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El concepto explica que los incrementos del valor de un contrato estatal, ya sea por mayores cantidades de prestaciones previstas o por la incorporación de nuevas actividades, deben respetar el límite del 50 % establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Para calcularlo, el valor inicial se expresa en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de suscribir el contrato y se divide por dos. También señala que las modificaciones deben hacerse durante la vigencia contractual, constar por escrito, contar con justificación y respaldo presupuestal, y respetar los principios de la contratación estatal. La liberación de recursos no extingue obligaciones pendientes. En cambio, el reajuste de precios de prestaciones ya pactadas no consume el límite de adición, siempre que no encubra nuevas obligaciones o una ampliación del alcance.
Relatoría conservada de Colombia Compra Eficiente.
ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50%
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos.
ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al EGCAP.
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso. Para tales efectos, para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente – en adelante SMLMV – al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por dos (2); el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato.
MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – Condiciones – Límites
También es importante mencionar que fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación.
Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación.
Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal.
DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL – Deber – Principio de Planeación
A partir de ese antecedente, conviene diferenciar la liberación de un respaldo presupuestal que excede las obligaciones pendientes, la constatación de una menor ejecución conforme al sistema de remuneración y el acuerdo que suprime prestaciones y disminuye el precio. En el primer supuesto, el movimiento presupuestal no modifica por sí mismo lo debido al contratista. En el segundo, el valor pagadero debe establecerse conforme a las reglas de medición y pago. En el tercero, la reducción exige identificar las obligaciones que dejan de ser exigibles y sus consecuencias económicas. Estas distinciones constituyen criterios de orientación respecto de lo expuesto en las preguntas que son objeto de estudio y respuesta por parte de la Agencia.
En particular, la existencia de apropiaciones o registros presupuestales no ejecutados no demuestra, por sí sola, que puedan liberarse recursos sin afectar compromisos vigentes. La entidad debe confrontar las obligaciones pendientes, las prestaciones recibidas y no pagadas, los ajustes procedentes y las demás sumas exigibles. Si permanecen obligaciones contractuales, la disminución de su respaldo no las extingue ni reemplaza el acuerdo requerido para modificar su alcance. Por ello, la justificación de la liberación debe ser coherente con el estado jurídico y financiero del contrato, y no limitarse a constatar que una suma aún no ha sido desembolsada.
REAJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS – Límite de adiciones – Cambio de vigencia – Alcance
En particular, el cambio de vigencia contractual puede generar la aplicación de las fórmulas de reajuste o actualización de precios previstas en el contrato. Este mayor valor no constituye, por sí mismo, una adición sometida al límite del 50 %, en la medida en que corresponda a ítems o prestaciones ya definidos y pactados, puesto que el reajuste opera precisamente como un mecanismo de preservación de las condiciones económicas del contrato frente a las fluctuaciones de los costos y no como una modificación de su contenido prestacional.
En consecuencia, si el reconocimiento económico corresponde exclusivamente a la actualización de los precios de prestaciones ya pactadas, no se computa dentro del 50 %, mientras que si el mayor valor supone incorporar nuevas prestaciones, otras obligaciones o una ampliación del contenido contractual, estará sometido al límite legal, sin perjuicio de los dispuesto sobre el reconocimiento de las mayores cantidades de obra.
Por tanto, los reajustes de precios derivados del cambio de vigencia no consumen el límite de adición del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que correspondan a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto para las prestaciones originalmente pactadas y no encubran una verdadera adición contractual. Esta conclusión debe distinguirse de los casos en que la entidad requiere ejecutar la obra con un presupuesto adicional por fuera de las prestaciones inicialmente previstas, supuesto en el cual sí deberá modificar el contrato y sujetarse al límite legal.
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Preguntas frecuentes
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¿Cuál es el límite para adicionar un contrato estatal?
¿Cómo se calcula el límite del 50 %?
¿Qué requisitos debe cumplir una modificación contractual?
¿Se pueden liberar recursos presupuestales que no se han ejecutado?
¿Los reajustes de precios cuentan dentro del límite de adición del 50 %?
Texto del concepto
ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50% ¶
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. ¶
ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993 ¶
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al EGCAP.¶
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso. Para tales efectos, para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente – en adelante SMLMV – al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por dos (2); el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. ¶
MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – condiciones – Límites ¶
También es importante mencionar que fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación. ¶
Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación.¶
Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal. ¶
DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL – Deber – Principio de Planeación ¶
A partir de ese antecedente, conviene diferenciar la liberación de un respaldo presupuestal que excede las obligaciones pendientes, la constatación de una menor ejecución conforme al sistema de remuneración y el acuerdo que suprime prestaciones y disminuye el precio. En el primer supuesto, el movimiento presupuestal no modifica por sí mismo lo debido al contratista. En el segundo, el valor pagadero debe establecerse conforme a las reglas de medición y pago. En el tercero, la reducción exige identificar las obligaciones que dejan de ser exigibles y sus consecuencias económicas. Estas distinciones constituyen criterios de orientación respecto de lo expuesto en las preguntas que son objeto de estudio y respuesta por parte de la Agencia.¶
En particular, la existencia de apropiaciones o registros presupuestales no ejecutados no demuestra, por sí sola, que puedan liberarse recursos sin afectar compromisos vigentes. La entidad debe confrontar las obligaciones pendientes, las prestaciones recibidas y no pagadas, los ajustes procedentes y las demás sumas exigibles. Si permanecen obligaciones contractuales, la disminución de su respaldo no las extingue ni reemplaza el acuerdo requerido para modificar su alcance. Por ello, la justificación de la liberación debe ser coherente con el estado jurídico y financiero del contrato, y no limitarse a constatar que una suma aún no ha sido desembolsada.¶
REAJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS – Límite de adiciones – Cambio de vigencia – Alcance ¶
En particular, el cambio de vigencia contractual puede generar la aplicación de las fórmulas de reajuste o actualización de precios previstas en el contrato. Este mayor valor no constituye, por sí mismo, una adición sometida al límite del 50 %, en la medida en que corresponda a ítems o prestaciones ya definidos y pactados, puesto que el reajuste opera precisamente como un mecanismo de preservación de las condiciones económicas del contrato frente a las fluctuaciones de los costos y no como una modificación de su contenido prestacional.¶
En consecuencia, si el reconocimiento económico corresponde exclusivamente a la actualización de los precios de prestaciones ya pactadas, no se computa dentro del 50 %, mientras que si el mayor valor supone incorporar nuevas prestaciones, otras obligaciones o una ampliación del contenido contractual, estará sometido al límite legal, sin perjuicio de los dispuesto sobre el reconocimiento de las mayores cantidades de obra. ¶
Por tanto, los reajustes de precios derivados del cambio de vigencia no consumen el límite de adición del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que correspondan a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto para las prestaciones originalmente pactadas y no encubran una verdadera adición contractual. Esta conclusión debe distinguirse de los casos en que la entidad requiere ejecutar la obra con un presupuesto adicional por fuera de las prestaciones inicialmente previstas, supuesto en el cual sí deberá modificar el contrato y sujetarse al límite legal.¶
Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2026
Señor
Óscar Hernando Morales
Bogotá D.C.
Concepto C-1573 de 2026 | |
Temas: | ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50% / ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993 / MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – condiciones – Límites / DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL – Deber – Principio de Planeación / REAJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS – Límite de adiciones – Cambio de vigencia – Alcance ¶ |
Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1_2026_10_07_013487¶ |
Estimado Señor Morales:
En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta remitida por competencia por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 7 de octubre de 2026, en la cual manifiesta: ¶
"[…] De acuerdo con la metodología señalada en el Concepto C-165 de 2026, se entendería que, para determinar el valor inicial del contrato expresado en SMLMV y, consecuentemente, el límite máximo de adición, debe utilizarse el SMLMV vigente en 2023, año de suscripción del contrato, independientemente de que los precios contractuales se encuentren expresados en pesos constantes de diciembre de 2022.¶
Agradezco confirmar si esta interpretación es correcta y, particularmente, si la circunstancia de que el contrato esté expresado en pesos constantes de una vigencia anterior tiene alguna incidencia en la determinación del valor inicial en SMLMV para efectos del límite previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.¶
2. Efecto de las disminuciones contractuales originadas en liberaciones de recursos¶
Durante la ejecución de contratos de interventoría pueden presentarse recursos inicialmente previstos que finalmente no son ejecutados. Para efectos presupuestales, en algunos casos dichas liberaciones se formalizan mediante otrosí, disminuyendo expresamente el valor del contrato.¶
Considerando que los conceptos emitidos por la Agencia han señalado que el límite de adición se determina con fundamento en el valor inicial del contrato, se entendería que una disminución posterior del valor contractual no modifica retrospectivamente dicha base.¶
No obstante, agradecería precisar el efecto que estas disminuciones tienen sobre el control acumulado del cupo de adición.¶
A manera de ejemplo:
• Valor inicial del contrato expresado en SMLMV: 10.000 SMLMV.¶
• Límite máximo de adición: 5.000 SMLMV.¶
• Primera adición: 1.000 SMLMV.
• Posterior disminución contractual por liberación de recursos: 500 SMLMV.¶
Frente a este escenario, ¿el cupo disponible para futuras adiciones continúa siendo de 4.000 SMLMV, por cuanto la disminución no constituye una adición negativa ni restituye el cupo previamente utilizado?¶
¿O la disminución contractual de 500 SMLMV tendría algún efecto sobre el cupo disponible para posteriores adiciones?¶
En otros términos, agradecería precisar si las disminuciones del valor contractual efectuadas durante la ejecución pueden incrementar, restituir o modificar el cupo disponible de adición, o si dicho cupo debe controlarse exclusivamente a partir del valor inicial del contrato y de la sumatoria de las adiciones efectivamente realizadas.¶
3. Tratamiento de adiciones sucesivas realizadas dentro de una misma vigencia¶
Se solicita precisar la metodología aplicable cuando durante una misma vigencia fiscal se efectúan dos o más adiciones al contrato.¶
A manera de ejemplo, supóngase que se realiza una primera adición en febrero de 2026 y posteriormente, en septiembre de 2026, se proyecta efectuar una segunda adición.¶
Para la primera adición, su valor se convierte a SMLMV utilizando el salario mínimo vigente para 2026, determinándose así el porcentaje o cupo consumido respecto del límite máximo de adición.¶
Al momento de tramitar la segunda adición en septiembre de 2026 surge la inquietud respecto de la forma en que debe incorporarse la primera adición al cálculo acumulado.¶
En particular, se solicita precisar si:
a) debe conservarse el valor nominal de la primera adición y, por consiguiente, el número de SMLMV calculado al momento en que esta se efectuó, acumulándolo directamente con los SMLMV correspondientes a la segunda adición; o¶
b) antes de efectuar el cálculo acumulado debe actualizarse el valor en pesos de la primera adición a la fecha de la segunda adición □por ejemplo, mediante IPC □ y posteriormente convertir ese valor actualizado a SMLMV de 2026.¶
En otras palabras, tratándose de varias adiciones efectuadas dentro de una misma vigencia, ¿el consumo del límite de adición correspondiente a cada modificación queda definitivamente determinado con el valor de la adición al momento de su perfeccionamiento, o dicho valor debe actualizarse a la fecha de cada nueva adición para establecer el consumo acumulado del límite previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993?¶
En este caso, se precisa que para el caso de interés, contractualmente se establece la indexación o reajuste de precios se efectúa en enero de cada año y permanece durante la vigencia”.¶
De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales, ni a determinar grados de responsabilidad por las actuaciones de los diferentes participes del sistema de compra pública.¶
Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero señalando algunas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.¶
- Problema planteado:
De acuerdo con el contenido de su solicitud, se presenta el siguiente problema jurídico: i) ¿Para establecer el valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y determinar el límite máximo de adición previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, debe tomarse como referencia el SMLMV vigente en el año de celebración del contrato, aun cuando el valor contractual haya sido pactado o calculado con base en precios de una vigencia diferente?; ii) Cuando durante la ejecución contractual se acuerdan disminuciones del valor del contrato derivadas de liberaciones de recursos, menores cantidades ejecutadas u otras circunstancias similares, ¿dichas disminuciones tienen algún efecto sobre el límite máximo de adición previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 o sobre el saldo disponible para futuras adiciones, o este debe determinarse exclusivamente con fundamento en el valor inicial del contrato y las adiciones efectivamente realizadas?; iii) Cuando se realizan múltiples adiciones a un mismo contrato, ¿el consumo del límite de adición debe calcularse con base en el valor de cada adición expresado en SMLMV al momento de su celebración y mantenerse inalterado para efectos del control acumulado posterior, o resulta procedente actualizar o recalcular el valor de adiciones anteriores al momento de efectuar nuevas modificaciones contractuales, particularmente en contratos que prevén mecanismos de indexación o reajuste periódico de precios?¶
- Respuesta:
En relación con los problemas jurídicos de su consulta, se expresa lo siguiente:¶ i. Para solucionar el primer problema jurídico de consulta, se expresa que, para determinar el límite del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 debe expresarse el valor inicial pactado en SMLMV de la fecha de celebración del contrato. Conforme a la metodología expuesta en el Concepto C-165 del 26 de febrero de 2026 y en los demás conceptos emitidos por la Agencia sobre la materia, el valor inicial así expresado en SMLMV debe dividirse entre dos para determinar el valor máximo susceptible de adición, por corresponder el tope legal al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor.¶ Ahora bien, en el caso objeto de consulta, dado que el contrato fue celebrado en la vigencia 2023, para efectos del cálculo correspondiente debe emplearse el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) aplicable al momento de su suscripción, de conformidad con la regla prevista en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior, con independencia de que los precios, estudios o análisis utilizados para la estructuración del negocio jurídico hayan tomado como referencia la vigencia inmediatamente anterior.¶ En tal sentido, la fecha base de los precios y la fecha de conversión a SMLMV cumplen propósitos diferentes. La primera, identifica las condiciones económicas empleadas para calcular el valor estimado del contrato; la segunda, permite aplicar la unidad de medida prevista por el legislador. De esa distinción se sigue que no corresponde sustituir el salario mínimo de celebración por el de la vigencia de referencia de los precios, ni actualizar retrospectivamente el valor inicial con IPC para ampliar el límite. En este aspecto, la entidad debe identificar el valor efectivamente estipulado en el contrato originario y el alcance de sus estipulaciones económicas.¶ ii. En relación con el segundo problema jurídico de su consulta, se detalla que una liberación presupuestal no equivale necesariamente a una reducción de las obligaciones contractuales. Debe verificarse si se trata de recursos que dejaron de requerirse o de una modificación que disminuye expresamente el valor y las prestaciones exigibles. Al respecto, el Concepto C-943 de 2022, expedido el 19 de enero de 2023, examinó una consulta sobre devoluciones de recursos no ejecutados y reiteró que el límite se determina sobre el valor inicial del contrato. Así, una disminución posterior no sustituye retrospectivamente esa base por el valor contractual reducido.¶ Respecto del saldo adicionable, de la metodología de descuento sucesivo se deriva que una disminución por liberación de recursos no debe tratarse automáticamente como una adición negativa que restablezca el cupo consumido. Esta es una conclusión interpretativa del artículo 40 y del control acumulado expuesto por la Agencia, pues el Concepto C-943 no establece expresamente una regla de restitución de la base del valor del contrato. En el ejemplo consultado, bajo el régimen general y suponiendo una adición válidamente celebrada de 1.000 SMLMV, el saldo sería de 4.000 SMLMV sobre un límite de 5.000; la reducción posterior de 500 SMLMV no lo elevaría, por ese solo hecho, a 4.500 SMLMV.¶ En todo caso, la entidad estatal debe garantizar la trazabilidad de cada modificación contractual que implique adiciones o disminuciones en el valor del contrato, dejando debidamente documentadas y motivadas las razones que las justifican. Asimismo, debe abstenerse de acudir a reducciones e incrementos sucesivos que, en la práctica, tengan por efecto eludir el límite previsto por el legislador para las adiciones contractuales. En este sentido, resulta indispensable observar el principio de planeación en todas las actuaciones asociadas a la ejecución y modificación del contrato. Por lo demás, la sola existencia de recursos liberados como consecuencia de una disminución presupuestal del contrato no constituye, por sí misma, fundamento jurídico para incorporar nuevas prestaciones o ampliar el alcance obligacional inicialmente pactado.¶ iii. Para resolver el tercer problema jurídico de su consulta, se expresa que, para el control acumulado, cada adición debe convertirse a SMLMV con el salario mínimo vigente en la fecha de su celebración y descontarse del límite disponible. La metodología reiterada en los Conceptos de la Agencia permite mantener el registro histórico de los salarios mínimos. De ella se concluye que una nueva modificación no exige reexpresar en pesos actuales ni convertir nuevamente las adiciones anteriores; el cálculo posterior suma las equivalencias determinadas en sus respectivas fechas.¶ En tal sentido, si las adiciones de febrero y septiembre de 2026 se celebran bajo el mismo SMLMV, se suman sus valores en pesos y se dividen por ese salario, operación equivalente a sumar sus conversiones individuales. No procede incorporar un IPC entre ambas fechas únicamente para recalcular el consumo de la primera adición. Si cambiara el SMLMV aplicable, cada modificación conservaría su conversión histórica y la nueva utilizaría el vigente al celebrarse, sin alterar el registro de las anteriores.¶ Para ello, se precisa que la cláusula que prevé reajustes en enero de cada año debe aplicarse según su contenido y a las prestaciones comprendidas en ella, por lo que no autoriza por sí misma una actualización adicional en septiembre. En esta línea, es necesario separar el reajuste del precio de obligaciones existentes de la remuneración de prestaciones añadidas: conforme al Concepto C-1411 de 2026, el primero no consume por sí solo el límite cuando responde genuinamente al mecanismo estipulado, mientras la segunda sí debe registrarse como adición. En consecuencia, la indexación no justifica recalcular retrospectivamente el cupo consumido, sin perjuicio de verificar las condiciones particulares del contrato, en el que debe garantizarse en todo momento el principio de planeación y con ello, una gestión adecuada de los recursos públicos. ¶ Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse en el procedimiento contractual específico, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Por tanto, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.¶ |
- Razones de la respuesta:
Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones: ¶
i. Una de las manifestaciones de modificación de los contratos es mediante la adición. Al respecto, es oportuno explicar que la palabra adición significa “acción y efecto de añadir o agregar”. Los contratos estatales pueden ser objeto de situaciones que impliquen la necesidad de adicionar o modificar las condiciones inicialmente pactadas, conforme lo prescribe el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pudiendo incluirse las modalidades, condiciones y, en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. ¶
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. ¶
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al EGCAP.¶
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso. Para tales efectos, para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente – en adelante SMLMV – al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por dos (2); el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. ¶
En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en SMLMV, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las adiciones podrían hacerse en diferentes vigencias fiscales, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del SMMLV la operación sería la misma si se toma el monto en pesos. ¶
A modo ilustrativo, y con fines netamente pedagógicos, exponemos a continuación el siguiente ejemplo: la entidad estatal celebra un contrato de prestación de servicios por un valor de $10.000.000 en vigencia 2022. Para esa vigencia el valor del SMLMV era de $1.000.000. Para efectos del cálculo del 50% límite para llevar a cabo la adición del contrato, necesariamente debemos dividir el valor del contrato (10.000.000) por el salario mínimo vigente al momento de la suscripción del contrato (1.000.000). El resultado de la operación anterior (10) pasa a dividirse por 2, por cuanto es claro que la adición debe ser por, máximo, el 50 % del valor del contrato. En ese orden, el resultado de la segunda operación (5) constituye el número de salarios mínimos por los cuales podrá adicionarse el contrato. Supongamos que, en nuestro ejemplo, la adición se llevará a cabo en la vigencia 2026 y el valor será de $6.500.000. En el año 2026, el SMLMV es de $ 1.750.905[1], lo que supone que la adición corresponde a 3,71 SMLMV al momento de la adición, en la medida en que la división del valor de la adición 6.500.000 y el valor del SMLMV al momento de la adición arroja 3,71 SMLMV. Por lo tanto, la adición que se pretende en el contrato ejemplo es válida y se ajusta a la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 40, toda vez que será de 3,71 SMLMV, sin superar el 50% del valor inicialmente pactado que fue de 5 SMLMV en el año 2022.¶
El razonamiento anterior se fundamenta en la forma como la Ley 80 de 1993 estableció el tope para las adiciones, acudiendo a una forma de actualización del valor, de acuerdo con los incrementos que tenga el salario mínimo, lo que resulta especialmente relevante en contratos de larga duración. De esta manera, el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresada en SMLMV, y valga la redundancia, el valor inicial es el contemplado en el contrato originario y cualquier alteración a ese valor constituirá, técnicamente, una adición, independientemente de cuál sea su causa. ¶
Sin perjuicio de lo anterior, actualmente existe una posibilidad para adicionar contratos en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en SMLMV y es la contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, para los contratos de interventoría que, por su naturaleza de seguimiento técnico, deberá someterse al plazo en que haya sido prorrogado el contrato objeto de vigilancia. Esta disposición, cumple con el objetivo de fortalecer la figura de la interventoría, como una herramienta integral, para proteger los intereses públicos y no causar un daño antijurídico al abandonar la vigilancia del contrato principal, por limitaciones presupuestales. ¶
Así las cosas, la regla establecida en el parágrafo de dicha norma aplica a todos los contratos estatales regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP –, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual del negocio jurídico que se considere necesario adicionar o del sistema de precios pactados. Lo anterior, salvo lo prescrito por la Ley 1474 de 2011 en su artículo 85 sobre los contratos de interventoría.¶
ii. Ahora bien, también es importante mencionar que fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a continuación[2]. ¶
Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11[3] y 12 de la Ley 80 de 1993[4], así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la entidad debe motivar y justificar la modificación. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado:¶
“El expediente de contratación y la actuación administrativa inicial que comprende los estudios previos, el análisis de riesgos y el presupuesto oficial o estimativo de costos necesario para la modificación del contrato, deberán dar cuenta de las razones de interés público que hacen necesario afectar lo inicialmente pactado. Como regla general, las mismas razones del deber de planeación para el contrato inicial se imponen como requisito previo del contrato modificatorio. ¶
La motivación del contrato modificatorio resulta un elemento esencial que permita determinar su juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. Se trata de un requisito indispensable para el control de legalidad del contrato o del acto de modificación.¶
La modificación no es una facultad discrecional, cuyo ejercicio penda de criterios de mera conveniencia o de utilidad para la entidad estatal o para su contratista, ni puede servir como instrumento ilegal para mejorar o hacer más favorables las condiciones económicas del adjudicatario. A diferencia del contrato privado, solo procederá por necesidades de interés general que sustenten y justifiquen la legalidad de la modificación”[5].¶
Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”[6]. Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las Entidades Estatales. A modo de ejemplo, la concepción de mayores cantidades de obra, como expresión del contrato original sin valor determinado, aunque determinable, no puede dar lugar a una ampliación ilimitada de estos contratos, pues no se encuentran exentos de la aplicación de los principios de la contratación estatal. ¶
Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las Entidades Públicas eligen, dentro de un “régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida”. Esto supone que la selección objetiva de la oferta más favorable se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público. ¶
En virtud de la aplicación de los principios de transparencia, libertad de concurrencia e igualdad, consagrados en el EGCAP, y las reglas sustanciales del Pliego de Condiciones, que permitieron elegir la mejor oferta, previo cumplimiento de unos requisitos con base en los cuales la oferta del contratista fue considerada la más favorable, estos deben ser de estricta observancia y deben mantenerse durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la actuación previa. ¶
iii. En relación con las disminuciones presupuestales, resulta pertinente el Concepto C-943 de 2022, del 19 de enero de 2023, cuya consulta se refirió expresamente a reducciones por devolución de recursos no ejecutados. La respuesta reiteró la referencia al valor inicial y el descuento de las adiciones en SMLMV, sin formular una autorización expresa para compensar disminuciones con adiciones anteriores. ¶
Para efectos del control del límite legal, es necesario diferenciar con claridad el valor inicial del contrato, su valor vigente después de las modificaciones, el gasto efectivamente ejecutado y la disponibilidad presupuestal remanente. La menor ejecución de recursos o la liberación de saldos no autoriza la confusión entre estos conceptos, pues cada uno responde a una realidad jurídica, financiera y presupuestal distinta. En tal sentido, cuando durante la ejecución contractual se acuerde una reducción, deberán precisarse expresamente sus efectos sobre el alcance de las obligaciones y la remuneración pactada, respetarse los derechos derivados de las prestaciones ya ejecutadas y sustentarse la decisión mediante la correspondiente justificación técnica, jurídica y financiera. Lo anterior, constituye una exigencia directa del principio de planeación, que debe preservarse en todas las modificaciones contractuales. En el supuesto consultado, la sumatoria histórica de las adiciones sujetas al límite previsto en el artículo 40 constituye el parámetro de referencia para verificar su observancia. ¶
Para precisar el alcance del antecedente, en el Concepto C-943 de 2022 el peticionario preguntó si las reducciones de contratos con vigencias futuras, motivadas por devoluciones de recursos no ejecutados al cierre de cada vigencia, debían sumarse o restarse al calcular el límite. La Agencia respondió con la metodología general de conversión y descuento de adiciones, y destacó que la base es el valor inicial, no el presupuesto oficial u otro valor. Esta respuesta permite descartar que el solo movimiento presupuestal redefina la base legal, pero no contiene una fórmula expresa de compensación entre aumentos y reducciones.¶
A partir de ese antecedente, conviene diferenciar la liberación de un respaldo presupuestal que excede las obligaciones pendientes, la constatación de una menor ejecución conforme al sistema de remuneración y el acuerdo que suprime prestaciones y disminuye el precio. En el primer supuesto, el movimiento presupuestal no modifica por sí mismo lo debido al contratista. En el segundo, el valor pagadero debe establecerse conforme a las reglas de medición y pago. En el tercero, la reducción exige identificar las obligaciones que dejan de ser exigibles y sus consecuencias económicas. Estas distinciones constituyen criterios de orientación respecto de lo expuesto en las preguntas que son objeto de estudio y respuesta por parte de la Agencia.¶
En particular, la existencia de apropiaciones o registros presupuestales no ejecutados no demuestra, por sí sola, que puedan liberarse recursos sin afectar compromisos vigentes. La entidad debe confrontar las obligaciones pendientes, las prestaciones recibidas y no pagadas, los ajustes procedentes y las demás sumas exigibles. Si permanecen obligaciones contractuales, la disminución de su respaldo no las extingue ni reemplaza el acuerdo requerido para modificar su alcance. Por ello, la justificación de la liberación debe ser coherente con el estado jurídico y financiero del contrato, y no limitarse a constatar que una suma aún no ha sido desembolsada.¶
Desde la perspectiva del límite, deben mantenerse separados el valor contractual resultante y lo que podría denominarse el cupo de la adición. En el ejemplo planteado, el registro acumulado de la adición asciende a 1.000 SMLMV y el saldo bajo el régimen general es de 4.000 SMLMV; la reducción de 500 SMLMV explica una disminución de las obligaciones económicas, pero no acredita por sí misma la desaparición de la adición. Se trata de un ejemplo pedagógico expresado íntegramente en la misma unidad, no de una autorización para sumar valores en pesos de distintas fechas sin su conversión correspondiente.¶
En efecto, la reducción ordinaria debe distinguirse de una eventual nulidad, declaración de invalidez u otra decisión que prive de efectos a una adición. Los efectos de estas últimas situaciones dependerán de su fundamento, alcance temporal y prestaciones ejecutadas, y no pueden resolverse mediante la simple regla aplicable a una liberación de recursos. Por tanto, la conclusión sobre ausencia de restitución automática se refiere a disminuciones durante la ejecución que no desvirtúan la existencia de las adiciones previas, sin anticipar consecuencias de decisiones judiciales o de supuestos jurídicos distintos.¶
Una nueva necesidad surgida después de la disminución requiere un análisis propio que debe garantizar el principio de planeación. El hecho de que pretenda utilizarse el mismo dinero liberado, o reintroducir actividades antes suprimidas, no exonera de determinar si el nuevo acuerdo aumenta obligaciones, si es jurídicamente procedente y cuál es su incidencia en el límite acumulado. De este modo, no basta presentar el resultado neto del contrato como inferior al valor inicial más el cincuenta por ciento: debe explicarse y fundamentarse la secuencia de modificaciones para evitar que reducciones meramente instrumentales permitan adicionar repetidamente por fuera de la restricción legal. ¶
iv. Ahora bien, frente a lo expuesto resulta pertinente hacer referencia a la aplicación del límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en relación con los mecanismos de reajuste y de revisión de precios. Por remisión de los artículos 13, 32 y 40 del EGCAP al derecho privado, el contrato es ley para las partes conforme al artículo 1602 del Código Civil. Sin embargo, aunque la regla general es el cumplimiento de los precios pactados, de forma excepcional pueden surgir circunstancias imprevistas que hagan la ejecución excesivamente gravosa, por lo que se han creado mecanismos para mantener la equidad y el equilibrio entre las obligaciones. De esta manera, los contratos estatales deben pactarse sobre la base de la interdependencia entre las prestaciones, esto es, que exista reciprocidad entre los derechos y las obligaciones de las entidades y los particulares, de tal forma que estas sean equivalentes y se mantengan durante la ejecución contractual. Esto se fundamenta en el principio del equilibrio financiero del contrato previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 que prescribe lo siguiente: ¶
“En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”.¶
Sobre el principio del equilibrio financiero del contrato, el Consejo de Estado ha señalado que consiste “en garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio”[7]. En concordancia, la doctrina ha indicado que con este principio, también denominado “el de la honesta equivalencia de prestaciones”, se privilegia el carácter conmutativo o sinalagmático que, por regla general, tiene el contrato estatal, “lo que significa que las prestaciones (derechos y obligaciones) asumidas por una parte contractual se entienden como equivalentes a las de la otra parte y obliga a la adopción de medidas tendientes a garantizar que esa igualdad existente en términos económicos al tiempo de su celebración se conserve y permanezca intacta durante su ejecución, y a que se restablezca esa equivalencia en caso de su ruptura por circunstancias o causas sobrevinientes, imprevisibles e imputables o no a ellas”[8]. ¶
Conforme a lo anterior el equilibrio financiero del contrato se constituye en un principio medular de la contratación estatal que busca, precisamente, mantener las mismas condiciones existente al tiempo de su celebración, de tal suerte que las prestaciones de las partes permanezcan hasta su terminación. De este modo, si la equivalencia entre las prestaciones se quebranta por causas no imputables a quien resulte afectado es necesario adoptar las medidas correspondientes para restablecer la ecuación contractual.¶
Además de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, la obligación de mantener el equilibrio económico del contrato se encuentra establecida en diferentes disposiciones de dicha Ley. En efecto, el numeral 3 del artículo 4 ibidem señala que las entidades estatales solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. Asimismo, el numeral 8 del artículo en comento señala que las entidades deberán adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa, para lo cual se emplearán los mecanismos de revisión y reajuste de precios. De acuerdo con la jurisprudencia:¶
“[…] la cláusula de estabilización o ajuste de precios resulta ser una medida preventiva frente a una situación previsible que puede afectar el resultado económico final del contrato en contra de cualquiera de las partes, y que se resuelve mediante la inclusión de la respectiva estipulación, normalmente expresada en una fórmula matemática concebida en función de los factores que inciden en los costos de ejecución del contrato. Por tanto, es un mecanismo que tiende a preservar la naturaleza conmutativa de los contratos y a garantizar que la equivalencia inicialmente acordada entre las prestaciones recíprocas se mantenga a lo largo de la ejecución del negocio jurídico, en tal forma que la remuneración recibida finalmente por el contratista corresponda a la que contempló al momento de presentar su propuesta y celebrar el contrato.¶
De igual modo, paralelamente con la actualización de precios la Ley 80 de 1993 también contempla la figura de la revisión de precios, la cual opera cuando sobrevengan hechos económicos que hagan ineficaz o insuficiente la fórmula de reajuste o cuando las partes no han pactado un sistema de ajuste o actualización de los precios y estos sufren alteración como resultado de los fenómenos económicos mencionados, como la inflación o el alza de precios, eventos estos en los cuales puede solicitarse al juez la corrección de la cláusula de ajuste pactada y la revisión de los precios”[9].¶
Por su parte, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 indica que el contratista tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. ¶
Según se advierte, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece la necesidad de mantener durante la ejecución del contrato el equilibrio o equivalencia de las prestaciones de las partes surgidas al momento de contratar, para lo cual determina deberes y derechos para las entidades estatales y los contratistas en pro de su conservación. Dentro de estas obligaciones se prevé el deber de la entidad de adoptar las medidas correspondientes de manera que se pueda precaver las diferencias que se lleguen a presentar como consecuencia de la vulneración del principio del equilibrio económico del contrato y evitar una mayor onerosidad.¶
En relación con las causas por las cuales puede verse afectado el equilibrio económico del contrato y su procedencia el Consejo de Estado ha desarrollado ampliamente la materia. En tal sentido, ha manifestado reiteradamente que el desequilibrio económico del contrato se puede presentar por diferentes situaciones: ¶
“a) Actos o hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas abusivas o no. ¶
b) Actos generales de la administración como Estado, o ‘teoría del hecho del príncipe’, como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato. ¶
c) Factores exógenos a las partes del negocio, o ‘teoría de la imprevisión’, o ‘sujeciones materiales imprevistas’, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él.¶
En todos estos eventos surge la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista colaborador asumiendo mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen los requisitos señalados para cada figura”[10].¶
En lo que atañe a la procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato cuando este se vulnera, la jurisprudencia ha señalado que para estos efectos es imperativo la prueba del menoscabo, demostrar que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales[11]. ¶
Bajo estas consideraciones y más allá de las distintas posturas que se han generado al interior del Consejo de Estado en torno a la oportunidad de la reclamación del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, lo relevante de lo expuesto, para efectos de la consulta, es que este restablecimiento podrá realizarlo directamente la Administración durante la ejecución del contrato adoptando las medidas necesarias que aseguren la efectividad de los pagos y reconocimientos al contratista que haya lugar. Estas medidas podrán materializarse a través de los distintos acuerdos que suscriban las partes como prórrogas, adiciones, otrosíes o cualquier acuerdo modificatorio que se considere necesarios para solventar el desequilibrio del contrato de acuerdo con las particularidades de cada caso. Igualmente, podrá efectuarse dicho reconocimiento por parte del juez mediante el ejercicio de la acción judicial correspondiente. ¶
Ello encuentra sustento legal en los artículos 4.8, 5.1 y 27 de la Ley 80 de 1993, que, como se explicó, imponen el deber a la entidad de adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de su celebración y restablecer la ecuación financiera del contrato cuando a ello haya lugar. Para estos efectos, le corresponde a la entidad realizar un análisis detallado del asunto, revisar su procedencia, verificar las circunstancias fácticas y jurídicas que fundamente dicho restablecimiento y las limitaciones legales sobre el particular, de manera que mediante los acuerdos que se celebren se autorregulen los intereses de las partes.¶
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad de este, en particular en aquellos contratos de largo plazo, como el de obra, en los que es difícil prever todas las contingencias que puedan afectar su ejecución. De esta manera, la Administración podrá variar, dadas ciertas condiciones, algunos aspectos del contrato cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado, por lo que es “preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso”[12]. ¶
En armonía con lo anterior, la doctrina ha señalado que “durante la vigencia del contrato, esto es, el periodo que comprende el interregno que va desde el perfeccionamiento del contrato (acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito al tenor del art. 41 inc 1° de la Ley 80 de 1993) hasta su liquidación, los contratantes tienen la potestad de pactar lo que consideren necesario a efectos de reequilibrar la ecuación contractual, por ejemplo, pueden ajustar la cuantía, las condiciones de ejecución, las formas de pago, los costos financieros y los interés, en el evento en que los haya”[13]. ¶
Así la cosas, con fundamento en el EGCAP, en la jurisprudencia y en la doctrina puede concluirse que cuando se presenten situaciones que generen el desequilibrio económico del contrato, previa revisión de su procedencia, conforme el análisis del caso concreto, la entidad deberá adoptar las medidas correspondientes para su restablecimiento, si a ello hay lugar, para lo cual tiene la potestad de suscribir los acuerdos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago, etc. ¶
Frente al caso objeto de consulta, es relevante considerar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, aunque el parágrafo del artículo 40 comporta una prohibición de adicionar en precio los contratos, de las adiciones proscritas se han excluido las estipulaciones dirigidas a reajustar los precios pactados y aquellas con las que se busca restablecer el equilibrio económico del contrato[14]. Esto se debe a que la adición supone agregar obligaciones al contrato y por ello incrementa su valor; en cambio, el reajuste actualiza el precio de prestaciones ya pactadas para conservar su valor intrínseco, y el restablecimiento restaura la ecuación económica rota, en cumplimiento de los deberes que el Estatuto impone a la entidad contratante. ¶
En este mismo sentido, se destaca que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto del 6 de junio de 2018 señaló que además de los contratos de interventoría, también podrán adicionarse en más del 50% en estos dos eventos: i) cuando en un contrato de obra se pacte el mecanismo de ajuste de precios y ii) por el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Al respecto manifestó lo siguiente: ¶
Existen, además, otras situaciones jurídicas que se presenta en materia contractual y que afectan el valor del contrato, pero que de conformidad con la Ley y la jurisprudencia tampoco están sujetas al límite cuantitativo del 50% del valor inicial del contrato. Estas son: i) cuando en un contrato de obra pública se pactaron mecanismos de ajustes de precios, (ii) por restablecimiento del equilibrio económico del contrato, siempre y cuando exista plena prueba que acredite los requisitos para proceder al restablecimiento y (iii) en los contratos de interventoría, cuando se den las situaciones previstas en la ley[15]. (Énfasis por fuera de texto)¶
Reiterando lo anterior, en concepto del 6 de marzo de 2024, la Sala de Consulta y Servicio Civil señaló que en la adición del contrato no se incluye la simple actualización de precios estipulada por las partes:¶
“la adición de los contratos estatales consiste en una modificación a los mismos, efectuada por las partes, de común acuerdo, o unilateralmente por la entidad estatal, para: (i) agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades no previstas inicialmente en dicho objeto, pero que guardan una estrecha relación con el mismo y se requieren para su debida ejecución y, en últimas, para el logro de la finalidad perseguida con el contrato, y/o (ii) modificar el precio del contrato, entendido éste como el precio global acordado, los precios unitarios, el valor de los honorarios reconocidos al contratista etc., según la modalidad de remuneración acordada, siempre que dicho ajuste tenga un fundamento legal, técnico y económico, y no se trate de la simple actualización de los precios estipulada inicialmente por las partes (cláusulas de actualización o reajuste de valor) o de la revisión de los mismos por el acaecimiento de hechos sobrevinientes extraordinarios o imprevisibles (teoría de la imprevisión, hecho del príncipe etc.)[16]. (Énfasis por fuera de texto)¶
En línea con lo anterior, la doctrina ha indicado que el reajuste de precios no “busca una modificación del contrato, como es propio de los contratos adicionales, sino su preservación en las condiciones iniciales, frente a las fluctuaciones que pueden tener lo valores de los insumos del objeto contractual[17]”. Por lo expuesto, el aumento del valor derivado del mecanismo de ajuste de precios o del restablecimiento del equilibrio no queda sujeto al tope del 50 %, mientras que sí rige plenamente cuando se trata de la celebración de una adición contractual. Frente a esta última, el límite opera frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que es lo que implica una adición, e independientemente del nombre que se le dé al acuerdo. De este modo, el tope recae sobre lo que jurídicamente constituye una adición —la ampliación del contenido prestacional—, no sobre el reajuste ni sobre el restablecimiento.¶
En particular, el cambio de vigencia contractual puede generar la aplicación de las fórmulas de reajuste o actualización de precios previstas en el contrato. Este mayor valor no constituye, por sí mismo, una adición sometida al límite del 50 %, en la medida en que corresponda a ítems o prestaciones ya definidos y pactados, puesto que el reajuste opera precisamente como un mecanismo de preservación de las condiciones económicas del contrato frente a las fluctuaciones de los costos y no como una modificación de su contenido prestacional. Por tanto, si el reconocimiento económico corresponde exclusivamente a la actualización de los precios de prestaciones ya pactadas, no se computa dentro del 50 %, mientras que si el mayor valor supone incorporar nuevas prestaciones, otras obligaciones o una ampliación del contenido contractual, estará sometido al límite legal, sin perjuicio de los dispuesto sobre el reconocimiento de las mayores cantidades de obra. ¶
Por tanto, los reajustes de precios derivados del cambio de vigencia no consumen el límite de adición del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que correspondan a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto para las prestaciones originalmente pactadas y no encubran una verdadera adición contractual. Esta conclusión debe distinguirse de los casos en que la entidad requiere ejecutar la obra con un presupuesto adicional por fuera de las prestaciones inicialmente previstas, supuesto en el cual sí deberá modificar el contrato y sujetarse al límite legal. ¶
Así las cosas, el mayor valor que corresponda a la actualización de precios de ítems ya definidos (reajuste) o al restablecimiento del equilibrio por un alea extraordinaria no se computa dentro del cincuenta por ciento (50 %). Con todo, esta calificación no puede convertirse en un argumento para eludir el tope: el reajuste presupone precios de prestaciones ya pactadas, y el restablecimiento exige acreditar una afectación grave, sobreviniente, imprevisible y no imputable a la parte afectada, en los términos del artículo 27 de la Ley 80 de 1993; de lo contrario, el incremento constituye una adición y queda sometido al límite del artículo 40.¶
v. Finalmente debe advertirse, que el análisis para resolver problemas específicos en torno a las adiciones de un contrato determinado debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados de adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.¶
Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse en el procedimiento contractual específico, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Por tanto, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.¶
- Referencias normativas:
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- Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:¶
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se ha pronunciado en diferentes conceptos sobre las modificaciones y adiciones en los contratos estatales en los Conceptos Nro. C-277 de 21 de junio de 2021, C-644 de 18 de noviembre de 2021, C-755 de 21 de enero de 2022, C-152 de 1 de abril de 2022, C-267 de 5 de mayo de 2022, C-432 de 13 de julio de 2022, C-630 del 29 de septiembre de 2022, C-784 del 21 de noviembre del 2022, C-398 del 27 de septiembre de 2023, C-452 del 7 de noviembre de 2023, C-463 del 22 de noviembre de 2023, C-471 del 25 de enero del 2024, C-329 del 22 de agosto de 2024, C-563 del 21 de octubre de 2024, C-903 del 2 de enero de 2024, C-1008 del 30 de enero de 2025, C-308 del 28 de abril de 2025, C-451 del 19 de mayo de 2025, C-491 del 3 de junio de 2025, C-165 del 26 de febrero de 2026, C-465 del 14 de abril de 2026, C-916 del 17 de julio de 2026, C-1120 de 2026, C-1411 del 29 de septiembre de 2026, entre otros. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de Relatoría de la Agencia, en el cual también podrás encontrar jurisprudencia del Consejo de Estado, laudos arbitrales y la normativa de la contratación concordada con la doctrina de la Subdirección de Gestión Contractual, accede a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos. ¶
Las garantías no son un requisito formal: son el instrumento con el que se protege el patrimonio público frente a los riesgos del contrato. Por ello, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– te invita a consultar la nueva versión de la Guía para la Exigencia y Constitución de Garantías en los Procesos de Contratación, dirigida a las entidades sometidas al EGCAP y a las de regímenes exceptuados, así como a proveedores y órganos de control. Encontrarás orientaciones sobre las clases de garantías admisibles, la correspondencia entre riesgos asignados y amparos exigidos, su suficiencia y vigencia, y el procedimiento para hacerlas efectivas. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-de-garantias-en-procesos-de-contratacion¶
De otro lado, te contamos que el Decreto 287 del 19 de marzo de 2026 sustituyó los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015 y estructuró el Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Para orientar su aplicación, esta Agencia expidió la Circular Externa 003 del 12 de mayo de 2026, en la que precisa quiénes son los beneficiarios, las cinco medidas que integran el sistema y su obligatoriedad según la modalidad de selección, y el régimen de transición aplicable a los procesos en curso. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-003-de-2026¶
Recuerda también que la información sobre sanciones e inhabilidades solo cumple su función preventiva si llega oportunamente a los registros públicos. Sobre este deber, esta Agencia expidió la Circular Externa 002 del 5 de mayo de 2026, dirigida a todas las entidades del Estado sin distinción de su régimen contractual, en la que reitera la obligatoriedad de reportar caducidades, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento e inhabilidades ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el SECOP, e indica los responsables, los portales dispuestos para el efecto y las consecuencias disciplinarias de omitir este deber. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-002-de-2026¶
Finalmente, si quieres seguir de cerca la actividad de la Agencia, la tercera edición de 2026 del Radar de la Compra Pública reúne, entre otros contenidos, la Circular Externa 003 de 2026, el Decreto 552 de 2026, un estudio sobre inteligencia artificial en la compra pública, los avances de la Relatoría, análisis jurisprudencial, conceptos jurídicos destacados y la oferta de la Escuela Virtual ANCP-CCE. Descárgalo aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/boletin/boletin-edicion-n-3-de-2026-radar-de-la-compra-publica¶
Por último, aprovechamos la oportunidad de manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones a través de nuestros diferentes canales de atención: ¶
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía (Mesa de servicio): 01800 0520808¶
- Línea en Bogotá (Mesa de servicio):+57 601 7456788¶
- Correo de radicación de correspondencia: ventanilladeradicacion@colombiacompra.gov.co¶
- Formulario web para PQRSD: https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd/informacion-importante-antes-de-formular-una-pqrsd¶
Evalúa el servicio que ofrece la Agencia por el canal de atención de PQRSD en el siguiente enlace :https://forms.office.com/r/pPHyWVs2SZ .¡Ayúdanos a mejorar porque el compromiso es de todos!¶
Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional: ¶
Twitter: @colombiacompra
Facebook: ColombiaCompraEficiente
LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Instagram: @colombiacompraeficiente_cce¶
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.¶
Atentamente,
Elaboró: | José Luis Sánchez Cardona Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual¶ |
Revisó | Alejandro R. Sarmiento Cantillo Gestor T1-15 de la Subdirección de Gestión Contractual ¶ |
Aprobó: | Fabián Leonardo Vanegas Peña Subdirector de Gestión Contractual ANCP – CCE (E) ¶ |
Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 se fijó transitoriamente el SMLMV en $ 1.750.905, el cual se encontrará vigente hasta que se dicte sentencia en el proceso de nulidad radicado 11001-03-25-000-2026-00004-00 (0004-2026) que cursa en la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. ↑¶
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P.: Óscar Darío Amaya Navas. Concepto del 06 de junio 2018. Rad. 2369. ↑¶
ARTICULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2o.: ¶
1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso. ¶
2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República. ¶
3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: ¶
a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil. ¶
b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. ¶
c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles. ↑¶
ARTICULO 12. DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. ¶
En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. ¶
Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso. ↑¶
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P.: Óscar Darío Amaya Navas. Concepto del 6 de junio de 2018. Rad. 2369. ↑¶
Ibidem. ↑
Consejo de Estado. Sentencia del 28 de junio de 2012. Rad. Nro. 21990. C.P: Ruth Stella Correa Palacio. ↑¶
IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique. La conmutatividad del contrato estatal y su equilibrio económico y financiero. La obligación de conservarlo, su ruptura y la obligación de restablecerlo según la ley y la jurisprudencia. En: PALACIO JARAMILLO, María Teresa (editora académica). Contratos Estatales. Tomo II. 2022. Bogotá: Universidad del Rosario. P. 630 ↑¶
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 20 de abril de 2022. Exp. 56508. C.P. Nicolás Yepes Corrales. ↑¶
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18.080. CP.: Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada en Sentencia del 8 de febrero de 2012. Exp. 20344. También ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 1996, exp. 10.151, reiterada en sentencias de 29 de abril y 21 de julio de 1999, exp. 14.885 y exp. 14.943, C.P. Daniel Suárez Hernández. ↑¶
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Exp. 52.666 CP.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. ↑¶
Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. ↑¶
EXPÓSITO VÉLEZ, Juan Carlos. Formas, formalidades y contenido del contrato estatal. Serie de derecho administrativo Nro. 34. Universidad Externado de Colombia. 2020. ↑¶
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia del 19 de septiembre de 2022. Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714). ↑¶
CONSEJO DE ESTADO. Sala de consulta y Servicio Civil. Concepto del 6 de junio de 2018. Radicación Nro. 2369. C.P.: Óscar Darío Amaya Navas. ↑¶
CONSEJO DE ESTADO. Sala de consulta y Servicio Civil. Concepto del 6 de marzo de 2024. Radicación interna Nro. 2512. C.P.: Óscar Darío Amaya Navas. ↑¶
BENAVIDES, José Luis. Contratos Públicos: Estudios. Primera edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 362 ↑¶
Fuente y referencia
Autor del concepto: Colombia Compra Eficiente. Compilación y ayudas de lectura: Abogo / Hugo Ortega.
Se presenta el texto conservado en el catálogo. La fecha y el número de citas no certifican vigencia jurídica. Contrasta el documento con las normas y criterios posteriores aplicables.
Consultar la fuente enlazada de CCE →
Colombia Compra Eficiente. C-1573 de 2026 (2026-11-09). Consulta en Abogo: https://abogo.soyhugoortega.com/concepto/c-1573-de-2026-adicion. Fuente: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1573-de-2026/
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