ORGANISMOS INTERNACIONALES, Régimen contractual, SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ONG EXTRANJERA

Texto del concepto

ORGANISMOS INTERNACIONALES – Concepto

Frente al alcance de dicha disposición, es necesario aclarar que por organismo internacional se entiende aquella organización, grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y cuenta con órganos gubernamentales permanentes distintos e independientes de los Estados miembros de la organización que garantizan su vigencia y operatividad, con el propósito de cumplir objetivos comunes entre los Estados miembros. Conforme a su naturaleza, los organismos internacionales están facultados para suscribir contratos o convenios con los Estados, lo que supone un incidente frente a la aplicabilidad de los regímenes tanto de los Estados contratantes como de los organismos en su celebración.

RÉGIMEN CONTRACTUAL – Ley 1150 de 2007 – Artículo 20

[…] En el inciso primero […] señala que cuando los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales financien los contratos o convenios en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%), la contratación podrá someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993.

[…]El inciso segundo determinó supuestos específicos que proceden dependiendo del objeto del convenio o contrato a celebrar. Aunado a estos, incluye otro relacionado con los organismos internacionales cuyos fondos financien los convenios o contratos.

[…] Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 establece un tercer criterio para determinar el régimen contractual aplicable. De acuerdo con la norma, “los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos”.

SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – Decreto 603 de 2022 – ONG Extranjera – Alcance

[…] sobre la aplicación del supuesto establecido en el inciso primero del articulo 20, se recuerda que será procedente en los casos que el contrato o convenio sea financiado con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales. En este sentido, y según lo dispuesto en el Decreto 603 de 2022, esta regla será aplicable a los acuerdos celebrados con “todos aquellos socios de carácter internacional que brinden asistencia técnica y/o transferencia de conocimientos para crear y fortalecer las capacidades nacionales y locales”. Corresponderá a la entidad determinar si en el caso concreto la ONG extranjera cumple con los supuestos definidos en dicho decreto y en la Ley 1150 de 2007 para considerar que se trata de un “organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional” y, por lo tanto, le es aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 20.

[…] Independientemente del régimen jurídico aplicable, la entidad deberá considerar que si se trata de un proyecto, programa y/o iniciativa que es implementada por un socio de cooperación internacional y que involucra recursos del presupuesto general de la nación, dicho socio deberá aportar una contrapartida en dinero de al menos el 30% para que sea posible suscribir el acuerdo.

Bogotá D.C., 08 Mayo 2025

Señor

Sergio David Oviedo Cubillos

sergiooviedo833@gmail.com

Ciudad

Estimado señor Oviedo:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta del 27 de marzo de 2025, en la cual manifiesta lo siguiente:

“Amablemente solicito un concepto sobre el régimen de contratación aplicable entre una entidad estatal y una ONG Extranjera, donde se pueda evidenciar los requisitos para excepción a la competencia y recursos de contrapartida, teniendo en cuenta el Decreto 603 de 2022 y la ley 1150 de 2007”

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos o convenios que se suscriban con ONG extranjeras según el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 603 de 2022?

1. Respuesta:

1. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece la normatividad aplicable a los contratos que celebren las entidades referidas en el artículo segundo del estatuto. Como primer criterio, determina que los contratos que celebren se regirán por las disposiciones civiles y comerciales nacionales, sin perjuicio de la aplicación prevalente de las contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante EGCAP–^[1]. Sin embargo, el segundo inciso permite que los contratos celebrados en el exterior se ejecuten de conformidad con las normas del país donde se hayan suscrito, salvo que deban cumplirse en Colombia, caso en el que se regirán por lo señalado respecto al inciso primero. Por último, el inciso tercero permite que los contratos que se celebren en Colombia, pero deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, se sometan a la ley extranjera. De esta manera, el artículo 13 permite que las Entidades Estatales no se rijan siempre por la normativa colombiana y que puedan aplicar la ley extranjera en algunos casos.

Además de los supuestos anteriores, el Consejo de Estado explica los siguientes escenarios, en los cuales el régimen jurídico puede ser diferente al derecho nacional, pese a tratarse de contratos sometidos, en principio, a la Ley 80 de 1993:

“i) Contratos celebrados en el exterior, los cuales se podrán regir en su ejecución por las reglas del país donde se ha suscrito, salvo cuando su cumplimiento deba hacerse en Colombia, caso en el cual se aplicará la legislación nacional, ii) Contratos celebrados en territorio colombiano que deben ejecutarse o cumplirse en el extranjero, en tal caso podrá regirse bajo legislación foránea, salvo aquella parte que deba ejecutarse o cumplirse en Colombia, la cual se regirá por el derecho nacional, iii) a) los contratos financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito y b) aquellos celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, los cuales ‘podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pagos y ajustes’”^[2].

La redacción original del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 incluía un inciso cuarto en el que se regulaba el régimen aplicable a los contratos suscritos con organismos internacionales, estableciendo otros supuestos donde era posible aplicar un régimen distinto al del EGCAP^[3]. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 modificó y estableció las reglas que actualmente rigen los contratos o convenios suscritos con organismos internacionales.

Frente al alcance de dicha disposición, es necesario aclarar que por organismo internacional se entiende aquella organización, grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y cuenta con órganos gubernamentales permanentes distintos e independientes de los Estados miembros de la organización que garantizan su vigencia y operatividad, con el propósito de cumplir objetivos comunes entre los Estados miembros^[4]. Conforme a su naturaleza, los organismos internacionales están facultados para suscribir contratos o convenios con los Estados, lo que supone un incidente frente a la aplicabilidad de los regímenes tanto de los Estados contratantes como de los organismos en su celebración.

De esta manera, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 estableció el régimen aplicable a los contratos que celebren las Entidades Estatales con este tipo de organismos. En el inciso primero, el artículo dispone que el régimen aplicable podrá depender del porcentaje de participación que el organismo internacional tenga frente a la financiación de los contratos. Así, el artículo 20 de la citada norma señala que cuando los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales financien los contratos o convenios en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%), la contratación podrá someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. En estos supuestos, la norma establece la potestad discrecional de elegir el régimen contractual aplicable, pues la literalidad del inciso señala que “podrán” someterse a los reglamentos de tales entidades. Cuando la entidad contratante determine o establezca que los aportes del organismo internacional son inferiores al porcentaje señalado, el contrato o convenio debe someterse al EGCAP.

Adicionalmente, se aclara que los contratos o convenios suscritos con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales pueden financiarse con aportes en sumas liquidas de dinero o en especie. Esto, según lo establecido en el parágrafo 3 de la misma disposición, la cual establece la obligación de cuantificar en moneda colombiana los aportes en especie realizados por estos organismos.

Por otro lado, la norma establece criterios adicionales para determinar la posible aplicación de los reglamentos de los organismos internacionales. El inciso segundo determinó supuestos específicos que proceden dependiendo del objeto del convenio o contrato a celebrar. Aunado a estos, incluye otro relacionado con los organismos internacionales cuyos fondos financien los convenios o contratos. Cuando se configure cualquiera de estos casos, las entidades y los organismos pueden optar porque el acuerdo se someta a sus reglamentos:

1. Contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud.
2. Contratos y convenios necesarios para la operación de la Organización Internacional del Trabajo.
3. Contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos.
4. Contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos.
5. Contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM.
6. Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros.

En los supuestos anteriores, independientemente del monto o porcentaje de los aportes de cada una de las partes, es posible optar por someter el contrato o convenio a los reglamentos de los organismos o al EGCAP. Es decir, cuando se configure cualquiera de los supuestos será posible elegir uno de estos regímenes. Al respecto, en el Concepto C-374 del 27 de julio de 2020, esta Agencia –después de analizar el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007– concluyó que:

“[…] existen dos grupos de supuestos en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, bajo los cuales es posible someter el régimen contractual aplicable a los reglamentos de los organismos internacionales: el primer grupo, regulado en el inciso primero, donde dicha posibilidad se condiciona a que los contratos o convenios se financien en el 50% o más con fondos de dichos organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales y, el segundo grupo, regulado en el inciso segundo, donde dicha posibilidad se condiciona a que se configure alguno de los 6 supuestos enlistados atrás, sin que resulte exigible algún porcentaje de incorporación de recursos. En todo caso, frente a ambos grupos, la aplicación de los reglamentos de tales entidades internacionales es una posibilidad por la que pueden optar o no las partes; es decir, configurados los requisitos indicados, las partes pueden decidir si someten los contratos a los reglamentos de las entidades internacionales o si se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

Ahora bien, tanto el inciso primero como el último supuesto del segundo inciso se refieren a la financiación del contrato o convenio con fondos de organismos internacionales. Sin embargo, en el primero, la regla alude a los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales. En contraste, la causal sexta o último supuesto del segundo inciso del artículo 20 alude a los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros. Como se observa, ambos supuestos se refieren a contratos o convenios que se financian con fondos de organismos internacionales, pero la regla para determinar el régimen de contratación aplicable será distinta dependiendo del sujeto que intervenga.

Cuando los fondos provienen de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, será importante determinar el porcentaje que financian o aportan, pues si sus fondos son inferiores al 50% el acuerdo se regirá necesariamente por EGCAP. Por el contrario, cuando se trate de los fondos de organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, las Entidades Estatales podrán elegir si aplican el EGCAP o los reglamentos de estos organismos, independientemente del porcentaje que financien o aporten.

Esta distinción frente a los ámbitos de aplicación del inciso primero y el último supuesto del inciso segundo, se reitera en el Decreto 1082 de 2015, el cual dispuso que:  

“[…] Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Los contratos con personas extranjeras de derecho público se deben celebrar y ejecutar según se acuerde entre las partes”. [Énfasis fuera del texto original].

Sobre la delimitación entre los sujetos del inciso primero y el último supuesto del inciso segundo, es importante resaltar que el derogado inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993^[5] se refería a los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, y a aquellos celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales. Al analizar su constitucionalidad, la Corte señaló que:

"[...] como acertadamente lo expresa la Vista Fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que por virtud de la misma ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto de Contratación Pública en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales […] o es razonable desconocer la voluntad de los donantes, la cual se puede plasmar en la decisión de que la entidad receptora acoja sus reglamentos, mediante los cuales pueda intervenir en la formación, adjudicación y ejecución de los contratos financiados con sus recursos."^[6].

Conforme lo anterior, es claro que el legislador contempló que las entidades que contraten con entes que tengan el carácter de organizaciones internacionales de las que Colombia es miembro, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos; o con organismos multilaterales de crédito de los cuales percibe fondos, como el caso del Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, puedan regirse por estos reglamentos. Lo anterior, precisamente porque, en el primer supuesto, el Estado colombiano se encuentra obligado al cumplimiento de los tratados o convenios que ha suscrito para hacerse miembro, y en el segundo, actúa como entidad receptora de los recursos, con lo cual, resulta razonable que los contratos que celebren con estos se rijan por la normatividad de los organismos.

En este sentido, el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 perseguía que los contratos financiados con recursos provenientes del extranjero no se sometieran necesariamente al EGCAP, debido a la naturaleza de dichos entes y “a las barreras y obstáculos que pueden presentarse para obtener esos recursos, es decir, que en la práctica difícilmente se podrá acceder a esos fondos si unilateralmente las entidades públicas quieren imponer la aplicación del estatuto contractual”^[7]. Por lo anterior, la Corte consideró apenas obvia la aplicación de sus reglamentos internos, que “corresponden a políticas adoptadas en el marco del derecho internacional, en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales”. Adicionalmente, consideró que no es razonable desconocer la voluntad de un donante de los recursos de que la entidad receptora acoja sus reglamentos, con lo que puede determinar la formación, adjudicación y ejecución de los contratos que está financiando.

Aunque el inciso cuarto del artículo 13 de la lay 80 de 1993 no se refirió concretamente a los “entes gubernamentales extranjeros”, el análisis de la Corte Constitucional permite dilucidar aspectos importantes sobre otros sujetos. Un aspecto relevante es que identifica expresamente como “organismos multilaterales de crédito” al FMI y al BID, así como las razones que fundamentan la aplicación de sus reglamentos. Ésta descripción permite delimitar y caracterizar los primeros sujetos a los cuales se refiere el último supuesto del inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

El FMI y el Banco Mundial fueron creados en el marco de la conferencia realizada en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944 con el objetivo de reconstruir la economía de la posguerra y promover la cooperación económica internacional. Además de las señaladas, las instituciones creadas posteriormente como resultado de la conferencia incluyen a la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como a los bancos regionales multilaterales de desarrollo, como es el caso del BID, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo^[8]. En términos generales, estos organismos se caracterizan porque buscan proveer asistencia financiera y técnica para proyectos de desarrollo en el sector privado y/o público, en territorios o regiones específicas.

Se trata entonces de organizaciones o instituciones financieras internacionales (IFIs) que se encuentran conformados por varios estados que participan como accionistas y cuyos aportes constituyen el capital social. Además, una fuente de sus fondos son las agencias de cooperación de algunos Estados que los otorgan como no reembolsables o préstamos de tasas bajas. Con éstos fondos, las IFIs brindan financiamiento a los estados a través de mecanismos de inyección de capital, como la emisión de bonos u otorgando préstamos a los estados miembro, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Estos sujetos también incluyen, por ejemplo, a los bancos regionales o subregionales de desarrollo, como el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En efecto, cuando las Entidades Estatales celebren contratos o acuerdos con fondos de organizaciones o Instituciones Financieras Internacionales, será aplicable el último supuesto del inciso segundo del artículo 20 de la ley 1150 de 2007. De este modo, al tratarse de convenios o acuerdos que cuentan con fondos de organismos multilaterales de crédito, podrán optar por regirse por sus reglamentos, con independencia del porcentaje de financiamiento o aportes que otorguen éstos organismos.

De esta forma, el segundo inciso del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 permite que las entidades estatales sometidas al EGCAP se rijan por los reglamentos de los organismos multilaterales de crédito. En tal sentido, señalan que “La excepción bajo análisis abarca la contratación que haga una entidad regida por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 […], que va a pagar los contratos que celebre con recursos que haya obtenido de un crédito con un organismo multilateral de crédito”^[9]. Además, esta remisión efectuada por la Ley 1150 de 2007 a los reglamentos de dichos organismos es integral, en el sentido de que cuando las partes del contrato se someten a dicha normativa, las disposiciones reguladas en los reglamentos prevalecen sobre las del EGCAP^[10].

Ahora bien, con respecto a la aplicación del inciso primero para los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, es importante aclarar que el ordenamiento jurídico colombiano no regula expresamente la cooperación internacional no reembolsable, por lo que ha sido entendida como una figura convencional atípica^[11]. Sin embargo, las disposiciones relativas al Sistema Nacional de Cooperación Internacional ofrecen indicaciones importantes sobre el ámbito de aplicación de estos sujetos. El Decreto 603 de 2022 adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores y creó dicho sistema. Con esto, estableció algunos lineamientos para la cooperación internacional en Colombia, determinando su objetivo –art. 2.2.8.3.1–, naturaleza –art. 2.2.8.3.2–, efectividad –art. 2.2.8.3.3–, participación de socios –art. 2.2.8.3.4– y destinación –art. 2.2.8.3.5–.

La norma fijó los lineamientos para la ejecución de proyectos, programas o iniciativas de cooperación internacional en los que se involucren recursos del Presupuesto General de la Nación. Con respecto al campo de aplicación, el Decreto señala que rige para “las entidades del orden nacional, a las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal […] así como a los socios de cooperación y otros actores que lleven a cabo actividades de cooperación en conjunto con entidades públicas”. Por su parte, el artículo 2.2.8.3.1 del Decreto señala que el objetivo de la cooperación internacional “es la asistencia técnica y/o transferencia de conocimientos para crear y fortalecer las capacidades nacionales y locales”.

En este sentido, el ordenamiento colombiano incluye en el concepto de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales aquellos proyectos, programas y/o iniciativas de cooperación internacional cuyos fondos provengan de un “socio de cooperación internacional”. Aunque el decreto no establece una definición para éstos sujetos, si establece un concepto amplio frente al alcance de su actuación. De esta forma, comprende a todos aquellos socios de carácter internacional que brinden asistencia técnica y/o transferencia de conocimientos para crear y fortalecer las capacidades nacionales y locales. De esta forma, los cooperantes pueden ser:

“los Estados que actúan a través de alguna de sus agencias gubernamentales (Ej. Suiza a través de SECO, Alemania a través de KFW, España a través de AECID), o a través de organizaciones que cumplen un rol de administrador de los recursos como la banca multilateral (BID o Banco Mundial), o una ONG. También puede ser la banca multilateral actuando directamente, cuando otorga créditos.”^[12]

Como se observa, la definición de organismos o socios de cooperación internacional puede incluir en estricto sentido a las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.1.1. aclara que “la expresión cooperación internacional no incluye las operaciones de crédito público externo con la banca multilateral y bilateral”. Esta distinción es concordante con la diferenciación que realiza el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, de modo que la regla para determinar el régimen contractual de los acuerdos suscritos con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales (inciso primero) excluye a los organismos multilaterales de crédito, a los cuales será aplicable la regla señalada en el último supuesto del inciso segundo.

Esta delimitación, es extensible en el caso de los “entes gubernamentales extranjeros” a los que también hace referencia el último supuesto del inciso segundo del artículo 20 referido. En este sentido, la distinción de sujetos y de reglas dispuestas en los incisos objeto de análisis suponen que, para efectos de la aplicación de esta norma, el concepto de “entes gubernamentales extranjeros” necesariamente excluya a los sujetos definidos como “organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales”. El artículo dispuso una regla más estricta para estos últimos, pues será necesario considerar el porcentaje de los fondos que financian o aportan para definir el régimen aplicable, de modo que si representan un porcentaje inferior al 50% la entidad estatal no podrá aplicar los reglamentos de los organismos y deberá regirse por lo establecido en el EGCAP. En contraste, en el inciso segundo bastará que la contraparte tenga el carácter de ente gubernamental extranjero para que la entidad pueda optar por el régimen contractual de estos organismos. Esta diferencia impone que las entidades no deban incluir dentro de la definición de ente gubernamental extranjero a organismos que correspondan materialmente al ámbito de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, pues ello implicaría evitar el límite impuesto por el legislador a través de la regla del primer inciso.

Además de lo anterior, es necesario aclarar que el ordenamiento jurídico no establece una definición de “entes gubernamentales extranjeros”. Ni el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, ni en el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 definen de forma clara quiénes son estos sujetos o el alcance de la expresión. Teniendo en cuenta lo anterior, es procedente aplicar el artículo 27 del Código Civil^[13] que establece la interpretación gramatical como uno de los criterios de interpretación de la ley, en virtud del cual “cuando el sentido de la ley no sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

El Diccionario de la Lengua Española define “ente” como “colectividad considerada como unidad”, cuyos sinónimos pueden ser entidad, colectividad, sociedad u organismo. Por otra parte, define “gubernamental” como “perteneciente o relativo al Gobierno del Estado”, haciendo referencia aquello que es estatal, público, oficial o ministerial; y “extranjero” como lo referente a un país que no es el propio. Conforme con lo anterior, para los fines de la consulta, la expresión ente gubernamental extranjero se refiere a sujetos que tengan el carácter de entidades u organismos que pertenecen al gobierno de uno o varios Estados distintos a Colombia.

Los sujetos que reúnan estas características y no puedan ser catalogados como “organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales” estarán inmersos en el último supuesto del inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, de modo que, en los contratos o convenios que financien, las Entidades Estatales podrán optar por someterse a sus reglamentos en vez de regirse por el EGCAP. Como se observa, aunque un organismo de cooperación cumpla también con la definición de “ente gubernamental extranjero”, la Entidad deberá aplicar de manera prioritaria la regla del inciso primero del artículo 20 , según la cual será relevante el porcentaje de los fondos que financien o aporten los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales para determinar el régimen contractual aplicable. Así, la distinción de los sujetos frente a la aplicación del inciso primero y el segundo es de carácter excluyente, y en la identificación de los entes gubernamentales extranjeros se deberá excluir a los sujetos de cooperación, asistencia o ayuda.

Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 establece un tercer criterio para determinar el régimen contractual aplicable. De acuerdo con la norma, “los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos”. Estos negocios jurídicos, a diferencia de los contratos del inciso primero del artículo 20, son independientes del monto de los aportes realizados por el organismo. También se diferencian del último supuesto del inciso segundo, pues las entidades pueden optar por las reglas de estos organismos, independientemente de si sus fondos financian el acuerdo o convenio, en este caso, la única condición será celebrar el acuerdo con éstos sujetos. Igualmente, en contraste con los demás supuestos del inciso segundo, son negocios jurídicos en los que la regla se aplica independientemente del objeto convenido.

De acuerdo con el derecho internacional, la regla del parágrafo primero sería procedente, entonces, en el caso de los convenios o contratos celebrados con sujetos del derecho internacional público, es decir aquellos que, según dicho ordenamiento jurídico, tienen capacidad jurídica para contraer obligaciones y ser titulares de derechos, como es el caso de los Estados y las Organizaciones Internacionales. Lo anterior, de acuerdo con los elementos que definen estos sujetos en el derecho internacional público^[14].

En suma, el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 permite la aplicación de los reglamentos de los (i) organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales cuando su aporte es superior al cincuenta por ciento (50%) del total. Adicionalmente, conforme al último supuesto del inciso segundo, las Entidades Estatales podrán aplicar los reglamentos de los (ii) organismos multilaterales de crédito o de los entes gubernamentales extranjeros cuando sus fondos financien los acuerdos que suscriban, con independencia del porcentaje que representen. Finalmente, según lo dispuesto en el parágrafo primero, cuando las entidades celebren convenios o contratos con (iii) personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a sus reglas, aunque no aporten recursos en el marco del acuerdo.

Debido a que el legislador no distinguió los aspectos sobre los cuales es factible aplicar los reglamentos de estos organismos, debe entenderse que dentro de la remisión cabe el procedimiento de celebración y todo lo relacionado con la ejecución del contrato o convenio. Esto significa que las Entidades Estatales pueden contratar siguiendo los procedimientos establecidos en los reglamentos de los organismos internacionales a los que alude el citado artículo 20 y no los previstos en el EGCAP.

Al respecto, sobre la aplicación de los reglamentos de los organismos internacionales en el marco del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el Consejo de Estado en sentencia del 12 de junio de 2014 señaló que:

“se produjo un cambio importante frente a la normativa preexistente, porque según el art. 20 lo que se rige por los estatutos internos de esos organismos es todo el proceso selección y el contrato; mientras que en el inciso cuarto del art. 13 de la Ley 80 eran dos aspectos: i) el procedimiento de selección del contratista, que incluye la adjudicación, y ii) algunas cláusulas especiales del contrato, relacionadas con la ejecución, el cumplimiento, el pago y los ajustes. El cambio es sustancial, porque pasó de tener limitaciones a no tenerlas^[15]”.

Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 25 de septiembre de 2018, explicó el alcance de la remisión a los reglamentos de los organismos multilaterales de crédito, en los siguientes términos:

“i) De acuerdo con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1150 de 2007, los contratos financiados con recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito pueden someterse a los reglamentos de tales organismos.

De ser así, el Estatuto de Contratación Pública no será aplicable a los procesos de selección, a la celebración y a la ejecución de estos contratos, a menos que los reglamentos de tales organismos se remitan a las normas de contratación pública nacional, o guarden silencio respecto a determinados aspectos del proceso contractual o de su ejecución. En este último caso, el Estatuto General de Contratación Pública será aplicable de manera supletiva.

ii) Es importante destacar que la posibilidad de inaplicar las normas nacionales de contratación pública a los contratos financiados con recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito es de naturaleza excepcional y, por lo tanto, de aplicación restrictiva.

Además, dicha posibilidad no se extiende a las normas del régimen presupuestal contenido en la Constitución Política, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en sus demás normas reglamentarias. Este régimen es diferente del consagrado para los contratos estatales regulados por la Ley 80 de 1993 o por los reglamentos de los organismos multilaterales de crédito, aunque se encuentren relacionados e incluso en condición de complementariedad.

Por lo tanto, si bien los contratos financiados con recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito pueden someterse a los reglamentos de tales entidades, permanecen sujetos a los principios y reglas del régimen presupuestal colombiano.

iii) De conformidad con lo expuesto, al procedimiento administrativo contractual y al respectivo contrato financiado con recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito, y sometidos a los reglamentos de tales organismos, les resulta inaplicable por regla general el Estatuto General de la Contratación Pública. Sin embargo, estarán sometidos al Estatuto Orgánico del presupuesto y, entre otras obligaciones, a la obtener el certificado de disponibilidad presupuestal, en cumplimiento del régimen presupuestal analizado en este concepto”^[16].

De conformidad con lo expuesto, los contratos o convenios celebrados con los sujetos y que cumplan los supuestos del artículo 20 pueden someterse a los reglamentos de tales organismos y en consecuencia sustraerse de la aplicación del EGCAP. Esto implica también someter a sus reglamentos, convenciones o tratados todo lo referente a la celebración, ejecución y posibles incumplimientos, en la medida en que la remisión es integral a menos que se disponga lo contrario. Además, es importante destacar que la posibilidad de inaplicar las normas nacionales de contratación pública a los contratos o convenios celebrados con organismos internacionales es de naturaleza excepcional y, por tanto, de aplicación restrictiva.

(ii) Sobre la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 a las Organizaciones No Gubernamentales, en adelante ONG, es importante aclarar que el ordenamiento jurídico colombiano no establece una definición específica de estos sujetos. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que:

“En la doctrina existen multiplicidad de aproximaciones, pero no un concepto estandarizado; sin embargo, de ellas se puede concluir, que existen coincidencias en aspectos esenciales, a saber: i) son organismos concebidos en un ámbito privado, al margen del Estado, ii) sus fines se identifican con varios objetivos, todos en general de carácter altruista, como pueden ser catalogados, los fines humanitarios, comunitarios y de cooperación, entre otros, y, iii) desarrollan su gestión sin ánimo de lucro”^[17].

Además, el Consejo de Estado resaltó que la naturaleza jurídica de las ONG en la legislación nacional no se encuentra definida, por lo que adoptan alguna de las formas permitidas por la normativa “para la organización de los intereses de naturaleza privada, como lo son las asociaciones, fundaciones o corporaciones, reguladas en el Código Civil”^[18]. Se sigue de lo anterior que la naturaleza jurídica de las ONG constituidas conforme un marco jurídico extranjero adoptarán las formas legales y reglas que para estas dispongan esos ordenamientos.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en este concepto, la entidad contratante debe analizar, en primer lugar, si en el caso concreto del acuerdo celebrado con la ONG extranjera es procedente la aplicación de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  Es decir, (i) si el contrato es celebrado en el exterior y por esta razón debe regirse por las reglas del país donde se ha suscrito; (ii) si es celebrado en el exterior, pero debe cumplirse en Colombia, de modo que la normativa interna en materia de contratación estatal debe regir su ejecución; o (iii) si se trata de un contrato celebrado en Colombia que debe ejecutarse o cumplirse en el extranjero, por lo que podrá someterse a la ley extranjera. Si la entidad concluye que no se configura ninguno de los supuestos en los que esta norma habilita la aplicación de la ley extranjera, el contrato se regirá por la ley nacional en contratación estatal. Al tratarse de un acuerdo suscrito por una entidad de las referidas en el artículo segundo de la Ley 80 de 1993, este régimen contractual será el establecido en el EGCAP, y la ley civil y comercial colombiana en lo no regulado en ese cuerpo normativo.

Verificado lo anterior, en segundo lugar, la Entidad Estatal deberá determinar si es aplicable alguna de las reglas establecidas en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. Por ejemplo, al ser las ONG organismos de naturaleza privada, no serían aplicables los supuestos del artículo 20 en los cuales el sujeto corresponde a un organismo gubernamental o público. Este es el caso de la regla dispuesta frente a los contratos o convenios financiados con fondos de los “entes gubernamentales extranjeros”, referida en el último supuesto del inciso segundo, o de los contratos o acuerdos celebrados con “personas extranjeras de derecho público”, a los cuales alude el parágrafo primero del artículo 20. De manera similar, al no tratarse de una Institución Financiera Internacional, tampoco será aplicable la regla del último supuesto del inciso segundo que se refiere a los acuerdos financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito.

Frente a la aplicación de los demás supuestos establecidos en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, es importante resaltar que proceden dependiendo del objeto del contrato o convenio a celebrar, independientemente del porcentaje de los fondos que aporta el organismo. Por ejemplo, si el acuerdo se ejecuta en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, para la operación del programa mundial de alimentos, o el desarrollo de programas de apoyo educativo a población vulnerable que adelanten la Unesco o la OIM, las entidades podrán someter el acuerdo al reglamento de la ONG extranjera con la cual se suscribe.

Finalmente, sobre la aplicación del supuesto establecido en el inciso primero del articulo 20, se recuerda que será procedente en los casos que el contrato o convenio sea financiado con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales. En este sentido, y según lo dispuesto en el Decreto 603 de 2022, esta regla será aplicable a los acuerdos celebrados con “todos aquellos socios de carácter internacional que brinden asistencia técnica y/o transferencia de conocimientos para crear y fortalecer las capacidades nacionales y locales”. Corresponderá a la entidad determinar si en el caso concreto la ONG extranjera cumple con los supuestos definidos en dicho decreto y en la Ley 1150 de 2007 para considerar que se trata de un “organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional” y, por lo tanto, le es aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 20. En este supuesto, será importante determinar el porcentaje que financia o aporta el organismo, pues si sus fondos son inferiores al 50% el acuerdo se regirá necesariamente por EGCAP, y si son superiores a este porcentaje, la entidad podrá elegir aplicar la normativa del organismo.

Adicionalmente, la entidad deberá considerar que el Decreto 603 de 2022 estableció reglas específicas frente a la participación de los socios de cooperación internacional así:

“Artículo 2.2.8.3.4. Participación de los Socios de la cooperación Internacional. Todo proyecto, programa y/o iniciativa de cooperación internacional que sea implementada por un socio de cooperación internacional y que involucre recursos del Presupuesto General de la Nación, debe tener una contrapartida de recursos financieros mínimo del 30%, del socio de cooperación internacional.

Parágrafo. Cuando más del 40% del financiamiento proviene del Presupuesto Nacional, el Socio de Cooperación internacional debe presentar estados financieros detallados o documento equivalente, a la entidad nacional o territorial líder del proyecto”. (Énfasis fuera del texto)

Esta norma estableció los lineamientos para la ejecución de proyectos, programas o iniciativas de cooperación internacional en los que se involucren recursos del Presupuesto General de la Nación, precisando que los socios de cooperación internacional que pretendan ejecutar dichos proyectos deben aportar una contrapartida mínima del 30% en recursos financieros.

Al respecto esta Agencia ha sostenido que, aunque el gobierno nacional guardó silencio en relación con la definición de “recursos financieros”, debe entenderse que la norma se refiere a aquellos ingresos que constituyen sumas dinerarias. En efecto, a diferencia de lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y con el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, para efectos del cálculo del umbral establecido en el artículo 2.2.8.3.4 del Decreto 603 de 2022 no resultan relevantes los aportes en especie. Esto dado que esta última disposición es clara al señalar que solo resulta aplicable a recursos financieros, mientras que el parágrafo tercero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 señala que los aportes en especie deben ser monetizados.

Así las cosas, el artículo 2.2.8.3.4 del Decreto 603 de 2022 establece un tope del 30%, el cual fija las condiciones de participación de los socios cooperantes en condición de ejecutor del proyecto o programa. Este supuesto aplica para las contrapartidas dinerarias. Dicho en otras palabras, solo podrán ejecutar programas, proyectos o iniciativas en los que estén involucrados recursos del presupuesto general de la nación, aquellos socios de cooperación internacional que aporten una contrapartida de no menos del 30% de dicho programa, proyecto o iniciativa, que deberá efectuarse únicamente en sumas líquidas de dinero. Además, en cada caso deberán establecerse mecanismos de administración de las condiciones del contrato que permitan hacerle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En este orden de ideas, las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden suscribir acuerdos de cooperación internacional que involucren recursos del Presupuesto General de la Nación, siempre y cuando el 30% del valor del proyecto sea aportado en dinero por el socio de cooperación, pues el reglamento, como se indicó, estableció un umbral para que puedan realizar estos proyectos, iniciativas o programas. De este modo, si el socio cooperante cumple con este umbral, es posible suscribir el convenio.

Por ejemplo, si el proyecto, programa o iniciativa de cooperación internacional que involucra recursos del Presupuesto General de la Nación tiene un valor de 100 millones de pesos, la norma en comento impone una contrapartida en recursos en dinero de mínimo 30 millones de pesos. Es decir, el 30% a cargo del socio de cooperación internacional se obtiene del valor total por el cual vaya a suscribirse el negocio jurídico, pues el artículo 2.2.8.3.4 del Decreto 603 de 2022 no dispone que el porcentaje se obtenga del aporte en dinero de la entidad estatal. De ser así, si en un contrato de 100 millones de pesos los aportes en dinero de la entidad son de 30 millones de pesos, bastaría un aporte mínimo de 9 millones de pesos del socio de cooperación internacional, lo cual es absurdo teniendo en cuenta que esto representa únicamente el 9% del valor total del proyecto, programa o iniciativa.

Lo anterior en ningún momento afecta las reglas sobre el régimen de contratación que le sea aplicable al convenio financiado con presupuesto general de la Nación, esto es, si está sometido al Estatuto General de la Administración Pública o al régimen de contratación con el que contrata el socio cooperante, pues ello aún se rige por las reglas de los establecido en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Desde esta perspectiva, las reglas precitadas se complementan con el artículo 2.2.8.3.4 del Decreto 603 de 2022. En efecto, mientras las primeras definen el régimen jurídico aplicable, este último define los aportes mínimos en recursos financieros del organismo internacional.

En conclusión corresponde a la Entidad Estatal determinar si en el caso concreto se configura alguno de los supuestos determinados en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la naturaleza de la ONG extranjera con la que suscribe el acuerdo, así como el lugar de ejecución y su objeto. Con base en este análisis, la entidad deberá determinar si el acuerdo se rige por el EGCAP o si es posible aplicar la normativa extranjera que rige a la ONG. Independientemente del régimen jurídico aplicable, la entidad deberá considerar que si se trata de un proyecto, programa y/o iniciativa que es implementada por un socio de cooperación internacional y que involucra recursos del presupuesto general de la nación, dicho socio deberá aportar una contrapartida en dinero de al menos el 30% para que sea posible suscribir el acuerdo.

1. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

1. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado sobre la contratación con organismos internacionales en los conceptos C-185 del 13 de abril de 2020, C-374 del 23 de julio de 2020, C-680 del 18 de noviembre de 2020, C-771 de 13 de enero de 2021, C-781 del 19 de enero de 2021, C-377 del 28 de julio de 2021, C-049 de 8 de marzo de 2021 y C-461 de 19 de julio de 2021, C-367 de 25 de abril de 2022, C-461 de 2 de junio de 2022, C- 012 de 7 de marzo de 2023, C-039 de 29 de marzo de 2023, C-441 del 27 de octubre de 2023, C-979 del 30 de diciembre de 2024, y C-277 del 23 de abril de 2025, entre otros. Estos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual puede accederse a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.

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Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

1. Ley 80 de 1993: “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.

   Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.

   Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera”. ↑

2. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de noviembre de 2015. Exp. 54.069. C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa. ↑

3. “Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”. (Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007). ↑

4. FIGUEROA U. Organismos internacionales. 2ª edición. Santiago de Chile: Editorial RIL editores, 2010. ↑

5. Derogado expresamente con el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. El texto anterior señalaba: “Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”. ↑

6. Corte Constitucional. Sentencia C-249 de 2004. ↑

7. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. La Cooperación Internacional y su régimenjurídico en Colombia. P. 58. ↑

8. Disponible en: https://www.brettonwoods.org/ ↑

9. DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 2ª ed. Bogotá: Legis, 2006, p. 53. ↑

10. Ibíd., p. 53. ↑

11. Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia. Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia. P. 26. ↑

12. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia. p. 37. Disponible en: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2022-09/Herramientas%20normativas.pdf ↑

13. Código Civil «Artículo 27. [Interpretación gramatical]. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

    »Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento». ↑

14. Por ejemplo, será relevante lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986. ↑

15. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de junio de 2014. Exp. 28.279. C.P Enrique Gil Botero. ↑

16. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 25 de septiembre de 2018. Consejero Ponente: Edgar González López. Radicado: 11001-03-06-000-2018-00129-00(2389). ↑

17. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: William Zambrano Cetina. Concepto del 2 de Abril 2009. Radicación No. 1.949 ↑

18. Ídem. ↑