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Los consorcios y las uniones temporales permiten que varias personas presenten conjuntamente una propuesta para contratar con entidades estatales. Su capacidad se limita a las actividades previstas en la contratación estatal y su conformación no crea una persona jurídica distinta ni amplía las facultades o autorizaciones legales de sus integrantes. En los procesos de seguros, cada compañía debe acreditar individualmente que cuenta con las autorizaciones necesarias para las obligaciones que asumiría, de acuerdo con su objeto social y los ramos autorizados. No basta con que, entre todos los integrantes del proponente plural, se cubran las autorizaciones requeridas para el programa de seguros.
Relatoría conservada de Colombia Compra Eficiente.
PROPONENTE PLURAL – Consorcios y Uniones Temporales – Creación – Participación – Acuerdo de voluntades
Como se observa, el artículo citado señala que el consorcio o la unión temporal se da “Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato […]”. Desde esta perspectiva, su capacidad para participar en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos estatales depende de que los integrantes de la estructura plural adopten la decisión conjunta de presentar una misma propuesta al proceso de selección. Como existe una relación de medio – fin, sin la entrega de la oferta no surge la habilitación legal para todo lo demás.
Los consorcios o uniones temporales son convenios de asociación provenientes de la colaboración empresarial, mediante los cuales sus integrantes se unen y se organizan mancomunadamente para lograr con mayor eficacia un fin común de contenido patrimonial y lucrativo, como lo es la obtención del derecho a ser adjudicatarios de un contrato estatal, compartiendo recursos, de toda índole, para su ejecución, así como las utilidades y los riesgos. La diferencia radica en la responsabilidad frente a las eventuales sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, toda vez que tratándose de una unión temporal, estas se individualizan según la participación de sus miembros, mientras que en el consorcio los miembros responden solidariamente, con independencia de este aspecto.
PROPONENTE PLURAL – Consorcios y Uniones Temporales – Capacidad jurídica – Concepto
La capacidad jurídica de los proponentes plurales se limita al campo de la contratación estatal de las entidades sometidas al EGCAP, es decir, a las relaciones en consorcios y las uniones temporales con las entidades estatales del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Esta precisión es importante, porque la habilitación de los numerales 6 y 7 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 se restringe a las actividades allí dispuestas sin que se extienda, por ejemplo, a la celebración de contratos de fiducia, cesiones de crédito, cesiones de contrato o subcontratos. En estos casos, la celebración de dichos negocios jurídicos no corresponde a la estructura plural, sino a todos sus integrantes de forma conjunta. Es decir, fuera de las actividades descritas en el EGCAP, son los participantes –no estructura plural– los que tienen personería y capacidad para actuar, ya que su conformación no da lugar a una persona jurídica distinta de sus miembros ni supone, por sí misma, la ampliación de la capacidad jurídica o de las autorizaciones legales de quienes las integran.
En este contexto, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los consorcios y las uniones temporales constituyen modalidades de participación plural que permiten a dos o más personas presentar conjuntamente una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal. Estas figuras facilitan la concurrencia de distintos sujetos para la ejecución de un objeto contractual; sin embargo, su conformación no releva a sus integrantes del cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica exigibles para desarrollar las actividades que les correspondan, ni comporta, por sí misma, la ampliación de las facultades o autorizaciones legales de las que cada uno dispone. En consecuencia, la posibilidad de presentar una oferta conjunta debe examinarse en concordancia con la naturaleza del objeto contractual, las obligaciones que asumirían sus integrantes y las condiciones legales particulares que regulan la actividad objeto de contratación.
CONTRATACIÓN DE SEGUROS – Aseguradoras – Requisitos habilitantes – Proponente plural
La actividad aseguradora está sometida a un régimen jurídico especial que condiciona su ejercicio a las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, los artículos 30, 34, 36 y 37 de la Ley 45 de 1990 establecen las condiciones para desarrollar operaciones de seguros y disponen que las compañías aseguradoras deben operar en las modalidades y los ramos expresamente autorizados. Por consiguiente, la capacidad jurídica de estas entidades para participar en procesos de selección está delimitada por su objeto social y por las autorizaciones correspondientes, cuya acreditación debe verificarse conforme a la normativa aplicable y a los requisitos habilitantes del proceso.
En este contexto, la conformación de consorcios o uniones temporales no exime a las compañías aseguradoras del cumplimiento individual de las exigencias legales que regulan su actividad ni amplía el ámbito de sus autorizaciones. Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el Concepto 2025052712-001 del 30 de abril de 2025, precisó que la capacidad jurídica de las compañías de seguros, como sociedades mercantiles que son, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Comercio en armonía con lo previsto en el artículo 99 del mismo ordenamiento, se halla restringida a las operaciones que constituyen su objeto social, las cuales se encuentran expresamente autorizadas por la ley. Asimismo, señaló que, dada la solidaridad que caracteriza estas figuras frente a las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, cada aseguradora debe cumplir individualmente los requisitos legales establecidos en la normativa financiera para ejecutar las obligaciones contractuales que le correspondan.
En consecuencia, a juicio de esta Subdirección, no basta con que los integrantes del proponente plural cuenten, en conjunto, con autorizaciones para operar la totalidad de los ramos comprendidos en el programa de seguros. La viabilidad de esta forma de participación debe analizarse considerando las autorizaciones de cada compañía y las obligaciones que asumiría en virtud de la propuesta y del contrato, sin que la estructura plural pueda utilizarse para suplir la falta de las habilitaciones legalmente exigibles.
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Preguntas frecuentes
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¿Qué permite hacer un consorcio o una unión temporal en la contratación estatal?
¿La conformación de un proponente plural crea una persona jurídica distinta?
¿Las aseguradoras de un consorcio deben cumplir individualmente los requisitos legales?
¿Basta con que las aseguradoras integrantes sumen entre todas las autorizaciones para cubrir los ramos requeridos?
¿En qué se diferencian el consorcio y la unión temporal frente a sanciones por incumplimiento?
Texto del concepto
PROPONENTE PLURAL – Consorcios y Uniones Temporales – Creación – Participación – Acuerdo de voluntades¶
Como se observa, el artículo citado señala que el consorcio o la unión temporal se da “Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato […]”. Desde esta perspectiva, su capacidad para participar en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos estatales depende de que los integrantes de la estructura plural adopten la decisión conjunta de presentar una misma propuesta al proceso de selección. Como existe una relación de medio – fin, sin la entrega de la oferta no surge la habilitación legal para todo lo demás.¶
Los consorcios o uniones temporales son convenios de asociación provenientes de la colaboración empresarial, mediante los cuales sus integrantes se unen y se organizan mancomunadamente para lograr con mayor eficacia un fin común de contenido patrimonial y lucrativo, como lo es la obtención del derecho a ser adjudicatarios de un contrato estatal, compartiendo recursos, de toda índole, para su ejecución, así como las utilidades y los riesgos. La diferencia radica en la responsabilidad frente a las eventuales sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, toda vez que tratándose de una unión temporal, estas se individualizan según la participación de sus miembros, mientras que en el consorcio los miembros responden solidariamente, con independencia de este aspecto. ¶
PROPONENTE PLURAL – Consorcios y Uniones Temporales – Capacidad jurídica – Concepto ¶
La capacidad jurídica de los proponentes plurales se limita al campo de la contratación estatal de las entidades sometidas al EGCAP, es decir, a las relaciones en consorcios y las uniones temporales con las entidades estatales del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Esta precisión es importante, porque la habilitación de los numerales 6 y 7 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 se restringe a las actividades allí dispuestas sin que se extienda, por ejemplo, a la celebración de contratos de fiducia, cesiones de crédito, cesiones de contrato o subcontratos. En estos casos, la celebración de dichos negocios jurídicos no corresponde a la estructura plural, sino a todos sus integrantes de forma conjunta. Es decir, fuera de las actividades descritas en el EGCAP, son los participantes –no estructura plural– los que tienen personería y capacidad para actuar, ya que su conformación no da lugar a una persona jurídica distinta de sus miembros ni supone, por sí misma, la ampliación de la capacidad jurídica o de las autorizaciones legales de quienes las integran.¶
En este contexto, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los consorcios y las uniones temporales constituyen modalidades de participación plural que permiten a dos o más personas presentar conjuntamente una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal. Estas figuras facilitan la concurrencia de distintos sujetos para la ejecución de un objeto contractual; sin embargo, su conformación no releva a sus integrantes del cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica exigibles para desarrollar las actividades que les correspondan, ni comporta, por sí misma, la ampliación de las facultades o autorizaciones legales de las que cada uno dispone. En consecuencia, la posibilidad de presentar una oferta conjunta debe examinarse en concordancia con la naturaleza del objeto contractual, las obligaciones que asumirían sus integrantes y las condiciones legales particulares que regulan la actividad objeto de contratación.¶
CONTRATACIÓN DE SEGUROS – Aseguradoras – Requisitos habilitantes – Proponente plural ¶
La actividad aseguradora está sometida a un régimen jurídico especial que condiciona su ejercicio a las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, los artículos 30, 34, 36 y 37 de la Ley 45 de 1990 establecen las condiciones para desarrollar operaciones de seguros y disponen que las compañías aseguradoras deben operar en las modalidades y los ramos expresamente autorizados. Por consiguiente, la capacidad jurídica de estas entidades para participar en procesos de selección está delimitada por su objeto social y por las autorizaciones correspondientes, cuya acreditación debe verificarse conforme a la normativa aplicable y a los requisitos habilitantes del proceso.¶
En este contexto, la conformación de consorcios o uniones temporales no exime a las compañías aseguradoras del cumplimiento individual de las exigencias legales que regulan su actividad ni amplía el ámbito de sus autorizaciones. Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el Concepto 2025052712-001 del 30 de abril de 2025, precisó que la capacidad jurídica de las compañías de seguros, como sociedades mercantiles que son, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Comercio en armonía con lo previsto en el artículo 99 del mismo ordenamiento, se halla restringida a las operaciones que constituyen su objeto social, las cuales se encuentran expresamente autorizadas por la ley. Asimismo, señaló que, dada la solidaridad que caracteriza estas figuras frente a las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, cada aseguradora debe cumplir individualmente los requisitos legales establecidos en la normativa financiera para ejecutar las obligaciones contractuales que le correspondan.¶
En consecuencia, a juicio de esta Subdirección, no basta con que los integrantes del proponente plural cuenten, en conjunto, con autorizaciones para operar la totalidad de los ramos comprendidos en el programa de seguros. La viabilidad de esta forma de participación debe analizarse considerando las autorizaciones de cada compañía y las obligaciones que asumiría en virtud de la propuesta y del contrato, sin que la estructura plural pueda utilizarse para suplir la falta de las habilitaciones legalmente exigibles.¶
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026
Señor
Hernán Felipe Pineda Medina
Coordinador Jurídico de Licitaciones
Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A
hernan.pineda@segurosaurora.com
Bogotá D.C.
Concepto C-1566 de 2026 | |
Temas: | PROPONENTE PLURAL – Consorcios y Uniones Temporales – Capacidad jurídica – Concepto / PROPONENTE PLURAL – Creación – Participación – Acuerdo de voluntades / CONTRATACIÓN DE SEGUROS – Aseguradoras– Requisitos habilitantes– Proponente plural ¶ |
Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1_2026_10_05_013385¶ |
Estimado Señor Pineda:
En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta del 5 de octubre de 2026, en la cual manifiesta: ¶
“(…)
1. En un proceso de selección cuyo objeto es el programa de seguros de una entidad estatal, estructurado en un único grupo sin división en lotes, ¿pueden varias aseguradoras presentar una oferta conjunta mediante unión temporal (artículo 7 de la Ley 80 de 1993), de forma que cada integrante asuma los ramos para los que cuenta con autorización y, en conjunto, se cubra la totalidad de los ramos requeridos?¶
2. De ser afirmativa la respuesta, ¿la oferta presentada por la unión temporal debe entenderse como una propuesta completa que se sujeta a todos los puntos del pliego, y por tanto no constituye una propuesta parcial en los términos del numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y del Concepto C-020 de 2025? ¶
3. ¿Puede la entidad estatal excluir o rechazar este tipo de ofertas conjuntas cuando el pliego no lo prohíbe de manera expresa, o debe motivar objetivamente dicha restricción a la luz de los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad?”¶
De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales, ni a determinar grados de responsabilidad por las actuaciones de los diferentes participes del sistema de compra pública.¶
Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero señalando algunas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.¶
- Problema planteado:
De acuerdo con el contenido de su solicitud, se resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Cuál es el alcance de la capacidad jurídica exigible a las aseguradoras que participan mediante proponente plural en un proceso de selección para contratar un programa de seguros estatal?¶
- Respuesta:
La actividad aseguradora está sometida a un régimen jurídico especial que condiciona su ejercicio a las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, los artículos 30, 34, 36 y 37 de la Ley 45 de 1990 establecen las condiciones para desarrollar operaciones de seguros y disponen que las compañías aseguradoras deben operar en las modalidades y los ramos expresamente autorizados. Por consiguiente, la capacidad jurídica de estas entidades para participar en procesos de selección está delimitada por su objeto social y por las autorizaciones correspondientes, cuya acreditación debe verificarse conforme a la normativa aplicable y a los requisitos habilitantes del proceso.¶ En este contexto, la conformación de consorcios o uniones temporales no exime a las compañías aseguradoras del cumplimiento individual de las exigencias legales que regulan su actividad ni amplía el ámbito de sus autorizaciones. Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el Concepto 2025052712-001 del 30 de abril de 2025, precisó que la capacidad jurídica de las compañías de seguros, como sociedades mercantiles que son, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Comercio en armonía con lo previsto en el artículo 99 del mismo ordenamiento, se halla restringida a las operaciones que constituyen su objeto social, las cuales se encuentran expresamente autorizadas por la ley. Asimismo, señaló que, dada la solidaridad que caracteriza estas figuras frente a las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, cada aseguradora debe cumplir individualmente los requisitos legales establecidos en la normativa financiera para ejecutar las obligaciones contractuales que le correspondan.¶ En consecuencia, a juicio de esta Subdirección, no basta con que los integrantes del proponente plural cuenten, en conjunto, con autorizaciones para operar la totalidad de los ramos comprendidos en el programa de seguros. La viabilidad de esta forma de participación debe analizarse considerando las autorizaciones de cada compañía y las obligaciones que asumiría en virtud de la propuesta y del contrato, sin que la estructura plural pueda utilizarse para suplir la falta de las habilitaciones legalmente exigibles.¶ Finalmente, cuando el proceso de selección se estructura en un único grupo que comprende la totalidad de los ramos requeridos, corresponde a la entidad contratante verificar que la propuesta satisfaga integralmente las condiciones establecidas y que cada integrante cumpla los requisitos de capacidad jurídica aplicables. Para ello, deberá definir y evaluar los requisitos habilitantes de conformidad con la normativa especial del sector asegurador, los estudios previos y los documentos del proceso, en ejercicio de su autonomía y con observancia de los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad.¶ |
- Razones de la respuesta:
Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones: ¶
Si bien las personas pueden presentarse individualmente a los procesos de selección, también pueden hacerlo en forma plural a través de consorcios o uniones temporales. En efecto, de acuerdo con el Código Civil, la capacidad se refiere a la facultad que la ley le confiere a la persona para ejercer derechos y contraer obligaciones. Esta norma parte del supuesto de que todas las personas naturales mayores de edad son capaces, con excepción de aquellas que la ley expresamente excluye de esta presunción –artículos 1502, 1503 y 1504–, y de que la capacidad de las personas jurídicas se circunscribe a su objeto social –artículo 99 del Código de Comercio–. Al respecto, el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 –modificado por el artículo 1 de la Ley 2160 de 2021– dispone que: “Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales […] los consorcios y uniones temporales”.¶
La capacidad para contratar, e incluso la de realizar actos jurídicamente vinculantes como la presentación de una oferta en un procedimiento de selección de contratistas, se consideró por mucho tiempo uno de los atributos de la personalidad reservado, en tanto tal, a las personas jurídicas y naturales. No obstante, el progreso en las formas negociales y asociativas hizo necesario reconocer nuevas estructuras plurales y otorgarles ciertos atributos que tradicionalmente habían estado reservados a las personas jurídicas. Tal es precisamente el caso de la capacidad para contratar otorgada a los consorcios y uniones temporales. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido:¶
“Respecto de la capacidad legal para contratar y la personalidad jurídica señala, que la Ley 80 de 1993 al crear las figuras de los consorcios y uniones temporales, y construirlas como sujetos de la contratación administrativa, reconoce una realidad del mundo negocial: la necesidad de los contratos de colaboración económica para la efectiva realización de proyectos de contratación pública, altamente especializados e intensivos en capital y, así mismo, indispensables para que el Estado Social de Derecho, cumpla los cometidos para los cuales fue instituido- Preámbulo, artículos 1 y 2 de la Carta Política.¶
[…]
En torno a la capacidad contractual de los consorcios y uniones temporales la jurisprudencia constitucional ha expresado que el Estatuto de contratación les reconoce este atributo sin exigirles como condición de su ejercicio la de ser personas morales. También ha dicho que el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales”[1].¶
La Corte Constitucional destaca, de un lado, que las estructuras plurales son el reconocimiento de una realidad negocial en materia de contratación estatal, y del otro, que esta colaboración económica entre sujetos de derecho permite la materialización de los fines del estado, al facilitar la efectiva ejecución de los contratos. Adicionalmente, puntualiza que la capacidad contractual de los consorcios y uniones temporales se reconoce sin necesidad de exigirles como condición de su ejercicio que sean personas morales lo que, hasta cierto punto, podría considerarse una evolución en la teoría de la personalidad jurídica.¶
Debido a que los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas, su creación depende de un acuerdo en el que concurre la voluntad de sus integrantes para regular su objeto, la participación de los miembros, las obligaciones frente al proyecto, su responsabilidad, la forma en que regirán sus relaciones internas y el relacionamiento con la entidad contratante, mediante la designación de un representante, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En lo pertinente, la norma precitada dispone que:¶
“Artículo 7º.- ENTIDADES A CONTRATAR. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 2160 de 2021. Para los efectos de esta Ley se entiende por:¶
[…]
6. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.¶
7. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. ¶
[…]
Parágrafo 1º.- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.¶
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.¶
[…]”.
Como se observa, el artículo citado señala que el consorcio o la unión temporal se da “Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato […]”. Desde esta perspectiva, su capacidad para participar en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos estatales depende de que los integrantes de la estructura plural adopten la decisión conjunta de presentar una misma propuesta al proceso de selección. Como existe una relación de medio – fin, sin la entrega de la oferta no surge la habilitación legal para todo lo demás. ¶
De esta manera, los consorcios o uniones temporales son convenios de asociación provenientes de la colaboración empresarial, mediante los cuales sus integrantes se unen y se organizan mancomunadamente para lograr con mayor eficacia un fin común de contenido patrimonial y lucrativo, como lo es la obtención del derecho a ser adjudicatarios de un contrato estatal, compartiendo recursos, de toda índole, para su ejecución, así como las utilidades y los riesgos. La diferencia radica en la responsabilidad frente a las eventuales sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, toda vez que tratándose de una unión temporal, estas se individualizan según la participación de sus miembros, mientras que en el consorcio los miembros responden solidariamente, con independencia de este aspecto. ¶
La capacidad jurídica de los proponentes plurales se limita al campo de la contratación estatal de las entidades sometidas al EGCAP, es decir, a las relaciones en consorcios y las uniones temporales con las entidades estatales del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Esta precisión es importante, porque la habilitación de los numerales 6 y 7 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 se restringe a las actividades allí dispuestas sin que se extienda, por ejemplo, a la celebración de contratos de fiducia, cesiones de crédito, cesiones de contrato o subcontratos. En estos casos, la celebración de dichos negocios jurídicos no corresponde a la estructura plural, sino a todos sus integrantes de forma conjunta. Es decir, fuera de las actividades descritas en el EGCAP, son los participantes –no estructura plural– los que tienen personería y capacidad para actuar, ya que su conformación no da lugar a una persona jurídica distinta de sus miembros ni supone, por sí misma, la ampliación de la capacidad jurídica o de las autorizaciones legales de quienes las integran.¶
En este contexto, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los consorcios y las uniones temporales constituyen modalidades de participación plural que permiten a dos o más personas presentar conjuntamente una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal. Estas figuras facilitan la concurrencia de distintos sujetos para la ejecución de un objeto contractual; sin embargo, su conformación no releva a sus integrantes del cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica exigibles para desarrollar las actividades que les correspondan, ni comporta, por sí misma, la ampliación de las facultades o autorizaciones legales de las que cada uno dispone. En consecuencia, la posibilidad de presentar una oferta conjunta debe examinarse en concordancia con la naturaleza del objeto contractual, las obligaciones que asumirían sus integrantes y las condiciones legales particulares que regulan la actividad objeto de contratación.¶
Esta consideración adquiere especial relevancia en la actividad aseguradora, cuyo ejercicio está sujeto a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia y a las autorizaciones exigidas por el ordenamiento jurídico para operar los distintos ramos de seguros. En efecto, en los procesos de contratación para contratar los seguros de la entidad se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 45 de 1990 que regula la actividad aseguradora y establece las condiciones de acceso a esta actividad. Así, el artículo 30 ibidem señala que sólo las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria – Hoy Superintendencia Financiera- se encuentran facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. El artículo 34 indica que las personas que se propongan organizar una de una empresa como compañía y cooperativa de seguros deberán obtener, previamente, el certificado de autorización de la Superintendencia Bancaria, como requisito indispensable para ejercer actividades. Por su parte, los artículos 36 y 37 determina que la actividad aseguradora únicamente puede ser ejercida por empresas que adopten la forma de sociedades anónimas o por los tipos de sociedades cooperativas admitidos legalmente y que su objeto social será la realización de operaciones de seguro, bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente, aparte de aquellas previstas en la Ley con carácter especial y podrán realizar operaciones de reaseguro. ¶
Adicionalmente, en estos procesos de contratación se deben tener consideración las disposiciones previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en especial el artículo 17 de la Ley 795 de 2003 “Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, así como las relacionadas con lo dispuesto en el Decreto 2954 de 2010 “por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y se establece el régimen de patrimonio adecuado de las entidades aseguradoras”, a través del cual se reguló el régimen de patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras, como indicador integral y específico para evidenciar la efectiva capacidad financiera, del mercado asegurador colombiano. ¶
En este sentido, la entidad estatal deberá determinar los requisitos habilitantes de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización y demás requisitos mínimos con base en las condiciones particulares que establezca las normas especiales sobre el sector financiero, asegurador y del mercado de valores. De esta forma, por ejemplo, solo podrán participar en estos procesos los tipos de sociedades señalas en el artículo 36 de la Ley 45 de 1990 que deben contar con el certificado de autorización expedido por la autoridad competente. Además, los artículos 2.31.1.2.1. y 2.31.1.2.5. del Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 2954 de 2010, establecen que las entidades aseguradoras deben mantener permanentemente y acreditar ante la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma y plazos que esta determine, un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado[2]. ¶
En relación con la capacidad jurídica de las compañías aseguradoras para participar en estos procesos de selección, esta se encuentra determinada por su objeto social y por las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para desarrollar operaciones de seguros en las modalidades y los ramos expresamente habilitados. Por tanto, la acreditación de dichas autorizaciones constituye un aspecto que debe verificarse dentro de los requisitos habilitantes del proceso de selección, de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones establecidas en los documentos del proceso.¶
Bajo este contexto, la participación de varias compañías mediante una estructura plural no las exime de acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica exigibles para desarrollar las actividades y asumir las obligaciones que les correspondan en el marco del proceso de selección y del contrato. Al respecto, resulta pertinente destacar que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el Concepto 2025052712-001 del 30 de abril de 2025, se pronunció sobre la participación de compañías aseguradoras en procesos de contratación estatal mediante consorcios o uniones temporales y la necesidad de que cuenten con las autorizaciones requeridas para operar los ramos correspondientes, teniendo en consideración las obligaciones que se derivan de estas estructuras asociativas y la responsabilidad que asumen sus integrantes. En particular, señaló lo siguiente: ¶
“La capacidad jurídica de las compañías de seguros, como sociedades mercantiles que son, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Comercio en armonía con lo previsto en el artículo 99 del mismo ordenamiento, se halla restringida a las operaciones que constituyen su objeto social, las cuales se encuentran expresamente autorizadas por la ley; así mismo, dicho atributo se extiende a aquellos actos que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y la actividad de la compañía y a los actos directamente relacionados con la actividad principal, para lo cual debe existir relación directa de medio a fin con el objeto social exclusivo.¶
Ahora bien, el hecho de conformarse un consorcio o una unión temporal en los términos de la Ley 80 de 1993 no significa que el objeto social de una compañía se extienda a un ramo que no haya sido aprobado por el respectivo ente de control.¶
Así las cosas, para que una entidad aseguradora pueda participar en una licitación bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá tener aprobado los ramos de seguros bajo los cuales comercializa las pólizas que requiere la entidad estatal¶
(…)
En esa medida, dando respuesta a su consulta, resulta procedente indicar que, en atención a la naturaleza propia de las figuras del Consorcio y la Unión Temporal, en donde uno de los elementos característicos de estas relaciones es la solidaridad existente entre los integrantes frente a las obligaciones de la propuesta y del contrato, siendo cada aseguradora integrante, deudor principal frente a la Entidad Estatal contratante, es necesario que cada una de las compañías cumplan individualmente consideradas con los requisitos legales establecidos en la normativa financiera para poder ejecutar las obligaciones contractuales establecidas[3]”.¶
En consecuencia, a juicio de esta Subdirección, la capacidad jurídica del proponente plural no puede considerarse acreditada por el solo hecho de que sus integrantes, en conjunto, cuenten con autorizaciones para operar la totalidad de los ramos comprendidos en el programa de seguros. Lo anterior, en la medida en que la participación bajo esta modalidad asociativa no exime a cada compañía del cumplimiento de las exigencias legales aplicables a las actividades que pretende desarrollar ni le permite asumir obligaciones para las cuales carece de la autorización correspondiente. Por tanto, la viabilidad jurídica de esta forma de participación debe analizarse atendiendo el alcance de las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las responsabilidades que se derivan de la conformación de la estructura plural, de manera que la distribución de los ramos entre las aseguradoras no desconozca las restricciones propias del régimen que regula la actividad aseguradora.¶
Así las cosas, la conformación de un proponente plural no constituye un mecanismo para suplir la falta de las autorizaciones legalmente exigibles ni para ampliar el ámbito de operación autorizado a cada compañía. En consecuencia, cuando el proceso de selección comprende un único grupo que integra la totalidad de los ramos del programa de seguros, la entidad contratante deberá verificar que la propuesta y la distribución de las obligaciones entre sus integrantes se ajusten al régimen jurídico aplicable, así como a los requisitos habilitantes establecidos en los documentos del proceso. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía de la entidad para estructurar el proceso de selección, definir sus condiciones y determinar, con fundamento en los estudios y análisis correspondientes, la procedencia de la participación plural, en observancia de los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia.¶
Bajo esta premisa, la entidad estatal podrá rechazar válidamente la oferta cuando, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en los documentos del proceso y la normativa aplicable, determine que el proponente plural no acredita la capacidad jurídica exigible para asumir las obligaciones derivadas del contrato. En todo caso, la decisión deberá estar debidamente motivada y sustentarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados en condiciones de igualdad a todos los proponentes, en observancia de los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia.¶
Finalmente debe advertirse, que el análisis para resolver problemas específicos en torno a las cesiones contractuales debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados de adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.¶
Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse en el procedimiento contractual específico, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Por tanto, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.¶
- Referencias normativas:
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- Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:¶
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado sobre los consorcios y las uniones temporales en los Conceptos 4201912000006909 del 28 de octubre de 2029, 4201913000007643 del 26 de diciembre de 2019, C-343 del 17 de junio de 2020, C-518 del 9 de septiembre de 2020, C-614 del 5 de octubre de 2022, C-882 del 21 de diciembre de 2022, C-172 del 6 de junio de 2023, C-032 del 16 de abril de 2024, C-050 del 18 de julio de 2024, C-100 del 12 de junio de 2024, 727 del 28 de octubre de 2024, C-894 del 11 de diciembre de 2024, C-936 del 18 de diciembre de 2024, C-016 del 11 de febrero de 2025 y C-226 del 26 de marzo de 2025, C-934 del 21 de julio de 2026, C-995 del 14 de agosto de 2026, entre otros. En torno a la cesión de contratos, se han expedido los siguientes conceptos: Conceptos 4201913000007643 y 4201913000007669 del 26 de diciembre de 2019, así como en los Conceptos C-551 del 24 de septiembre de 2020, C-572 del 27 de agosto de 2020, C-582 del 28 de agosto de 2020, C-385 del 20 de agosto de 2021, C-069 del 24 de abril de 2023, C-868 del 20 de diciembre de 2024, C-880 del 30 de diciembre de 2024, C-214 del 25 de marzo de 2025, C-675 del 4 de junio de 2025, C-1051 del 15 de julio de 2026, entre otros. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de Relatoría de la Agencia, en el cual también podrás encontrar jurisprudencia del Consejo de Estado, laudos arbitrales y la normativa de la contratación concordada con la doctrina de la Subdirección de Gestión Contractual, accede a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos. ¶
Las garantías no son un requisito formal: son el instrumento con el que se protege el patrimonio público frente a los riesgos del contrato. Por ello, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– te invita a consultar la nueva versión de la Guía para la Exigencia y Constitución de Garantías en los Procesos de Contratación, dirigida a las entidades sometidas al EGCAP y a las de regímenes exceptuados, así como a proveedores y órganos de control. Encontrarás orientaciones sobre las clases de garantías admisibles, la correspondencia entre riesgos asignados y amparos exigidos, su suficiencia y vigencia, y el procedimiento para hacerlas efectivas. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-de-garantias-en-procesos-de-contratacion¶
De otro lado, te contamos que el Decreto 287 del 19 de marzo de 2026 sustituyó los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015 y estructuró el Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Para orientar su aplicación, esta Agencia expidió la Circular Externa 003 del 12 de mayo de 2026, en la que precisa quiénes son los beneficiarios, las cinco medidas que integran el sistema y su obligatoriedad según la modalidad de selección, y el régimen de transición aplicable a los procesos en curso. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-003-de-2026¶
Recuerda también que la información sobre sanciones e inhabilidades solo cumple su función preventiva si llega oportunamente a los registros públicos. Sobre este deber, esta Agencia expidió la Circular Externa 002 del 5 de mayo de 2026, dirigida a todas las entidades del Estado sin distinción de su régimen contractual, en la que reitera la obligatoriedad de reportar caducidades, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento e inhabilidades ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el SECOP, e indica los responsables, los portales dispuestos para el efecto y las consecuencias disciplinarias de omitir este deber. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-002-de-2026¶
Finalmente, si quieres seguir de cerca la actividad de la Agencia, la tercera edición de 2026 del Radar de la Compra Pública reúne, entre otros contenidos, la Circular Externa 003 de 2026, el Decreto 552 de 2026, un estudio sobre inteligencia artificial en la compra pública, los avances de la Relatoría, análisis jurisprudencial, conceptos jurídicos destacados y la oferta de la Escuela Virtual ANCP-CCE. Descárgalo aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/boletin/boletin-edicion-n-3-de-2026-radar-de-la-compra-publica"¶
Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional: ¶
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LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Instagram: @colombiacompraeficiente_cce¶
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.¶
Atentamente,
Elaboró: | Tatiana Baquero Iguarán Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual¶ |
Revisó: | Alejandro Sarmiento Cantillo Gestor T1 ‒ 15 de la Subdirección de Gestión Contractual ¶ |
Aprobó: | William Javier Murcia Acevedo Subdirector de Gestión Contractual (E) ANCP – CCE¶ |
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. ↑¶
Al respecto, los artículos 2.31.1.2.1. y 2.31.1.2.5. del Decreto 2555 de 2010 -modificado por el decreto 2954 de 2010-, disponen que “las entidades aseguradoras deben mantener permanentemente y acreditar ante la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma y plazos que esta determine, un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado”, el cual, “corresponderá al patrimonio técnico mínimo que deben mantener y acreditar las entidades aseguradoras, el cual estará determinado en función de tres componentes a) el riesgo de suscripción, b) el riesgo de activo y c) el riesgo de mercado” (énfasis fuera de texto). ¶
El resultado de la regulación definida en la normatividad anterior, en procesos de selección para la adquisición de seguros, la correlación entre el patrimonio técnico y el patrimonio adecuado se configura en un indicador relevante para analizar la capacidad financiera de las empresas aseguradoras. Ahora bien, la definición del indicador y la forma de calcularlo, se evidencia que existen diversas formas de configurarlo por parte de las Entidades contratantes, siempre partiendo del criterio establecido normativamente respecto a que el patrimonio técnico deberá ser equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado. A continuación, y a modo explicativo, se presentan algunas metodologías utilizadas por Entidades en el ejercicio de cálculo y evaluación del indicador, sin embargo, es importante establecer que estas no corresponden a una regla, por lo que la Entidad determinará como resultado del análisis de sector estructurado […] (énfasis dentro del texto) (Colombia Compra Eficiente. Concepto C-116 de 2025). ↑¶
Superintendencia Financiera de Colombia. Boletín Jurídico No. 115. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115608/boletin-juridico-no-115/ ↑¶
Fuente y referencia
Autor del concepto: Colombia Compra Eficiente. Compilación y ayudas de lectura: Abogo / Hugo Ortega.
Se presenta el texto conservado en el catálogo. La fecha y el número de citas no certifican vigencia jurídica. Contrasta el documento con las normas y criterios posteriores aplicables.
Consultar la fuente enlazada de CCE →
Colombia Compra Eficiente. C-1566 de 2026 (2026-11-03). Consulta en Abogo: https://abogo.soyhugoortega.com/concepto/c-1566-de-2026-proponente-plural. Fuente: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1566-de-2026/
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