RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Texto del concepto

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Definición – Taxatividad – Interpretación restrictiva

Las inhabilidades e incompatibilidades son medios que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo del régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado. Por ello, la competencia para determinar qué hechos o situaciones generan inhabilidad para contratar con el Estado la tiene el legislador, pues este régimen es un aspecto propio del Estatuto General de la Contratación Pública, cuya expedición corresponde al Congreso de la República, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, por lo que en esta materia rige el principio de legalidad.

De esta manera, las inhabilidades e incompatibilidades al ser límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva. En contraste, si se admitiera una interpretación amplia, extensiva, analógica o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Ley 80 de 1993 – Artículo 8, literal d) – Sanción disciplinaria – Inhabilidad para contratar -Aplicación

(…) resulta necesario realizar una distinción entre la inhabilidad para contratar con el estado y la inhabilidad general que apareja la destitución. La primera hace parte del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado previsto en el artículo 8-1 de la Ley 80 de 1993, particularmente lo dispuesto en su literal d), el cual regula las inhabilidades derivadas de sanciones disciplinarias. Dicha inhabilidad está dirigida a dos grupos de personas, en primer lugar, quienes hayan sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, y la segunda, quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución cuando incurre en faltas gravísimas, especialmente aquellas que afectan principios como la moralidad, la legalidad, la imparcialidad o la eficiencia administrativa.

De conformidad con el mencionado artículo, se indica que, se encuentran inhabilitadas para participar en procesos de selección y para celebrar contratos con las entidades estatales aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas disciplinariamente con destitución, mientras subsistan los efectos jurídicos de dicha sanción. Esta inhabilidad, tiene como fundamento la protección de los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, en la medida en que busca excluir temporalmente del vínculo contractual con el Estado a quienes, en ejercicio de funciones públicas o con ocasión de ellas, hayan incurrido en faltas disciplinarias y que por su gravedad ameritaron una sanción impuesta en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, conforme al Código General Disciplinario regulado por la Ley 1952 de 2019.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Ley 1952 de 2019 – Artículos 48 y 49 – Sanción disciplinaria – Inhabilidad general-Aplicación

(…) la inhabilidad para contratar con el estado de la que versa el artículo 8-1, literal d), de la Ley 80 de 1993, opera por mérito de la ley durante el término de 5 años siguientes a la ejecutoria del acto que impone la sanción disciplinaría de destitución. El principal efecto de esta restricción, al igual que de las demás previstas en el art. 8 de la Ley 80 de 1993, es la imposibilidad de celebrar o ejecutar contratos estatales o participar en procesos de selección, Por otra parte la inhabilidad general restringe la posibilidad ejercer la función pública, durante el término determinado por la autoridad disciplinaria en función de la gravedad de la falta, previsto en el artículo 49-1, literal d y artículo 48 numerales 1 y 2 de la Ley 1953 de 2019. Dicho lo anterior, aunque la inhabilidad general que acompaña la destitución guarda relación con la prevista en la Ley 80 de 1993, presentan diferencias en cuanto a su ámbito de aplicación, tanto material como temporal, por lo que no producen los mismos efectos ni se aplican en las mismas circunstancias.

No obstante, aunque la inhabilidad general asociada a la destitución, por sí sola, no genera la pérdida de la capacidad para contratar una vez han transcurrido 5 años desde la ejecutoria de la sanción, sí puede producir dicho efecto cuando el objeto del contrato implique el desarrollo de actividades restringidas por el artículo 49-1, literal d), de la Ley 1952 de 2019, esto es, el ejercicio de funciones públicas. En este escenario, la inhabilidad general impuesta junto con la destitución impide la celebración de contratos estatales que comporten el ejercicio de funciones públicas durante el término de vigencia de la sanción fijada por la autoridad disciplinaria. (…)

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Ley 80 de 1993 – Artículo 8, literal d) – Sanción disciplinaria – Temporalidad

(…) En ese contexto, la inhabilidad para contratar con el estado de la que versa el artículo 8-1, literal d), de la Ley 80 de 1993, opera por mérito de la ley durante el término de 5 años siguientes a la ejecutoria del acto que impone la sanción disciplinaría de destitución. El principal efecto de esta restricción, al igual que de las demás previstas en el art. 8 de la Ley 80 de 1993, es la imposibilidad de celebrar o ejecutar contratos estatales o participar en procesos de selección, Por otra parte la inhabilidad general restringe la posibilidad ejercer la función pública, durante el término determinado por la autoridad disciplinaria en función de la gravedad de la falta, previsto en el artículo 49-1, literal d y artículo 48 numerales 1 y 2 de la Ley 1953 de 2019. Dicho lo anterior, aunque la inhabilidad general que acompaña la destitución guarda relación con la prevista en la Ley 80 de 1993, presentan diferencias en cuanto a su ámbito de aplicación, tanto material como temporal, por lo que no producen los mismos efectos ni se aplican en las mismas circunstancias. (…)

Ley 1952 de 2019 – Certificado Antecedentes Disciplinarios – Registro de sanciones

(…) debe precisarse que las anotaciones registradas en el certificado de antecedentes disciplinarios, de conformidad con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, artículo 238, tienen un carácter estrictamente informativo y no constituyen, por sí mismas, una sanción ni generan efectos restrictivos automáticos. En dicho certificado se consignan las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Así las cosas, la sola existencia de un antecedente disciplinario no implica necesariamente una inhabilidad para contratar con el Estado, salvo que del mismo se derive una sanción disciplinaria con efectos jurídicos vigentes que expresamente restrinjan dicha posibilidad, como ocurre en los casos de destitución con inhabilidad general. (…)

Bogotá D.C., 09 Febrero 2026

Señor

Omar Enrique Martínez Blanco

omartinezblanc@gmail.com

Cartagena, Bolívar

Estimado Señor Martínez,

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta de fecha 30 de diciembre de 2025, en la cual manifiesta lo siguiente:

“[…] acudo ante ustedes muy respetuosamente por medio del presente escrito con el fin de que me indiquen si una persona que ha sido destituido e inhabilitado por trece años o más puede contratar con entidades públicas después de haber pasado cinco (5) años de la fecha en que se impuso la destitución e inhabilidad, es decir, puede firmar OPS, participar en procesos de contratación y de ser favorable su oferta podrá firmar el respectivo contrato, esto teniendo en cuenta lo establecido en el literal d), numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1983, el cual indica: “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d), e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso, o de la celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma”.

Como se puede ver la anotación de las inhabilidades indicadas en el certificado de fecha 4 de octubre de 2019 (hasta el 31 de enero de 2021) ha sido retirada en el certificado del 15 de agosto de 2025. (…)”

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La inhabilidad para contratar con el Estado impuesta como consecuencia de una sanción disciplinaria tiene carácter indefinido o está sujeta al término previsto en la Ley 80 de 1993?

2. Respuesta:

3. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

i. Las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o la ley que impiden la posibilidad de que ciertas personas sean elegidas o designadas en un cargo público o puedan celebrar contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la gestión pública. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer una relación jurídica contractual con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. Estas restricciones o limitaciones que afectan la capacidad jurídica de las personas para contratar realizan los principios de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, con especial énfasis en el de moralidad. Así lo ha entendido el Consejo de Estado:

“De manera primordial en esta reflexión debe advertirse que la consagración legal de las incompatibilidades e inhabilidades en materia contractual, no es sino desarrollo del Principio de Moralidad que la Constitución Política consagra como uno de los rectores de la Función Administrativa, instituido en el artículo 209 de la Carta, toda vez que este Principio –en su carácter jurídico, ordenador y orientador del derecho– constituye la Finalidad, el Deber Ser, la Razón de Primer Orden en la cual se inspira, justifica y legitima la existencia de las normas que definen y regulan las inhabilidades e incompatibilidades.

Adicionalmente, toda vez que la Jurisprudencia Constitucional se ha referido a la protección del Interés General como causa que legitima la estructuración legal de las incompatibilidades e inhabilidades, se puede precisar que la regulación de sus causales para contratar con el Estado debe orientarse por el Principio de Moralidad que obviamente –como es propio de todos los Principios de la Función Administrativa– se despliega ordenado con base en la protección prevalente del interés general y, por ello, se entiende que la potestad de configuración legislativa en materia de incompatibilidades e inhabilidades para contratar con el Estado puede concretarse a través de una regla de carácter excluyente para determinados potenciales contratistas, la cual se impone entonces por razón de ese fin de interés general como regla legal prevalente, esto es que puede ser impuesta sobre el derecho individual a contratar con el Estado”^[1].

Las inhabilidades e incompatibilidades son medios que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo del régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado. Por ello, la competencia para determinar qué hechos o situaciones generan inhabilidad para contratar con el Estado la tiene el legislador, pues este régimen es un aspecto propio del Estatuto General de la Contratación Pública, cuya expedición corresponde al Congreso de la República, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, por lo que en esta materia rige el principio de legalidad.

De esta manera, las inhabilidades e incompatibilidades al ser límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva. En contraste, si se admitiera una interpretación amplia, extensiva, analógica o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado^[2].

ii. Dicho lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, resulta necesario realizar una distinción entre la inhabilidad para contratar con el estado y la inhabilidad general que apareja la destitución. La primera hace parte del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado previsto en el artículo 8-1 de la Ley 80 de 1993, particularmente lo dispuesto en su literal d)^[3], el cual regula las inhabilidades derivadas de sanciones disciplinarias. Dicha inhabilidad está dirigida a dos grupos de personas, en primer lugar, quienes hayan sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, y la segunda, quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución cuando incurre en faltas gravísimas, especialmente aquellas que afectan principios como la moralidad, la legalidad, la imparcialidad o la eficiencia administrativa.

De conformidad con el mencionado artículo, se indica que, se encuentran inhabilitadas para participar en procesos de selección y para celebrar contratos con las entidades estatales aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas disciplinariamente con destitución, mientras subsistan los efectos jurídicos de dicha sanción. Esta inhabilidad, tiene como fundamento la protección de los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, en la medida en que busca excluir temporalmente del vínculo contractual con el Estado a quienes, en ejercicio de funciones públicas o con ocasión de ellas, hayan incurrido en faltas disciplinarias y que por su gravedad ameritaron una sanción impuesta en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, conforme al Código General Disciplinario regulado por la Ley 1952 de 2019.

Por otra parte, la inhabilidad general, está regulada en los artículos 48^[4] y 49^[5] de la Ley 1952 de 2019. El artículo 48 establece cuáles son las sanciones disciplinarias y sus límites, según la gravedad de la falta y si fue cometida con dolo o culpa. Las sanciones van desde amonestaciones escritas y multas para faltas leves, suspensiones e inhabilidades para faltas graves, hasta destitución e inhabilidad por varios años para faltas gravísimas. Por su parte, el artículo 49 determina las consecuencias jurídicas de la comisión de una falta gravísima, disponiendo que, cuando estas sean realizadas con dolo o culpa gravísima, la sanción aplicable será la destitución e inhabilidad general, lo que implica no solo la desvinculación inmediata del cargo, sino también la imposibilidad de ejercer función pública y, en los términos previstos por la ley, de contratar con el Estado durante el periodo fijado en el fallo disciplinario.

En ese contexto, la inhabilidad para contratar con el estado de la que versa el artículo 8-1, literal d), de la Ley 80 de 1993, opera por mérito de la ley durante el término de 5 años siguientes a la ejecutoria del acto que impone la sanción disciplinaría de destitución. El principal efecto de esta restricción, al igual que de las demás previstas en el art. 8 de la Ley 80 de 1993, es la imposibilidad de celebrar o ejecutar contratos estatales o participar en procesos de selección, Por otra parte la inhabilidad general restringe la posibilidad ejercer la función pública, durante el término determinado por la autoridad disciplinaria en función de la gravedad de la falta, previsto en el artículo 49-1, literal d y artículo 48 numerales 1 y 2 de la Ley 1953 de 2019. Dicho lo anterior, aunque la inhabilidad general que acompaña la destitución guarda relación con la prevista en la Ley 80 de 1993, presentan diferencias en cuanto a su ámbito de aplicación, tanto material como temporal, por lo que no producen los mismos efectos ni se aplican en las mismas circunstancias.

No obstante, aunque la inhabilidad general asociada a la destitución, por sí sola, no genera la pérdida de la capacidad para contratar una vez han transcurrido 5 años desde la ejecutoria de la sanción, sí puede producir dicho efecto cuando el objeto del contrato implique el desarrollo de actividades restringidas por el artículo 49-1, literal d), de la Ley 1952 de 2019, esto es, el ejercicio de funciones públicas. En este escenario, la inhabilidad general impuesta junto con la destitución impide la celebración de contratos estatales que comporten el ejercicio de funciones públicas durante el término de vigencia de la sanción fijada por la autoridad disciplinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez transcurridos los 5 años previstos en la Ley 80 de 1993, independientemente de que haya finalizado o no el término de la inhabilidad general impuesta por la autoridad disciplinaria, el sancionado con destitución podrá celebrar contratos estatales que no impliquen el ejercicio de funciones públicas. Lo anterior, en la medida en que habrán cesado los efectos de la inhabilidad prevista en el literal d) del artículo 8-1 de la Ley 80 de 1993, y siempre que el objeto contractual no se encuentre comprendido dentro de las restricciones derivadas de la inhabilidad regulada en el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019.

iii. Por otra parte, es importante precisar que la inhabilidad para contratar con el Estado y la sanción disciplinaria en cuanto produce inhabilidades corresponden a consecuencias jurídicas distintas, toda vez que, si bien ambas inhabilidades pueden tener origen en una misma sanción disciplinaria, la primera se rige por las disposiciones propias del régimen de contratación estatal y, por regla general, se circunscribe al ámbito de la actividad negocial del Estado; la segunda incide directamente en la posibilidad de acceder y desempeñar cargos o ejercer funciones públicas en los términos previstos por la Constitución Política y el Código General Disciplinario. No obstante, cuando el objeto del contrato implique el ejercicio de función pública, la vigencia de una inhabilidad general resulta jurídicamente relevante.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que las anotaciones registradas en el certificado de antecedentes disciplinarios, de conformidad con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, artículo 238^[6], tienen un carácter estrictamente informativo y no constituyen, por sí mismas, una sanción ni generan efectos restrictivos automáticos. En dicho certificado se consignan las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Así las cosas, la sola existencia de un antecedente disciplinario no implica necesariamente una inhabilidad para contratar con el Estado, salvo que del mismo se derive una sanción disciplinaria con efectos jurídicos vigentes que expresamente restrinjan dicha posibilidad, como ocurre en los casos de destitución con inhabilidad general.

En consecuencia, aunque la inhabilidad para contratar con el Estado prevista en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se extinga a los cinco (5) años contados desde la ejecutoria del acto sancionatorio, la inhabilidad general subsiste para aquellos contratos que impliquen el ejercicio de función pública. Por el contrario, en los eventos en que el contrato no comporte el ejercicio de funciones públicas, la capacidad para contratar se restablece una vez superado el término legal de la inhabilidad contractual. En tal sentido, la configuración, vigencia y verificación de las inhabilidades debe realizarse de manera diferenciada, atendiendo tanto a la naturaleza de la sanción como al tipo de vínculo contractual que se pretenda celebrar.

Finalmente, es pertinente indicar que Colombia Compra Eficiente, por vía consultiva, no puede definir un criterio universal y absoluto, sino que brinda elementos hermenéuticos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Por ello, serán las entidades públicas que adelantan el proceso de contratación, las facultadas para determinar en cada caso particular y concreto, con los principios básicos y las normas que rigen el EGCAP. En otras palabras, los conceptos de esta Agencia tienen como objeto la interpretación de normas de carácter general, esto es, del ordenamiento jurídico en abstracto, no la resolución de controversias o la asesoría para casos concretos; además, no son vinculantes o de obligatorio cumplimiento para el destinatario, sino que expresan la posición interpretativa del organismo que elabora el concepto.

4. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

5. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se ha referido sobre el régimen de inhabilidades en los conceptos C-273 del 21 de mayo de 2020, C-386 del 24 de julio de 2020, C-580 del 21 de septiembre de 2020, C-639 del 27 de octubre del 2020, C-650 del 10 de noviembre de 2020, C-684 del 24 de noviembre de 2020 C-004 del 12 de febrero de 2021, C-815 del 18 de febrero de 2021, C-210 del 12 de mayo de 2021, C-275 del 11 de junio de 2021, C-321 del 2 de julio de 2021, C-410 del 7 de julio del 2021, C-491 del 14 de septiembre de 2021, C-028 del 28 de febrero de 2022, C-318 del 18 de mayo de 2022, C-252 del 30 de mayo de 2022, C-175 del 4 de mayo de 2023, C-234 del 5 de julio de 2023, C-408 del 21 de agosto de 2024, C-975 del 16 de diciembre de 2024, C-1716 del 23 de diciembre de 2025, C-1790 del 30 de diciembre de 2025, C-1655 del 03 de febrero de 2026.

Estos y otros se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos

También le contamos que ya se encuentra disponible la Guía de lineamientos de transparencia y selección objetiva para el departamento de La Guajira – Objetivo sexto constitucional de la Sentencia T-302 del 2017. Esta Guía se expedide en el marco del cumplimiento de la orden proferida por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del 2017. Con su implementación se busca contribuir a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la situación de vulneración masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los niños y de las niñas del Pueblo Wayúu. Puede consultar la guía en el siguiente enlace: Guía de lineamientos de transparencia y selección objetiva para el departamento de La Guajira – Objetivo sexto constitucional de la Sentencia T-302 del 2017

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Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

1. Consejo De Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de noviembre de 2013. Rad. 25.646.C.P. Mauricio Fajardo Gómez. ↑

2. Por ejemplo, el máximo tribunal constitucional ha indicado, al tratar de precisar el sentido de este tipo de normas, que “[…] el intérprete de las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el alcance de las causales legalmente fijadas” (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1039 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. La Corte Constitucional ha mantenido este criterio en las sentencias: C-903 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; C-101 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; entre otras).

   Por su parte, el Consejo de Estado ha acogido también este criterio, considerando –como expresa la Sala de Consulta y Servicio Civil–, que “La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades constituye una aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo 6º de la Constitución, según el cual ‘Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes’ lo que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido” (Cfr. Consejo De Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de abril de 2015. Exp. 2251. C.P. Álvaro Namén Vargas. En un sentido similar, Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2015. Exp. 40.635. C.P. Hernán Andrade Rincón (E) y Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 2013. Rad. 24.057. C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz). ↑

3. Ley 80 de 1993, Artículo 8:” Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: […]

   d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. ↑

4. Artículo 48. Clases y límites de las sanciones disciplinarias. “El disciplinable está sometido a las siguientes sanciones:

   1. Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.

   2. Destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima. […] Parágrafo. En el evento que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad.” ↑

5. Artículo 49. Definición de las sanciones.”

   1. La destitución e inhabilidad general implica:

   a. La terminación de la relación del servidor público o del particular con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección; o

   b. La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley; o

   c. La terminación del contrato de trabajo; y

   d. En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el termino señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. […] Parágrafo. Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en periodo diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva. ↑

6. Artículo 238. Registro de sanciones. “Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos corresponsabilidad fiscal, de las decisiones de perdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes. […] La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. […]”. ↑