionalidad para establecer requisitos habilitantes, es necesario tener en cuenta que el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 –aplicable en los procedimientos contractuales en virtud del artículo 77 de la Ley 80 de 1993– dispone que “En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. Dado lo anterior, para efectos de configurar requisitos habilitantes la Entidad Estatal tiene la carga de justificar en los estudios previos y análisis del sector del proceso de selección su procedencia, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015.
Bajo estas consideraciones, en atención a la consulta planteada, se precisa que las entidades pueden exigir títulos de formación académica, como el de bachiller o incluso un título profesional, cuando sea necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del contrato, especialmente en aquellos contratos de prestación de servicios profesionales que demandan actividades especializadas. Así, la exigencia de un título académico debe estar justificada por las necesidades específicas del servicio a contratar, lo que otorga a las entidades la discrecionalidad de determinar los requisitos de acuerdo con el tipo de contratación.
Ahora bien, el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.17.10, establece que antes de suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) incluyendo el registro detallado de la formación académica, como el título de bachiller, y la carga de los soportes correspondientes. Esta obligación se encuentra respaldada en la Ley 190 de 1995, que en su artículo 1 establece la obligatoriedad de presentar el Formato Único de Hoja de Vida para quienes aspiren a ocupar un cargo público o suscribir un contrato con la administración, así como en los conceptos 102951 de 2021 y 59331 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales aclaran que el diligenciamiento de este formato es un requisito previo indispensable para la vinculación contractual o posesión en un cargo público[9]. Asimismo, los instructivos oficiales del SIGEP detallan el procedimiento para la actualización de la hoja de vida y la carga de documentos que soportan la información registrada, lo que garantiza la transparencia y veracidad de los datos suministrados.
Por otro lado, en los contratos de apoyo a la gestión, las entidades deben verificar la exigencia de los títulos que se requieran acorde con las actividades a desarrollar en el marco del objeto y obligaciones contractuales estableciendo la pertinencia en cuanto a la exigencia o no de formación académica especializada y la capacidad técnica y experiencia relacionada con el contrato a suscribir. En cualquier caso, la exigencia de estos requisitos depende de lo que la entidad estatal, en ejercicio de su autonomía, establezca en el estudio previo, en el pliego de condiciones o en el documento equivalente del proceso de contratación, siempre y cuando sean proporcionales a la naturaleza del contrato, el valor, el riesgo y los objetivos que se buscan cumplir con la contratación.
En conclusión, cada entidad debe verificar la exigencia del requisito de título de bachiller, acorde con la idoneidad y experiencia que se requiera para para el contrato a celebrar, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 que determina que previamente a suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, los contratistas deben diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) incluyendo el registro detallado de la formación académica, como el título de bachiller, y la carga de los soportes correspondientes.
- Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:
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- Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:
Sobre los contratos de prestación de servicios, así como los requisitos para su celebración, entre otros, esta Subdirección se ha pronunciado en los conceptos Nro. C–608 del 1 de octubre de 2020, C-145 del 8 de abril del 2021, C-491 del 14 de septiembre de 2021, C-517 del 30 de septiembre de 2021, C – 654 de 22 de noviembre de, C-181 del 7 de abril de 2022, C-773 del 17 de noviembre de 2022, C- 953 del 25 de enero de 2023 y C-966 del 1 de febrero de 2023, C-135 del 25 de mayo de 2023, C-414 del 11 de septiembre de 2024, C-920 del 30 de diciembre del 2024 y C-176 del 19 de marzo de 2025. Igualmente, La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en los conceptos del 15 de noviembre, del 28 de noviembre, 16 de diciembre de 2019 –radicados No. 2201913000008520, 4201912000007329 y 2201913000009295–, así como en los conceptos C-120 del 3 de marzo de 2020, C-204 del 31 de marzo de 2020, C-099 del 6 de abril de 2020, C-195 del 13 de abril de 2020, C-013 del 17 de abril de 2020, C-330 del 27 de mayo de 2020, C-396 de 16 de julio de 2020, C-387 de 3 de agosto de 2021, C-669 de 3 de diciembre de 2021, C-573 de 13 de septiembre de 2022, C- 831 de 28 de noviembre de 2022 y C-868 del 19 de diciembre de 2022, C-124 de 25 de mayo de 2023, C-165 de 2 de junio de 2023, C-167 de 5 de junio de 2023, C-215 de 10 de agosto de 2023, C-277 de 14 de julio de 2023, C-337 de 18 de agosto de 2023, entre otros, analizó la naturaleza de los requisitos habilitantes y su carácter enunciativo en el artículo 5, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.
Atentamente,
Elaboró: | Tatiana Baquero Iguarán Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual |
Revisó: | Alejandro Sarmiento Cantillo Gestor T1 ‒ 15 de la Subdirección de Gestión Contractual |
Aprobó: | Carolina Quintero Gacharná Subdirectora de Gestión Contractual ANCP – CCE |
Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90917 ↑
El Decreto 1082 de 2015 lo establece de la siguiente manera: «Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
“Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.
“La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”. ↑
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de Unificación del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41.719. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. ↑
Ibíd. ↑
“Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones
Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. ↑
Gaceta 096 de 2007. Pág. 9. Allí se lee: “Parágrafo 2°. Nuevo. Se adiciona un parágrafo nuevo para establecer de manera concreta que las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos, con el fin de evitar la exclusión de aquellas personas o empresas principalmente en regiones apartadas que carecen de tal requisito. Dejando sin embargo a la administración la posibilidad de fijar la implementación de planes de calidad” (Cursivas propias). ↑
Según este parágrafo las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. ↑
“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”. ↑
Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90917 ↑