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Además del límite económico, las modificaciones deben hacerse durante la vigencia del contrato, constar por escrito, estar justificadas y contar con disponibilidad presupuestal. La entidad debe acreditar una necesidad sobreviniente, preservar el objeto y los principios de la contratación pública, y sustentar los valores con las condiciones pactadas o, si los precios no estaban definidos, con un análisis objetivo del mercado.
Relatoría conservada de Colombia Compra Eficiente.
ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50%
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos.
ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso; de manera que para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo vigente al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2; el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las modificaciones podrían hacerse en diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario mínimo la operación sería la misma si se toma el monto en pesos.
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – condiciones – Límites
Sin perjuicio de lo expuesto, fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación.
Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación.
Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal.
ADICIÓN – Presupuestos – Estudio de Mercado
En ese sentido, la procedencia de una adición exige verificar, en cada caso concreto, la existencia de una necesidad sobreviniente durante la ejecución contractual que haga necesario ampliar las prestaciones inicialmente pactadas, y que dicha necesidad no sea consecuencia de una deficiente planeación atribuible a la entidad estatal. Esta circunstancia debe encontrarse debidamente acreditada en los estudios y documentos que sustenten la modificación y permitir establecer que la adición constituye una alternativa jurídica y procedente para atender la necesidad identificada. A su vez, la modificación debe preservar el núcleo esencial del contrato, atender los límites cuantitativos expuestos y recaer sobre prestaciones que guarden una relación directa con el objeto inicialmente contratado, de manera que no se utilice para incorporar prestaciones sustancialmente diferentes o para eludir la realización de un nuevo proceso de contratación.
Lo anterior supone que este análisis no puede limitarse a constatar la existencia de una necesidad adicional, sino que la entidad debe justificar las razones por las cuales dicha necesidad puede ser atendida mediante la modificación del contrato vigente, en lugar de acudir a la celebración de un nuevo proceso de selección.
Dentro de este análisis, adquiere especial relevancia la determinación del valor de la adición, el cual debe sustentarse en criterios objetivos y verificables, que guarden correspondencia con las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, así como con las condiciones del mercado. En efecto, respecto de las prestaciones cuyos precios fueron determinados y pactados desde la celebración del contrato, la entidad deberá partir de las condiciones económicas inicialmente acordadas para establecer el valor de las prestaciones que serán objeto de la adición. Lo anterior, sin perjuicio de considerar los riesgos que hayan sido asignados a las partes, particularmente aquellos relacionados con las fluctuaciones de precios que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. Por su parte, cuando la adición comprenda prestaciones cuyos precios no fueron establecidos inicialmente en el contrato, resulta pertinente que la entidad adelante un análisis de las condiciones del mercado que le permita determinar, mediante criterios objetivos y verificables, los precios que razonablemente deberían reconocerse por dichas prestaciones.
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Preguntas frecuentes
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¿Cuál es el límite para adicionar el valor de un contrato estatal?
¿El límite aplica si el aumento se acuerda mediante un otrosí o una modificación?
¿Se puede modificar un contrato estatal después de que termina su plazo?
¿Qué debe justificar la entidad para realizar una adición?
¿Cómo se determina el valor de prestaciones que no tenían precio pactado?
Texto del concepto
ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50%¶
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. ¶
ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993¶
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.¶
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso; de manera que para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo vigente al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2; el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las modificaciones podrían hacerse en diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario mínimo la operación sería la misma si se toma el monto en pesos. ¶
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – condiciones – Límites¶
Sin perjuicio de lo expuesto, fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación. ¶
Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación.¶
Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal. ¶
ADICIÓN – Presupuestos – Estudio de Mercado¶
En ese sentido, la procedencia de una adición exige verificar, en cada caso concreto, la existencia de una necesidad sobreviniente durante la ejecución contractual que haga necesario ampliar las prestaciones inicialmente pactadas, y que dicha necesidad no sea consecuencia de una deficiente planeación atribuible a la entidad estatal. Esta circunstancia debe encontrarse debidamente acreditada en los estudios y documentos que sustenten la modificación y permitir establecer que la adición constituye una alternativa jurídica y procedente para atender la necesidad identificada. A su vez, la modificación debe preservar el núcleo esencial del contrato, atender los límites cuantitativos expuestos y recaer sobre prestaciones que guarden una relación directa con el objeto inicialmente contratado, de manera que no se utilice para incorporar prestaciones sustancialmente diferentes o para eludir la realización de un nuevo proceso de contratación.¶
Lo anterior supone que este análisis no puede limitarse a constatar la existencia de una necesidad adicional, sino que la entidad debe justificar las razones por las cuales dicha necesidad puede ser atendida mediante la modificación del contrato vigente, en lugar de acudir a la celebración de un nuevo proceso de selección. ¶
Dentro de este análisis, adquiere especial relevancia la determinación del valor de la adición, el cual debe sustentarse en criterios objetivos y verificables, que guarden correspondencia con las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, así como con las condiciones del mercado. En efecto, respecto de las prestaciones cuyos precios fueron determinados y pactados desde la celebración del contrato, la entidad deberá partir de las condiciones económicas inicialmente acordadas para establecer el valor de las prestaciones que serán objeto de la adición. Lo anterior, sin perjuicio de considerar los riesgos que hayan sido asignados a las partes, particularmente aquellos relacionados con las fluctuaciones de precios que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. Por su parte, cuando la adición comprenda prestaciones cuyos precios no fueron establecidos inicialmente en el contrato, resulta pertinente que la entidad adelante un análisis de las condiciones del mercado que le permita determinar, mediante criterios objetivos y verificables, los precios que razonablemente deberían reconocerse por dichas prestaciones.¶
Bogotá D.C., 9 noviembre 2026
Señor
Peticionario Anónimo
Ciudad
Concepto C- 1550 de 2026 | |
Temas: | ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50% / ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993¶ / MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES –¶ Procedencia – condiciones – Límites / ADICIÓN – Presupuestos – Estudio de Mercado¶ |
Radicación: | Respuesta a consulta con radicado N.º 1_2026_10_01_013225¶ |
Estimado Peticionario:
En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde a su solicitud radicada ante esta entidad el 01 de octubre de 2026 en la cual manifiesta lo siguiente:¶
“
Cordial Saludo,
Asunto: Solicitud de concepto sobre adición en valor y ampliación del alcance de un contrato estatal¶
De manera respetuosa, me permito poner a consideración la presente solicitud de concepto jurídico relacionada con la posibilidad de realizar una adición en valor a un contrato estatal y a su vez, ampliar su alcance mediante la incorporación de ítems o actividades que no fueron contemplados inicialmente.¶
En particular, se solicita precisar si dentro del marco de la contratación estatal una entidad pública puede adicionar el valor de un contrato e incorporar nuevos ítems o actividades que guarden relación directa con el objeto contractual inicialmente establecido, siempre que exista una debida justificación técnica, jurídica y financiera que sustente su necesidad y pertinencia.¶
Lo anterior, teniendo en cuenta que la normativa aplicable no resulta suficientemente clara respecto de los límites y condiciones bajo los cuales sería procedente modificar el alcance de un contrato mediante:”¶
De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.¶
Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.¶
- Problema planteado
De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Puede una entidad estatal adicionar el valor de un contrato e incorporar nuevos ítems o actividades no previstas inicialmente, siempre que estos guarden relación directa con el objeto contractual y se encuentren debidamente justificados técnica, jurídica y financieramente?¶
- Respuesta:
De conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en el Concepto C-1241 del 31 de agosto de 2026, los contratos estatales pueden ser objeto de modificaciones durante su ejecución, entre ellas, la adición, siempre que se observen los presupuestos, límites y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico.¶
En particular, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 reconoce la posibilidad de que las entidades y los contratistas acuerden las modalidades, condiciones y estipulaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio del límite conforme al cual los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.¶
La procedencia de una adición contractual no depende exclusivamente de la voluntad de las partes ni de la existencia de recursos disponibles, sino de la acreditación de una necesidad real y cierta que justifique ampliar las prestaciones inicialmente contratadas. Así mismo, la modificación debe guardar conexidad con el objeto contractual, preservar su núcleo esencial, realizarse durante la vigencia del contrato, constar por escrito, ser suscrita por el funcionario competente, contar con el respectivo respaldo presupuestal y encontrarse debidamente motivada.¶
De igual manera, la adición no puede utilizarse para subsanar deficiencias de planeación imputables a la entidad, ni introducir condiciones que hubieran podido alterar la participación de los interesados o la selección de la oferta en el proceso de contratación. Por ello, su procedencia debe examinarse a la luz de los principios de planeación, transparencia, igualdad, libertad de concurrencia, selección objetiva, economía y responsabilidad.¶
En este contexto, las condiciones económicas originalmente pactadas pueden ser consideradas por la entidad dentro del análisis de conveniencia y razonabilidad de una eventual adición. Particularmente, cuando las¶
prestaciones que se pretenden ampliar corresponden a bienes o servicios cuyos precios fueron definidos en el contrato, la entidad deberá partir de los valores inicialmente pactados, teniendo en cuenta los riesgos asignados a las partes y las demás condiciones contractuales. A su vez, cuando se trate de prestaciones cuyos precios no fueron determinados inicialmente, será necesario adelantar los análisis correspondientes para establecer valores razonables y acordes con las condiciones vigentes del mercado.¶
En ese sentido, un estudio de mercado actualizado que permita establecer que los precios inicialmente pactados continúan siendo inferiores a los precios vigentes constituye un elemento objetivo que puede ser valorado para determinar la razonabilidad y conveniencia económica de la adición. Esta circunstancia puede contribuir a demostrar que la utilización del contrato vigente representa una alternativa económicamente favorable para la administración frente a la eventual celebración de un nuevo contrato.¶
Sin embargo, la circunstancia de que los precios inicialmente pactados sean inferiores a los precios actuales del mercado no constituye, por sí sola, fundamento jurídico suficiente para adicionar el contrato. La ventaja económica derivada de conservar las condiciones inicialmente obtenidas constituye un elemento del análisis de conveniencia, pero no sustituye la obligación de acreditar la existencia de una necesidad real y cierta que requiera ampliar las prestaciones inicialmente contratadas.¶
Por tanto, para determinar la procedencia de la adición, la entidad deberá acreditar que la necesidad que pretende satisfacer guarda conexidad con el objeto contractual, que la modificación no altera su naturaleza o núcleo esencial, que no obedece a una deficiente planeación inicial y que se cumplen los límites y requisitos de orden cuantitativo, temporal, formal y material previstos para esta clase de modificaciones. Una vez acreditados dichos presupuestos, la existencia de condiciones económicas más favorables que las vigentes en el mercado podrá ser incorporada como un criterio objetivo para sustentar la conveniencia y razonabilidad económica de la decisión.¶
Finalmente, debe advertirse que el análisis en torno a un proceso de contratación especifico debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados de adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.¶
Así las cosas, al tratarse de un análisis que debe realizarse en un procedimiento contractual específico, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, validar sus actuaciones.¶
- Razones de la respuesta:
Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:¶
Una de las manifestaciones de modificación de los contratos es mediante la adición. Al respecto, es oportuno explicar que la palabra adición significa “acción y efecto de añadir o agregar”. Los contratos estatales pueden ser objeto de situaciones que impliquen la necesidad de adicionar o modificar las condiciones inicialmente pactadas, conforme lo prescribe el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pudiendo incluirse las modalidades, condiciones y, en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.¶
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las¶
entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos.¶
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo¶
40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al EGCAP.¶
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso. Para tales efectos, para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente – en adelante SMLMV – al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por dos (2); el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato.¶
En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en SMLMV, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las adiciones podrían hacerse en diferentes vigencias fiscales, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del SMMLV la operación sería la misma si se toma el monto en pesos.¶
A modo ilustrativo, y con fines netamente pedagógicos, exponemos a continuación el siguiente ejemplo: la entidad estatal celebra un contrato de prestación de servicios por un valor de $10.000.000 en vigencia 2022. Para esa¶
vigencia el valor del SMLMV era de $1.000.000. Para efectos del cálculo del 50% límite para llevar a cabo la adición del contrato, necesariamente debemos dividir el valor del contrato (10.000.000) por el salario mínimo vigente al momento de la suscripción del contrato (1.000.000). El resultado de la operación anterior¶
(10) pasa a dividirse por 2, por cuanto es claro que la adición debe ser por, máximo, el 50 % del valor del contrato. En ese orden, el resultado de la segunda operación (5) constituye el número de salarios mínimos por los cuales podrá adicionarse el contrato. Supongamos que, en nuestro ejemplo, la adición se llevará a cabo en la vigencia 2026 y el valor será de $6.500.000. En el año 2026, el SMLMV es de $ 1.750.905, lo que supone que la adición corresponde a 3,71 SMLMV al momento de la adición, en la medida en que la división del valor de la adición 6.500.000 y el valor del SMLMV al momento de la adición arroja 3,71 SMLMV. Por lo tanto, la adición que se pretende en el contrato ejemplo es válida y se ajusta a la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 40, toda vez que será de 3,71 SMLMV, sin superar el 50% del valor inicialmente pactado que fue de 5 SMLMV en el año 2022.¶
El razonamiento anterior se fundamenta en la forma como la Ley 80 de 1993 estableció el tope para las adiciones, acudiendo a una forma de actualización del valor, de acuerdo con los incrementos que tenga el salario mínimo, lo que resulta especialmente relevante en contratos de larga duración. De esta manera, el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresada en SMLMV, y valga la redundancia, el valor inicial es el contemplado en el contrato originario y cualquier alteración a ese valor constituirá, técnicamente, una adición, independientemente de cuál sea su causa.¶
Sin perjuicio de lo anterior, actualmente existe una posibilidad para adicionar contratos en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en SMLMV y es la contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, para los contratos de interventoría que, por su naturaleza de seguimiento técnico, deberá someterse al plazo en que haya sido prorrogado el contrato objeto de vigilancia. Esta disposición, cumple con el objetivo de fortalecer la figura de la interventoría, como una herramienta integral, para proteger los intereses públicos y no causar un daño antijurídico al abandonar la vigilancia del contrato principal, por limitaciones presupuestales.¶
Así las cosas, la regla establecida en el parágrafo de dicha norma aplica a todos los contratos estatales regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP –, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual del negocio jurídico que se considere necesario adicionar o del sistema de precios pactados. Lo anterior, salvo lo prescrito por la Ley 1474 de 2011 en su artículo 85 sobre los contratos de interventoría.¶
Ahora bien, también es importante mencionar que fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modifi cación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación1.¶
Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y;¶
ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 112 y 12 de¶
1 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P.: Óscar Daría Amaya Navas. Concepto del 06 de junio 2018. Radicación número: 2369.¶
2 ARTICULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA¶
CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2o.:¶
1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.¶
2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República. 3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:¶
- Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la¶
la Ley 80 de 19933, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado:¶
“El expediente de contratación y la actuación administrativa inicial que comprende los estudios previos, el análisis de riesgos y el presupuesto oficial o estimativo de costos necesario para la modificación del contrato, deberán dar cuenta de las razones de interés público que hacen necesario afectar lo inicialmente pactado. Como regla general, las mismas razones del deber de planeación para el contrato inicial se imponen como requisito previo del contrato modificatorio.¶
La motivación del contrato modificatorio resulta un elemento esencial que permita determinar su juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. Se trata de un requisito indispensable para el control de legalidad del contrato o del acto de modificación.¶
La modificación no es una facultad discrecional, cuyo ejercicio penda de criterios de mera conveniencia o de utilidad para la entidad estatal o para su contratista, ni puede servir como instrumento ilegal para mejorar o hacer más favorables las condiciones económicas del adjudicatario. A diferencia del contrato privado, solo procederá por necesidades de interés general que sustenten y justifiquen la legalidad de la modificación” 4.¶
Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil.¶
- A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.¶
- Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles.¶
3 ARTICULO 12. DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.¶
En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.¶
Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las activid ades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso.¶
4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P.: Óscar Daría Amaya Navas. Concepto del 6 de junio de 2018. Radicación número: 2369.¶
Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada” 5. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal.¶
Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las Entidades Públicas eligen, dentro de un “régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida”. Esto supone que la selección objetiva de la oferta más favorable se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público.¶
En virtud de la aplicación de los principios de transparencia, libertad de concurrencia e igualdad, consagrados en el EGCAP, y las reglas sustanciales del Pliego de Condiciones, que permitieron elegir la mejor oferta, previo cumplimiento de unos requisitos con base en los cuales la oferta del contratista fue considerada la más favorable, estos deben ser de estricta observancia y deben mantenerse durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la actuación previa.¶
Asi las cosas, las modificaciones deben realizarse durante la vigencia del contrato, constar por escrito, ser suscrita por el funcionario competente, contar¶
con respaldo presupuestal y estar debidamente motivada. Materialmente, debe guardar conexidad con el objeto contractual, preservar su núcleo esencial y no introducir condiciones que hubieran podido modificar la participación de los interesados o la selección de la oferta. Asimismo, debe respetar los principios de planeación, transparencia, igualdad, libertad de concurrencia y selección objetiva.¶
Bajo este contexto, de cara a las consultas planteadas, es preciso señalar que la procedencia de una adición contractual debe analizarse a partir de los límites y condiciones señalados, teniendo en cuenta que, si bien el ordenamiento jurídico permite que las partes modifiquen de común acuerdo los contratos durante su ejecución, esta posibilidad tiene carácter excepcional y no puede obedecer a la mera voluntad de los contratantes ni utilizarse como mecanismo para suplir deficiencias de la planeación inicial6. Por el contrario, la modificación debe encontrarse sustentada en una causa real, cierta, orientada a garantizar la satisfacción del interés público y compatible con los fines y principios que rigen la contratación estatal.¶
En ese sentido, la procedencia de una adición exige verificar, en cada caso concreto, la existencia de una necesidad sobreviniente durante la ejecución contractual que haga necesario ampliar las prestaciones inicialmente pactadas, y que dicha necesidad no sea consecuencia de una deficiente planeación atribuible a la entidad estatal. Esta circunstancia debe encontrarse debidamente¶
6 Al respecto el Consejo de estado señaló que: “La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utili za locuciones¶
relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su carg o y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar. Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y prefe rida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes”. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo¶
acreditada en los estudios y documentos que sustenten la modificación y permitir establecer que la adición constituye una alternativa jurídica y procedente para atender la necesidad identificada. A su vez, la modificación debe preservar el núcleo esencial del contrato, atender los límites cuantitativos expuestos y recaer sobre prestaciones que guarden una relación directa con el objeto inicialmente contratado, de manera que no se utilice para incorporar prestaciones sustancialmente diferentes o para eludir la realización de un nuevo proceso de contratación.¶
Lo anterior supone que este análisis no puede limitarse a constatar la existencia de una necesidad adicional, sino que la entidad debe justificar las razones por las cuales dicha necesidad puede ser atendida mediante la modificación del contrato vigente, en lugar de acudir a la celebración de un nuevo proceso de selección.¶
Dentro de este análisis, adquiere especial relevancia la determinación del valor de la adición, el cual debe sustentarse en criterios objetivos y verificables, que guarden correspondencia con las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, así como con las condiciones del mercado. En efecto, respecto de las prestaciones cuyos precios fueron determinados y pactados desde la celebración del contrato, la entidad deberá partir de las condiciones económicas inicialmente acordadas para establecer el valor de las prestaciones que serán objeto de la adición. Lo anterior, sin perjuicio de considerar los riesgos que hayan sido asignados a las partes, particularmente aquellos relacionados con las fluctuaciones de precios que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. Por su parte, cuando la adición comprenda prestaciones cuyos precios no fueron establecidos inicialmente en el contrato, resulta pertinente que la entidad adelante un análisis de las condiciones del mercado que le permita determinar, mediante criterios objetivos y verificables, los precios que razonablemente deberían reconocerse por dichas prestaciones.¶
De esta manera, el estudio de mercado cumple una función relevante cuando, una vez determinada la procedencia de la adición, sea necesario establecer y sustentar su valor, pues proporciona elementos objetivos para determinar que los precios de las prestaciones que se incorporarán mediante la modificación son razonables, proporcionales y acordes con las condiciones del mercado y permite también identificar que los precios inicialmente pactados resultan más favorable frente a las condiciones del mercado . No obstante, este¶
análisis debe entenderse como un elemento de soporte dentro del análisis integral de la modificación y no como un presupuesto autónomo que, por sí mismo, habilite la adición.¶
En consecuencia, la entidad deberá acreditar, en primer lugar, la existencia de la necesidad y la concurrencia de los demás presupuestos que determinan la procedencia jurídica de la modificación y, posteriormente, acudir al análisis de mercado como un componente orientado a sustentar la razonabilidad y conveniencia económica de los valores que se pretenden incorporar al contrato.¶
Bajo esta premisa, el hecho de que un estudio de mercado actualizado evidencie que los precios inicialmente pactados continúan siendo inferiores a los vigentes en el mercado no constituye, por sí mismo, una razón suficiente para determinar la procedencia de una adición contractual. De igual manera, la existencia de un ahorro derivado del proceso de contratación no justifica, por sí sola, la adición ni genera para la entidad el deber de ejecutar dichos recursos mediante una modificación contractual. Tanto la mayor competitividad de los precios inicialmente pactados como la existencia de recursos disponibles producto de un ahorro en el proceso de contratación son elementos que pueden ser considerados dentro del análisis económico de una eventual modificación, pero no sustituyen la acreditación de la necesidad que la justifica.¶
Por consiguiente, la entidad deberá acreditar previamente la concurrencia de los presupuestos que hacen jurídicamente procedente la modificación, sin que el ahorro derivado del proceso de contratación constituya una razón por sí misma que justifique la adición del contrato. Para tal efecto, como se explicó, deberá demostrar, en cada caso concreto, la existencia de una necesidad real y cierta que determine la necesidad de ampliar las prestaciones inicialmente contratadas, que esta guarde conexidad con el objeto contractual y no altere su naturaleza o núcleo esencial, que no tenga como finalidad subsanar deficiencias de planeación imputables a la entidad y que se observen los límites y condiciones de orden cuantitativo, temporal, formal y material aplicables a la modificación contractual.¶
Finalmente, debe advertirse que el análisis para resolver problemas en torno a un proceso de contratación especifico debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas¶
relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados en adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.¶
En ese sentido, al tratarse de un análisis que debe realizarse en un procedimiento contractual específico, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, validar sus actuaciones.¶
- Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:¶
- Ley 80 de 1993, artículos 11, 12. 40.
- Ley 1474, artículo 85.
- CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P.: Óscar Daría Amaya Navas. Concepto del 06 de junio 2018. Radicación número: 2369.¶
- Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:¶
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se ha pronunciado en diferentes conceptos sobre las modificaciones y adiciones en los contratos estatales en los Conceptos Nro. C-277 de 21 de junio de 2021, C-644 de 18 de noviembre de 2021, C-755 de 21 de enero de 2022, C-152 de 1 de abril de 2022, C-267 de 5 de mayo de 2022, C-432 de 13 de julio de 2022, C-630 del 29 de septiembre de 2022, C784 del 21 de noviembre del 2022, C-398¶
del 27 de septiembre de 2023, C-452 del 7 de noviembre de 2023, C-463 del 22 de noviembre de 2023, C-471 del 25 de enero del 2024, C-329 del 22 de agosto de 2024, C-563 del 21 de octubre de 2024, C-903 del 2 de enero de 2024, C-1008 del 30 de enero de 2025, C-308 del 28 de abril de 2025, C-451 del 19 de mayo de 2025, C-491 del 3 de junio de 2025, C-165 del 26 de febrero de 2026, C-465 del 14 de abril de 2026, C-916 del 17 de julio de 2026 y C- 1241 del 31¶
de agosto de 2026, entre otros. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.¶
Estos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual puede accederse a través del siguiente enlace:https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.¶
La sostenibilidad no es una opción, es una obligación. Por ello, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– te invita a realizar el Curso de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable, una herramienta clave para fortalecer las capacidades de todos los compradores públicos, proveedores, servidores públicos v para generar mayor valor público. Accede al curso y aprende como implementar criterios sociales y ambientales en las diferentes etapas del proceso de contratación:
https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=3718¶
De otro lado, te contamos que esta Agencia ha da un paso decisivo en la estandarización y modernización del sector social con la expedición de las Resoluciones 539, 540, 541, 952 y 953 de 2025, mediante las cuales adoptó Documentos Tipo para las modalidades de selección de licitación pública (versión 2), selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía, consultoría e interventoría, promoviendo procesos más transparentes, eficientes competitivos y sostenibles en sectores estratégicos como educación, salud, cultura, recreación, deporte, institucional y vivienda. Consulta y descarga los documentos aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo¶
Si quieres conocer más sobre la aplicación de Documentos Tipo puedes consultar la última versión de la Guía para la comprensión e implementación de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. En esta actualización se incorporaron orientaciones prácticas dirigidas a entidades públicas, proveedores, organismos de control y demás interesados, con el propósito de facilitar la adecuada implementación de estos instrumentos en los procesos contractuales. Además se incluyeron lineamientos que orientan la implementación de los criterios ambientales y sociales incluidos en los documentos tipo: Consulta la guía aquí:
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-comprension-e-implementacion-de-los-documentos-tipo-de-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte-bajo-las-diferentes-modalidades-de-contratacion-vigentes¶
Aprovechamos la oportunidad para manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones a través de nuestros diferentes canales de atención: ¶
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808¶
- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788¶
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600¶
- Página web: www.colombiacompra.gov.co
Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional: ¶
Twitter: @colombiacompra
Facebook: ColombiaCompraEficiente
LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Instagram: @colombiacompraeficiente_cce¶
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.¶
Atentamente,
Elaboró: | Oscar David Morelo Pedrozo Analista T2 –02 de la Subdirección de Gestión Contractual¶ |
Revisó: | Juan David Cardenas Cabeza Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual¶ |
Aprobó: | Fabian Leonardo Vanegas Peña Subdirector de Gestión Contractual ANCP – CCE¶ |
Fuente y referencia
Autor del concepto: Colombia Compra Eficiente. Compilación y ayudas de lectura: Abogo / Hugo Ortega.
Se presenta el texto conservado en el catálogo. La fecha y el número de citas no certifican vigencia jurídica. Contrasta el documento con las normas y criterios posteriores aplicables.
Consultar la fuente enlazada de CCE →
Colombia Compra Eficiente. C-1550 de 2026 (2026-11-09). Consulta en Abogo: https://abogo.soyhugoortega.com/concepto/c-1550-de-2026-adicion. Fuente: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1550-de-2026/
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