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RÉGIMEN EXCEPCIONAL, CAPACIDAD RESIDUAL, PATRIMONIO AUTÓNOMO

Radicado: C-1635 de 2026Fecha: 13 de noviembre de 2026Actor: Andrés Gaviria Romero
Justificación, Criterios de clasificación, Definición…

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La capacidad residual mide si un proponente puede ejecutar oportunamente un contrato de obra sin que sus otros compromisos afecten su cumplimiento. Su exigencia se relaciona con el objeto contractual y no con una modalidad de selección específica. En el caso del FCP, es jurídicamente viable incluirla en el manual de contratación para contratos de obra, con criterios objetivos, razonables y proporcionales; una vez prevista, la entidad debe aplicarla. La metodología de capacidad residual está concebida para contratos de obra pública, no para la adquisición de bienes o servicios distintos de obra. Para estos últimos, el FCP puede establecer otros requisitos financieros, como indicadores de capital de trabajo que consideren compromisos vigentes, siempre que sean adecuados al contrato, se apliquen por igual y no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes.

Relatoría conservada de Colombia Compra Eficiente.

RÉGIMEN EXCEPCIONAL – Justificación – Criterios de clasificación

La existencia de entidades exceptuadas del EGCAP se ha justificado por alguna de las siguientes tres (3) circunstancias: i) facilitar la competencia económica –como ocurre actualmente respecto al régimen de los servicios públicos domiciliarios–, ii) flexibilizar el ejercicio de la función administrativa –como en los contratos del Banco de la República o los de ciencia y tecnología– o iii) establecer un régimen especial sin excluir por completo la aplicación de la Ley 80 de 1993 –como ocurre en las operaciones del crédito público–.  Para estos efectos, la doctrina ha identificado 171 entidades y contratos que manejan un régimen excepcional, los cuales se clasifican de acuerdo i) al sector económico, ii) la asignación de un esquema legal especial, iii) el objeto del contrato celebrado y iv) la existencia de fondos que administran recursos públicos.

CAPACIDAD RESIDUAL – Definición

La Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define la capacidad residual como: “Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección”.

CAPACIDAD RESIDUAL – Contratos de obra – Modalidades de selección

De esta forma, la exigencia de la capacidad residual depende de la tipología contractual, es decir, si se trata de un contrato de obra, y no se restringe a una modalidad de selección específica para su aplicación. Al respecto, esta Agencia señaló que “(…)  todas las entidades estatales que adelanten procesos de contratación de obra pública, sin importar la modalidad de selección del contratista, están obligadas a verificar la capacidad residual de los proponentes, como requisito habilitante para participar en el procedimiento de selección”.

PATRIMONIO AUTÓNOMO – Capacidad residual – Aplicación – Autonomía – Manuales de contratación

Entendiendo que la actividad contractual del FCP se desarrolla bajo el derecho privado y lo establecido en su manual de contratación, y considerando que la capacidad residual constituye un criterio orientado a verificar la aptitud del oferente para ejecutar de manera íntegra el contrato de obra sin que otros compromisos contractuales afecten su cumplimiento, resulta jurídicamente viable que este fondo, en ejercicio de su autonomía contractual, incorpore dicha exigencia en su manual de contratación, libertad que se deriva del principio de la autonomía de la voluntad que se le reconoce por norma. Lo anterior, siempre que se establezca con fundamento en criterios objetivos, razonables y proporcionales, y se oriente a garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual, en armonía con los principios que rigen la función administrativa y la gestión fiscal.

De esta forma, si el FCP determina en sus manuales de contratación la exigencia de capacidad residual para los procesos que adelante que tenga como objeto un contrato de obra, su contenido vincula a la entidad y no podrá desconocer dicha exigencia. En ese sentido, en el marco de su autonomía determinará los indicadores para medir dicha capacidad y la forma de calcularlo para lo cual podrá tener en cuenta lo dispuesto en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por esta entidad.

CAPACIDAD RESIDUAL – Objetos distintos de obra – No aplicación

La capacidad residual y la metodología prevista en la referida Guía están concebidas exclusivamente para los contratos de obra pública, por lo que no existe en la normativa vigente ni en los instrumentos expedidos por esta Agencia una metodología para evaluar la capacidad residual del proponente en procesos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios distintos de obra. Lo anterior no impide que la entidad de régimen especial, o en este caso, el FCP en su manual de contratación y con fundamento en el análisis del sector, establezca requisitos habilitantes financieros adicionales, por ejemplo, indicadores de capital de trabajo que consideren los compromisos contractuales vigentes del proponente, siempre que sean adecuados y proporcionales a la naturaleza, valor, plazo y riesgos del contrato, se apliquen en condiciones de igualdad a todos los proponentes, y no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes. La definición del indicador, de la proporción de los saldos a considerar, de la metodología de cálculo y de los soportes de acreditación corresponde a la entidad, en ejercicio de su autonomía. En todo caso, la definición concreta del porcentaje, criterio o metodología de un requisito de esta naturaleza excede la competencia consultiva de esta Agencia y debe ser adoptada por la entidad en los documentos del proceso, con fundamento en el análisis del sector y bajo su responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

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¿Qué significa capacidad residual o K de contratación?
Es la aptitud del oferente para cumplir oportuna y cabalmente un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su capacidad de ejecución.
¿La capacidad residual depende de la modalidad de selección?
No. Su exigencia depende de que el proceso tenga por objeto un contrato de obra, no de la modalidad de selección utilizada.
¿Puede el FCP exigir capacidad residual en sus procesos?
Sí. En ejercicio de su autonomía contractual, puede incorporarla en su manual para contratos de obra, con criterios objetivos, razonables y proporcionales. Si la incluye, debe cumplir lo dispuesto en su manual.
¿Se aplica la metodología de capacidad residual a contratos de bienes o servicios?
No. La capacidad residual y la metodología de la Guía están concebidas exclusivamente para contratos de obra pública.
¿Qué requisitos financieros puede fijar el FCP para contratos distintos de obra?
Puede establecer requisitos adicionales, como indicadores de capital de trabajo que consideren compromisos contractuales vigentes, siempre que sean adecuados y proporcionales, se apliquen en igualdad de condiciones y no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes.

Texto del concepto

RÉGIMEN EXCEPCIONAL – Justificación – Criterios de clasificación

La existencia de entidades exceptuadas del EGCAP se ha justificado por alguna de las siguientes tres (3) circunstancias: i) facilitar la competencia económica –como ocurre actualmente respecto al régimen de los servicios públicos domiciliarios–, ii) flexibilizar el ejercicio de la función administrativa –como en los contratos del Banco de la República o los de ciencia y tecnología– o iii) establecer un régimen especial sin excluir por completo la aplicación de la Ley 80 de 1993 –como ocurre en las operaciones del crédito público–. Para estos efectos, la doctrina ha identificado 171 entidades y contratos que manejan un régimen excepcional, los cuales se clasifican de acuerdo i) al sector económico, ii) la asignación de un esquema legal especial, iii) el objeto del contrato celebrado y iv) la existencia de fondos que administran recursos públicos.

CAPACIDAD RESIDUAL – Definición

La Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define la capacidad residual como: “Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección”.

CAPACIDAD RESIDUAL – Contratos de obra – Modalidades de selección

De esta forma, la exigencia de la capacidad residual depende de la tipología contractual, es decir, si se trata de un contrato de obra, y no se restringe a una modalidad de selección específica para su aplicación. Al respecto, esta Agencia señaló que “(…) todas las entidades estatales que adelanten procesos de contratación de obra pública, sin importar la modalidad de selección del contratista, están obligadas a verificar la capacidad residual de los proponentes, como requisito habilitante para participar en el procedimiento de selección”.

PATRIMONIO AUTÓNOMO – Capacidad residual – Aplicación – Autonomía –Manuales de contratación

Entendiendo que la actividad contractual del FCP se desarrolla bajo el derecho privado y lo establecido en su manual de contratación, y considerando que la capacidad residual constituye un criterio orientado a verificar la aptitud del oferente para ejecutar de manera íntegra el contrato de obra sin que otros compromisos contractuales afecten su cumplimiento, resulta jurídicamente viable que este fondo, en ejercicio de su autonomía contractual, incorpore dicha exigencia en su manual de contratación, libertad que se deriva del principio de la autonomía de la voluntad que se le reconoce por norma. Lo anterior, siempre que se establezca con fundamento en criterios objetivos, razonables y proporcionales, y se oriente a garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual, en armonía con los principios que rigen la función administrativa y la gestión fiscal.

De esta forma, si el FCP determina en sus manuales de contratación la exigencia de capacidad residual para los procesos que adelante que tenga como objeto un contrato de obra, su contenido vincula a la entidad y no podrá desconocer dicha exigencia. En ese sentido, en el marco de su autonomía determinará los indicadores para medir dicha capacidad y la forma de calcularlo para lo cual podrá tener en cuenta lo dispuesto en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por esta entidad.

CAPACIDAD RESIDUAL – Objetos distintos de obra – No aplicación

La capacidad residual y la metodología prevista en la referida Guía están concebidas exclusivamente para los contratos de obra pública, por lo que no existe en la normativa vigente ni en los instrumentos expedidos por esta Agencia una metodología para evaluar la capacidad residual del proponente en procesos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios distintos de obra. Lo anterior no impide que la entidad de régimen especial, o en este caso, el FCP en su manual de contratación y con fundamento en el análisis del sector, establezca requisitos habilitantes financieros adicionales, por ejemplo, indicadores de capital de trabajo que consideren los compromisos contractuales vigentes del proponente, siempre que sean adecuados y proporcionales a la naturaleza, valor, plazo y riesgos del contrato, se apliquen en condiciones de igualdad a todos los proponentes, y no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes. La definición del indicador, de la proporción de los saldos a considerar, de la metodología de cálculo y de los soportes de acreditación corresponde a la entidad, en ejercicio de su autonomía. En todo caso, la definición concreta del porcentaje, criterio o metodología de un requisito de esta naturaleza excede la competencia consultiva de esta Agencia y debe ser adoptada por la entidad en los documentos del proceso, con fundamento en el análisis del sector y bajo su responsabilidad.

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2026

Señor

Andrés Gaviria Romero

andres.gaviria@consorciofcp.com.co

Bogotá D.C

Concepto C-1635 de 2026

Temas:

RÉGIMEN EXCEPCIONAL – Justificación – Criterios de clasificación / CAPACIDAD RESIDUAL – Definición / CAPACIDAD RESIDUAL – Contratos de obra – Modalidades de selección / PATRIMONIO AUTÓNOMO – Capacidad residual – Aplicación – Autonomía –Manuales de contratación / CAPACIDAD RESIDUAL – Objetos distintos de obra – No aplicación

Radicación:

Respuesta a consulta con radicados Nos. 1_2026_10_15_013965 y 1_2026_10_16_014016

Estimado Señor Gaviria Romero:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido por la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde las solicitudes radicadas el 15 y el 16 de octubre de 2026, en la cual manifiesta lo siguiente:

“1. Para procesos de contratación cuyo objeto sea distinto de obra pública, ¿existe actualmente alguna disposición normativa, guía, manual, concepto o metodología expedida por Colombia Compra Eficiente o alguna otra disposición legal jurídica aplicable que permita evaluar la capacidad “disponible y/o residual” de un proponente para asumir nuevas obligaciones contractuales teniendo en consideración los contratos que ya tenga en ejecución?

2. Tratándose de una entidad o patrimonio autónomo sometido a un régimen contractual de derecho privado:

a. ¿Resulta procedente establecer como requisito habilitante financiero un indicador como por ejemplo un capital de trabajo residual o concepto equivalente, mediante el cual al capital de trabajo total acreditado por el proponente se le descuente: (i) el capital de trabajo para la convocatoria en la que participa conforme los requisitos habilitantes financieros definidos (ii) una proporción de los saldos pendientes de ejecución de los contratos vigentes que tenga el proponente con el Fondo Colombia en Paz – FCP? en caso afirmativo, ¿qué proporción, criterio o metodología resultaría técnicamente razonable para determinar dicha afectación? (iii) y adicionalmente, ¿debería tenerse en cuenta una proporción de los saldos pendientes de ejecución de los contratos vigentes que el proponente tenga con otras entidades o contratantes? en caso afirmativo, ¿qué proporción, criterio o metodología resultaría técnicamente razonable para determinar dicha afectación?

b. En caso afirmativo de considerarse procedente la aplicación de un requisito habilitante financiero, ¿existe alguna metodología, lineamiento o criterio recomendado por Colombia Compra Eficiente para su aplicación, evitando que el requisito se convierta en una restricción injustificada a la pluralidad de oferentes por no salvaguardar un tratamiento objetivo, comparable y especialmente homogéneo frente a todos los proponentes interesados?

3. En caso de requerirse a los proponentes una relación de contratos en ejecución: a. ¿Qué documentos o mecanismos de verificación podrían exigirse razonablemente para validar la existencia del contrato, en cuanto a su valor, plazo, porcentaje de ejecución, pagos realizados, saldo pendiente por ejecutar y estado contractual a la fecha de presentación de la oferta? b. ¿Qué mecanismos puede utilizar la entidad contratante para identificar contratos en ejecución que hayan sido omitidos por el mismo proponente con el fin de mejorar su capacidad disponible?

4. Teniendo en cuenta que en los procesos contractuales adelantados por el FCP, en virtud de su régimen de derecho privado, el Registro Único de Proponentes - RUP no necesariamente constituye un requisito habilitante obligatorio, ¿qué fuentes documentales o mecanismos de verificación recomienda Colombia Compra Eficiente para acreditar directamente la existencia de la totalidad de compromisos contractuales vigentes de los proponentes?

5. Para el caso de personas naturales extranjeras, sin domicilio en Colombia o personas jurídicas extranjeras, sin sucursal en el país, ¿qué documentos, mecanismos o criterios podrían utilizarse para verificar de manera equivalente sus compromisos contractuales en ejecución, garantizando un tratamiento objetivo, comparable y homogéneo frente a los proponentes nacionales?”

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales, ni a determinar grados de responsabilidad por las actuaciones de los diferentes participes del sistema de compra pública.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.

  1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de sus solicitudes, esta Agencia procede a condensarlas en los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Está obligado un patrimonio autónomo con régimen especial de contratación, como el Fondo Colombia en Paz, a exigir la acreditación de capacidad residual en sus procesos de contratación de obra, o puede hacerlo en ejercicio de su autonomía contractual? ii) ¿Existe en la normativa vigente o en los instrumentos expedidos por esta Agencia una metodología para evaluar la capacidad residual o disponible del proponente cuando el objeto contractual es distinto de la obra pública y, en su defecto, qué requisitos financieros puede establecer la entidad? iii) ¿Qué documentos y mecanismos de verificación pueden exigirse para acreditar los contratos en ejecución del proponente, incluidos los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia?

  1. Respuesta:

Las entidades estatales con régimen especial no se encuentran sometidas, por regla general, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), por lo que su actividad contractual se rige por las normas especiales que regulan su creación, las disposiciones de derecho privado y sus respectivos manuales de contratación. En consecuencia, la exigencia de capacidad residual prevista en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y desarrollada en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 no les resulta jurídicamente obligatoria, pues estas disposiciones regulan la contratación de las entidades sometidas al EGCAP.

No obstante, lo anterior no impide que los patrimonios autónomos que se rigen por el derecho privado, en ejercicio de su autonomía contractual, incorporen la acreditación de capacidad residual en sus manuales de contratación como un mecanismo para verificar la aptitud de los proponentes para asumir y ejecutar adecuadamente los contratos de obra. Esta posibilidad encuentra fundamento en la libertad de configuración de sus reglas contractuales, siempre que la exigencia responda a criterios objetivos, razonables y proporcionales, y resulte compatible con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.

En ese sentido, si incorpora dicha exigencia en su manual de contratación, deberá observar las reglas allí previstas, pues estas vinculan tanto a los oferentes como a la propia entidad. Para determinar los indicadores, la metodología de cálculo y los soportes de acreditación, podrá tomar como referente la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, expedida por Colombia Compra Eficiente, sin que ello implique la aplicación obligatoria de dicha metodología.

Ahora bien, la capacidad residual y la metodología prevista en la referida Guía están concebidas exclusivamente para los contratos de obra pública, por lo que no existe en la normativa vigente ni en los instrumentos expedidos por esta Agencia una metodología para evaluar la capacidad residual del proponente en procesos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios distintos de obra. Lo anterior no impide que la entidad de régimen especial, en su manual de contratación y con fundamento en el análisis del sector, establezca requisitos habilitantes financieros adicionales, por ejemplo, indicadores de capital de trabajo que consideren los compromisos contractuales vigentes del proponente, siempre que sean adecuados y proporcionales a la naturaleza, valor, plazo y riesgos del contrato, se apliquen en condiciones de igualdad a todos los proponentes, y no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes. La definición del indicador, de la proporción de los saldos a considerar, de la metodología de cálculo y de los soportes de acreditación corresponde a la entidad, en ejercicio de su autonomía.

En conclusión, las entidades con régimen especial y los patrimonios autónomos, como el FCP, no están obligados a exigir la acreditación de capacidad residual, pero sí pueden establecerla como requisito en sus procesos de contratación de obra, siempre que dicha exigencia esté prevista en su manual de contratación y respete los principios de objetividad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y transparencia. Para objetos distintos de obra no resulta aplicable la capacidad residual, sin perjuicio de que la entidad establezca, en los términos señalados, otros requisitos objetivos y proporcionales para verificar la suficiencia financiera del proponente frente a sus compromisos vigentes.

  1. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

i. Las entidades de régimen especial son aquellas que, por expresa disposición legal y debido a su naturaleza o situación de competencia, tienen condiciones diferenciales respecto a la normativa aplicable en materia de contratación pública. Esto quiere decir que, no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante EGCAP– y, por ende, sus procedimientos contractuales se rigen por una normativa propia para su desarrollo, esto es, el derecho privado. Esta particularidad está establecida en las normas de creación de las entidades de régimen especial y en sus manuales de contratación.

Teniendo en cuenta que las entidades de régimen especial están facultadas legalmente para aplicar reglas distintas a las establecidas en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, su régimen contractual estará definido en la norma que crea el régimen especial y será desarrollado en el manual de contratación de la respectiva entidad. Esto, con el fin de que se puedan identificar las reglas que aplican en la contratación.

Sin embargo, ello no implica una privatización absoluta del régimen contractual de las entidades públicas, pues la Ley 80 de 1993 –entre otros aspectos– regula especialmente la capacidad jurídica –inhabilidades, incompatibilidades, consorcios y uniones temporales y registro único de proponentes–, las reglas de selección objetiva –procedimientos de selección–, así como algunos aspectos de ejecución contractual –manejo del riesgo, cláusulas exorbitantes y tipologías contractuales–. Por ello, con excepción de las materias expresamente reguladas en el Estatuto de Contratación, es posible la aplicación de las normas de derecho privado.

No obstante, aunque tenga una influencia limitada, las entidades del régimen exceptuado no se desligan por completo de las normas de derecho público. Esto en la medida que el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 prescribe lo siguiente: “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.

La existencia de entidades exceptuadas del EGCAP se ha justificado por alguna de las siguientes tres (3) circunstancias: i) facilitar la competencia económica –como ocurre actualmente respecto al régimen de los servicios públicos domiciliarios–, ii) flexibilizar el ejercicio de la función administrativa –como en los contratos del Banco de la República o los de ciencia y tecnología– o iii) establecer un régimen especial sin excluir por completo la aplicación de la Ley 80 de 1993 –como ocurre en las operaciones del crédito público–[1]. Para estos efectos, la doctrina ha identificado 171 entidades y contratos que manejan un régimen excepcional, los cuales se clasifican de acuerdo i) al sector económico, ii) la asignación de un esquema legal especial, iii) el objeto del contrato celebrado y iv) la existencia de fondos que administran recursos públicos[2].

ii. El artículo 1 del Decreto 691 de 2017 definió el Fondo Colombia en Paz – en adelante FCP –, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE –, sin estructura administrativa propia, cuya administración estará a cargo de una o varias sociedades fiduciarias públicas. Por su parte, la Corte Constitucional, en relación con la naturaleza del FCP indicó lo siguiente:

“Para la Corte el artículo 1° del Decreto 691 de 2017 es constitucional, pues: (i) el Legislador extraordinario tiene la facultad de crear fondos especiales organizados como patrimonios autónomos; (ii) éstos se pueden regir por el derecho privado. Cuando su creación está sujeta a situaciones excepcionales se debe atender un criterio de temporalidad para que el mismo desaparezca cuando las condiciones que lo fundamentan también lo hagan; (ii) la inclusión de principios de la contratación pública y de la función administrativa dota de mayor protección a la disposición y ejecución de recursos públicos cuando se someten al derecho privado; y (iv) hace parte de la libre configuración del Legislador extraordinario determinar la forma de administración de estos fondos, lo cual puede incluir que sociedades fiduciarias públicas ejerzan esa labor[…][3]”.

Así mismo, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del Decreto 691 de 2017, señaló que el artículo 1 estableció que el FCP es un fondo- cuenta, con una temporalidad definida, organizado como patrimonio autónomo que se rige por el derecho privado con la inclusión de principio de contratación pública y de la función administrativa. En este punto, es menester indicar que la misma Corporación ha identificado dos modalidades de fondos: fondo-entidad y fondo-cuenta. En relación con los primeros de ellos, la Corte ha estimado que se asemejan a una entidad de naturaleza pública que hace parte de la administración pública, es decir, que cuando se crean nace una nueva entidad que modifica la estructura de la administración pública[4], por lo cual tienen personería jurídica. Por otra parte, los fondos-cuenta, como es el caso del fondo que compete el objeto de esta consulta, al tenor del artículo 30 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, son los ingresos pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el Legislador, es decir, son un sistema de manejo de recursos sin personería jurídica y son fondos especiales[5].

Ahora, el artículo 2 del Decreto precisa que, el FCP es el principal “instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final” y, además señala que articula la cooperación internacional y la participación de los aportes públicos y privados, recibidos por diferentes fuentes”, de manera que este fondo-cuenta constituye “el principal instrumento financiero para administrar las diferentes fuentes de recursos para la implementación del acuerdo”[6].

En relación con el régimen jurídico aplicable a los actos, actuaciones, contratos y administración de los recursos del FCP y sus subcuentas o cualquier otra modalidad de clasificación, conforme el artículo 3 del Decreto 691 de 2017, se rigen por el derecho privado, con observancia de los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución y de la contratación estatal, tales como el principio de objetividad, razonabilidad, transparencia igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La razón por la cual se asignó este régimen de contratación obedece a que este régimen facilita los procesos de adquisición de bienes o servicios y de esta forma se asegura la oportuna implementación del Acuerdo Final. Al respecto, la Sentencia C – 438 del 13 de julio de 2017 precisó que, si bien la contratación se somete al derecho privado, se orienta por los principios rectores que se señalan a continuación:

“Cabe aclarar que los principios que rigen el fondo no se agotan en lo establecido en el artículo 1° toda vez que ese listado no es taxativo ni excluyente. Lo anterior, puesto que el artículo 3° del decreto ley incluye los principios del artículo 209 de la Constitución. Así pues, los actos, contratos y actuaciones del fondo se rigen por el conjunto de esos principios[7]”.

En consecuencia, el FCP no está sometido al EGCAP ni a las normas que lo reglamentan o complementan, ya que, por disposición expresa de la norma transcrita, sus contratos se rigen por el derecho privado. Sin embargo, esta circunstancia no implica la inobservancia de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal.

De acuerdo con lo anterior, puede decirse que una de las reglas para este Fondo consiste en el deber de expedir un manual de contratación. En este documento deben concretarse los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como determinarse la manera concreta como dichos principios orientarán el derecho privado en el ejercicio de la actividad contractual. De esta manera, los potenciales oferentes podrán identificar las reglas que aplica la entidad en sus procesos contractuales.

Sobre este punto particular es preciso destacar que, las Entidades Estatales sometidas a regímenes especiales así como los patrimonios autónomos tienen una amplia libertad de configuración del contenido del manual de contratación. Esta libertad se deriva del principio de autonomía de la voluntad reconocida a estas entidades, que les permite establecer la manera en que adelantarán sus procesos de contratación[8]. Ahora bien, dicha libertad es similar a la reconocida a los particulares por el derecho privado, pero no es idéntica a aquella, en la medida en que encuentra importantes limitantes.

La elaboración de esos manuales debe contemplar procedimientos de selección públicos, en los cuales se garantice la imparcialidad de la entidad contratante, la igualdad entre los oferentes, y en los cuales se respeten los principios constitucionales relevantes, como la eficacia, economía, celeridad, moralidad, entre otros. Es decir, deben reflejar los principios de la función administrativa y, también, los de la gestión fiscal. La forma precisa en que se concretan estos principios, así como la manera como se armonizan con su régimen de derecho privado, es un asunto que debe decidir la entidad en el ejercicio de la discrecionalidad concedida por el ordenamiento jurídico. No obstante, se considera que, como mínimo, los manuales diseñados por la entidad se deben indicar cuáles son sus procedimientos de selección y una descripción de cada uno de ellos, al igual que las etapas que los componen, los cuales deben estar alineados con la garantía de los principios de la función administrativa[9].

De esta forma, las reglas establecidas en los manuales o reglamentos internos de contratación son muy importantes, toda vez que las entidades se obligan a cumplir su contenido. Además, tratándose de un acto administrativo, concretamente de un reglamento, le aplican los atributos propios de estos tipos de actos, entre otras cosas, la presunción de legalidad y la regla de inderogabilidad singular del reglamento[10]. En tal sentido, su contenido vincula a la propia entidad que lo expidió y no puede desconocerlo a su capricho en casos específicos; sin perjuicio de la posibilidad de expedir un nuevo manual o de modificar el existente.

Además, los procedimientos de selección que creen las entidades de régimen especial en sus manuales de contratación deben estar acordes, en cuanto a sus etapas, publicidad, duración, requisitos y demás aspectos con los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, en caso de que la entidad se encuentre dentro del ámbito de cobertura de algún acuerdo comercial.

De otro lado, existen ciertos contenidos determinados por el ordenamiento jurídico que no pueden ser modificados por los manuales internos, por tratarse de asuntos con reserva de ley. En este sentido, estos reglamentos internos de las entidades con régimen especial no pueden crear causales de inhabilidad o incompatibilidad, prescribir requisitos de perfeccionamiento, tipologías contractuales, limitar la capacidad contractual establecida en la ley. En efecto, estos contenidos no pueden ser regulados o modificados por los manuales de contratación, ya que se trata de aspectos con reserva de ley o con congelación en el rango de nivel legal, por lo que un acto administrativo no podría alterarlos[11].

Sin perjuicio de lo anterior, existen múltiples contenidos que pueden ser objeto de regulación en el manual de contratación, por hacer parte del ámbito de configuración en desarrollo de su autonomía contractual, siempre que no contravengan la Constitución ni la ley. Por ejemplo, la definición de algunos requisitos de ejecución del contrato, con excepción de los que la ley imponga, la definición de si cierta actuación de la actividad contractual la debe realizar cierta dependencia de la entidad, establecer límites en cuanto a posibilidad de realizar adiciones, detallar los trámites internos que se surten al interior de la entidad y demás aspectos que hagan parte de su ámbito de configuración.

iii. La Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define la capacidad residual como: “Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección”. Por su parte, el Consejo de Estado definió la capacidad residual como “la diferencia que existe entre el potencial de contratación que se tiene y los compromisos que haya adquirido y que se encuentren en ejecución, para la fecha de presentación de la oferta”[12].

De esta manera, la capacidad residual se refiere a la suficiencia que tiene el proponente para asumir nuevas obligaciones que se derivan del contrato objeto del proceso de contratación, en relación con las obligaciones que ya adquirió frente a otros contratos. Por su parte, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la capacidad residual de los interesados en participar en procesos de selección para contratos de obra deberá ser igual o superior al que la entidad ha establecido en los pliegos de condiciones, en los siguientes términos:

Parágrafo 1°. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra y demás que señale el reglamento, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, estableció que, la “capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución”. La “capacidad de contratación”, según se desprende de la misma disposición, “(…) se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO)”.

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 dispone que las entidades estatales deberán calcular la capacidad residual conforme a la metodología definida por Colombia Compra Eficiente. Para tales fines, resulta necesario tener en cuenta los factores de i) Experiencia –E–, ii) Capacidad Financiera –CF–, iii) Capacidad Técnica –CT–, iv) Capacidad de Organización y v) los Saldos de los Contratos en Ejecución –SCE–.

De igual manera, establece que el interesado en celebrar contratos de obra pública acreditará su capacidad residual con los siguientes documentos: i) la lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades estatales y con entidades privadas; ii) la lista de contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con entidades estatales y con entidades privadas; y finalmente iii) el balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años[13].

De conformidad con lo expuesto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente expidió la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. Este documento establece, la metodología para el cálculo de la capacidad residual que deben observar tanto las entidades como los oferentes en los procesos de contratación de obra pública.

Así mismo, en la mencionada Guía se establece que la Capacidad Residual de Contratación, es únicamente exigida para los contratos de obra pública, por lo tanto, en los Documentos del Proceso de obra pública, la Entidad Estatal deberá establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual, la cual, deben cumplir los interesados en participar en el proceso de contratación[14].

De esta forma, la exigencia de la capacidad residual depende de la tipología contractual, es decir, si se trata de un contrato de obra, y no se restringe a una modalidad de selección específica para su aplicación. Al respecto, esta Agencia señaló que “(…) todas las entidades estatales que adelanten procesos de contratación de obra pública, sin importar la modalidad de selección del contratista, están obligadas a verificar la capacidad residual de los proponentes, como requisito habilitante para participar en el procedimiento de selección”[15].

Vale la pena precisar que los contratos en ejecución para calcular la capacidad residual de un proponente en un proceso de contratación de obra pública no solo deben asimilarse a contratos formalmente denominados como “de obra”, ya que lo transcendental no es la titulación del documento contractual, sino el contenido material de las obligaciones estipuladas. En esta línea, cualquier acuerdo que implique la ejecución directa de actividades que en esencia son de una obra — construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles— debe considerarse en dicho calculo. Es decir, si el documento contractual –convenio de cooperación, contrato de construcción, acuerdo o cualquier otro instrumento- contempla la ejecución de obras civiles, con plazos, valores y responsabilidades técnicas similares a las de un contrato de obra, su inclusión en el reporte de contratos en ejecución es procedente.

De esta forma, se concluye que los contratos que deben tenerse en cuenta como contratos en ejecución para el cálculo de la capacidad residual son exclusivamente aquellos que impliquen la ejecución de obras civiles, con independencia de su denominación.

iv. De conformidad con lo expuesto, puede concluirse que el FCP no se encuentra sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ni a las normas que lo reglamentan o complementan y, en consecuencia, su actividad contractual se rige por un régimen especial de derecho privado y particularmente por lo dispuesto en sus respectivos manuales de contratación. Esta circunstancia resulta determinante para establecer si, en los procesos de selección cuyo objeto sea la celebración de contratos de obra, el FCP está obligado o puede exigir la acreditación de la capacidad residual por parte de los proponentes.

En efecto, la exigencia de la capacidad residual se encuentra prevista de manera expresa en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y desarrollada reglamentariamente en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, disposiciones que integran el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que regulan la gestión contractual de las entidades estatales sometidas a dicho régimen. En este sentido, dado que el FCP no se rige de manera integral por estas normas -salvo lo relativo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y los deberes de publicidad, entre otros- la exigencia de la capacidad residual no les resulta jurídicamente obligatoria en los contratos de obra pública que celebren.

No obstante, entendiendo que la actividad contractual del FCP se desarrolla bajo el derecho privado y lo establecido en su manual de contratación, y considerando que la capacidad residual constituye un criterio orientado a verificar la aptitud del oferente para ejecutar de manera íntegra el contrato de obra sin que otros compromisos contractuales afecten su cumplimiento, resulta jurídicamente viable que este fondo, en ejercicio de su autonomía contractual, incorpore dicha exigencia en su manual de contratación, libertad que se deriva del principio de la autonomía de la voluntad que se le reconoce por norma. Lo anterior, siempre que se establezca con fundamento en criterios objetivos, razonables y proporcionales, y se oriente a garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual, en armonía con los principios que rigen la función administrativa y la gestión fiscal.

De esta forma, si el FCP determina en sus manuales de contratación la exigencia de capacidad residual para los procesos que adelante que tenga como objeto un contrato de obra, su contenido vincula a la entidad y no podrá desconocer dicha exigencia. En ese sentido, en el marco de su autonomía determinará los indicadores para medir dicha capacidad y la forma de calcularlo para lo cual podrá tener en cuenta lo dispuesto en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por esta entidad.

Ahora bien, la capacidad residual y la metodología prevista en la referida Guía están concebidas exclusivamente para los contratos de obra pública, por lo que no existe en la normativa vigente ni en los instrumentos expedidos por esta Agencia una metodología para evaluar la capacidad residual del proponente en procesos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios distintos de obra. Lo anterior no impide que la entidad de régimen especial, o en este caso, el FCP en su manual de contratación y con fundamento en el análisis del sector, establezca requisitos habilitantes financieros adicionales, por ejemplo, indicadores de capital de trabajo que consideren los compromisos contractuales vigentes del proponente, siempre que sean adecuados y proporcionales a la naturaleza, valor, plazo y riesgos del contrato, se apliquen en condiciones de igualdad a todos los proponentes, y no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes. La definición del indicador, de la proporción de los saldos a considerar, de la metodología de cálculo y de los soportes de acreditación corresponde a la entidad, en ejercicio de su autonomía. En todo caso, la definición concreta del porcentaje, criterio o metodología de un requisito de esta naturaleza excede la competencia consultiva de esta Agencia y debe ser adoptada por la entidad en los documentos del proceso, con fundamento en el análisis del sector y bajo su responsabilidad.

Para tales efectos, acorde con lo planteado en su consulta, frente al factor de los saldos de contratos en ejecución, en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública se define “Contratos en Ejecución” de la siguiente manera:

“Es la sumatoria de los saldos de los Contratos en Ejecución que tienen por ejecutar un período inferior a 360 días, es decir, 12 meses. Si el número de días por ejecutar un contrato es superior a 360 días, es decir 12 meses, el saldo del Contrato en Ejecución sólo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.”[16]

Se observa que la Guía expedida por esta Agencia para calcular la capacidad residual señala que el proponente debe allegar, entre otros documentos, los contratos en ejecución y define estos como aquellos contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar “obras civiles”. Así las cosas, es claro que la regulación existente en materia de capacidad residual establece que, para el cálculo de esta, el oferente debe allegar, entre otros documentos, el listado de los contratos en ejecución, concretamente, de obras civiles. En este sentido, dicha Guía expone que el proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador Público o auditor independiente, para lo cual se recomienda el formato establecido en el Anexo 3 de dicha Guía[17].

Según la Guía en mención, dicho certificado debe contener la lista de los Contratos en Ejecución a nivel nacional como internacional, en la que se indique: a) El valor del contrato en pesos colombianos; b) El plazo de ejecución del contrato en meses; c) La fecha de inicio de las obras objeto del contrato: día, mes, año; d) Si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; e) Si el contrato está suspendido, y si es así, la fecha de suspensión[18]. En todo caso, si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente de ejecución.

Adicionalmente, la Guía precisa que son contratos en ejecución aquellos que, a la fecha de presentación de la oferta, obligan al proponente, incluidos los que se encuentren suspendidos y los que no tengan acta de inicio, y que no se entienden como tales los contratos que se encuentren en etapa de liquidación o ya hayan sido liquidados. Si el proponente no tiene contratos en ejecución, el certificado debe indicarlo expresamente.

Respecto de los mecanismos de verificación de la información suministrada, la entidad estatal podrá acudir a fuentes documentales de consulta pública, como el SECOP, con el fin de contrastar los datos aportados por el proponente. Asimismo, podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información y los soportes presentados, en el marco de las reglas del proceso de selección. En todo caso, corresponde al proponente suministrar información completa y veraz sobre sus compromisos contractuales vigentes, sin perjuicio de que la entidad establezca en los documentos del proceso las consecuencias derivadas de su omisión o de la presentación de información inconsistente.

En relación con los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, debe señalarse que la Guía contempla reglas particulares para acreditar los factores que integran la capacidad residual, atendiendo a que estos interesados no están obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponentes (RUP). Para tal efecto, dispone que los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de la Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos.

v. Al margen de la explicación precedente debe advertirse que el análisis requerido para resolver problemas específicos en torno al clausulado contractual debe ser realizado por quienes tengan interés en ello, de acuerdo con lo explicado la aclaración preliminar del presente oficio. De esta manera, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.

Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse en el procedimiento contractual específico, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.

  1. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

  • Constitución Política de 1991, artículos 209 y 267.
  • Ley 80 de 1993, artículos 2 y 13, 32 y 40.
  • Ley 1150 de 2007, artículos 6 y 13.
  • Ley 1682 de 2013, artículo 72.
  • Decreto Ley 691 de 2017, artículos 1, 2 y 3.
  • Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.1.3.1, y 2.2.1.1.1.6.4.
  1. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

Esta Subdirección se ha pronunciado sobre el régimen de contratación de las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, entre otros en los siguientes conceptos: C- 792 del 28 de noviembre de 2024, C-998 del 18 de diciembre de 2024, C- 429 del 13 de mayo de 2025, C-477 del 20 de mayo de 2025, C-1004 del 29 de agosto de 2025, C- 1012 del 4 de septiembre de 2025, C-1224 del 25 de septiembre de 2025, C-1208 del 7 de octubre de 2025, C-1368 del 5 de noviembre de 2025, C-1573 del 5 de diciembre de 2025, C-1605 del 15 de diciembre de 2025, C-1831 del 23 de diciembre de 2025 y C-1851 del 21 de enero de 2026.

Sobre la capacidad residual y la forma como esta se debe acreditar se pronunció esta Subdirección en los conceptos 2201913000006275 del 27 de agosto y el 20 y 26 del 2 de diciembre de 2019 −radicados Nos., 2201913000009465, 2201913000009642 y 2201913000009640−; así como en los conceptos C–022 del 20 de febrero de 2020, C–089 del 4 de marzo de 2020, C–112 del 16 de marzo del 2020, C–133 del 25 de marzo del 2020, C – 194 de 2020 del 21 de abril de 2020, C–326 del 9 de junio de 2020 y C-446 del 6 de julio de 2020, C-045 del 5 de marzo de 2021, C-003 del 26 de marzo de 2021, C-143 del 9 de abril de 2021 C–202 del 7 de mayo de 2021, C–219 del 19 de mayo de 2021, C–368 del 28 de julio de 2021, C–392 del 5 de agosto de 2021, C–513 del 23 de septiembre de 2021, C–590 del 12 de octubre de 2021, C-068 del 9 de marzo de 2022, C-220 del 22 de abril de 2022, C-306 de 16 de mayo de 2022, C-351 de 23 de mayo de 2022, C-392 del 16 de junio de 2022, C-402 del 28 de junio de 2022, C-463 del 19 de julio de 2022 y C-615 del 19 de agosto de 2022, C-438 del 15 de mayo de 2025, C- 862 del 12 de agosto del 2025 y C-619 del 27 de agosto de 2025, C-486 de 2025, C-619 de 2025, C-1228 de 2025, C-1349 del 28 de octubre de 2025, C-1732 del 21 de diciembre de 2025 y. C-1809 del 21 de enero de 2026 entre otros. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de Relatoría de la Agencia, en el cual también podrás encontrar jurisprudencia del Consejo de Estado, laudos arbitrales y la normativa de la contratación concordada con la doctrina de la Subdirección de Gestión Contractual, accede a través del siguiente enlace: 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.

Las garantías no son un requisito formal: son el instrumento con el que se protege el patrimonio público frente a los riesgos del contrato. Por ello, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– te invita a consultar la nueva versión de la Guía para la Exigencia y Constitución de Garantías en los Procesos de Contratación, dirigida a las entidades sometidas al EGCAP y a las de regímenes exceptuados, así como a proveedores y órganos de control. Encontrarás orientaciones sobre las clases de garantías admisibles, la correspondencia entre riesgos asignados y amparos exigidos, su suficiencia y vigencia, y el procedimiento para hacerlas efectivas. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-de-garantias-en-procesos-de-contratacion

De otro lado, te contamos que el Decreto 287 del 19 de marzo de 2026 sustituyó los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015 y estructuró el Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Para orientar su aplicación, esta Agencia expidió la Circular Externa 003 del 12 de mayo de 2026, en la que precisa quiénes son los beneficiarios, las cinco medidas que integran el sistema y su obligatoriedad según la modalidad de selección, y el régimen de transición aplicable a los procesos en curso. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-003-de-2026

Recuerda también que la información sobre sanciones e inhabilidades solo cumple su función preventiva si llega oportunamente a los registros públicos. Sobre este deber, esta Agencia expidió la Circular Externa 002 del 5 de mayo de 2026, dirigida a todas las entidades del Estado sin distinción de su régimen contractual, en la que reitera la obligatoriedad de reportar caducidades, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento e inhabilidades ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el SECOP, e indica los responsables, los portales dispuestos para el efecto y las consecuencias disciplinarias de omitir este deber. Consúltala aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-002-de-2026

Finalmente, si quieres seguir de cerca la actividad de la Agencia, la tercera edición de 2026 del Radar de la Compra Pública reúne, entre otros contenidos, la Circular Externa 003 de 2026, el Decreto 552 de 2026, un estudio sobre inteligencia artificial en la compra pública, los avances de la Relatoría, análisis jurisprudencial, conceptos jurídicos destacados y la oferta de la Escuela Virtual ANCP-CCE. Descárgalo aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/boletin/boletin-edicion-n-3-de-2026-radar-de-la-compra-publica

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Atentamente,

Elaboró:

Tatiana Baquero Iguarán

Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual

Revisó:

Alejandro Sarmiento Cantillo

Gestor T1 ‒ 15 de la Subdirección de Gestión Contractual 

Aprobó:

Fabián Leonardo Vanegas Peña

Subdirector de Gestión Contractual (E) ANCP – CCE

  1. JOJOA BOLAÑOS, Alexander. Los regímenes exceptuados en los contratos estatales. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2012. p. 89. ↑

  2. BARRETO MORENO, Antonio Alejandro. El derecho de la compra pública: estudio jurídico de un mercado imperfecto. Bogotá: Legis, 2019. pp. 281 y ss. ↑

  3. Corte Constitucional. Sentencia C – 438 del 13 de julio de 2017. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado. ↑

  4. La Corte a través de la Sentencia C-650 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) revisó las objeciones presidenciales presentadas al proyecto de ley número 278 de 2002 que contemplaba la creación del Fondo Antonio Nariño como un fondo mixto para el desarrollo del periodismo, y la protección, solidaridad y defensa de los periodistas y comunicadores sociales. El Presidente de la República, manifestó que la creación de dicho fondo vulneraba los artículos 347, 356 y 357 de la Carta, toda vez que el artículo que creaba el Fondo Antonio Nariño no precisaba si éste estaba adscrito a alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal. En este sentido, adujo que se creaba la posibilidad de que la Nación realizara aportes a dicho fondo, lo que infringiría el Sistema General de Participaciones.

    En aquella oportunidad la Corte también explicó que un fondo con personería jurídica no es equiparable a un fondo especial que constituye una cuenta (sin personería jurídica). De esta manera, el primero se asimila a una entidad de naturaleza pública que hace parte de la administración pública y por tanto modifica su estructura, mientras el segundo se refiere al sistema de manejo de recursos y por lo tanto no tiene personería jurídica. No obstante, un fondo-entidad puede tener dentro de sus funciones la administración de un fondo-cuenta. (…) De esta manera, la creación de un Fondo-entidad implica la modificación de la estructura de la administración nacional, lo que hace necesario el cumplimiento de las normas constitucionales especiales en cuanto la creación debe ser efectuada por el legislador y contar con la iniciativa o el aval del Gobierno (arts. 150-7 y 154). ↑

  5. Corte Constitucional. Sentencia C-438 de 2017. ↑

  6. Ibíd.

    ↑

  7. Ibíd. ↑

  8. HINESTROSA FORERO, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico. Vol. I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 116. ↑

  9. Cfr. Colombia Compra Eficiente. Subdirección de Gestión Contractual. Concepto C-362 del 3 de julio de 2020. Pág. 9. ↑

  10. “La fuerza vinculante de los reglamentos –tanto para los administrados como para la propia administración– surge del hecho de ser una norma jurídica, y de compartir la naturaleza del acto administrativo, luego, de allí también se desprende que se presuman legales y sean ejecutorios.

    Por esta misma razón, la doctrina española –con especial fuerza– ha señalado que su observancia no queda al capricho del órgano que la expidió, pues si quisiera él lo puede desconocer. De algún modo, como acontece con todo acto administrativo, el acto cobra vida propia, y autonomía en relación con su propio creador. A este último evento se le denomina la inderogabilidad singular del reglamento, que no es otra cosa que la prohibición de insertarlo en un caso particular.

    Esta tesis –de absoluta razonabilidad–, protege tanto al ciudadano como al ordenamiento jurídico en general, de la arbitrariedad de la administración, pues si se admitiera que pese a estar en vigencia un reglamento la propia administración que lo dictó lo pudiera inaplicar, aduciendo que si ella lo produjo entonces cuenta con la autoridad para desconocerlo, los abusos y la violación a sus propias reglas propiciaría el atropello y la corrupción”. (MARÍN CORTÉS, Fabián G. El reglamento como fuente del derecho administrativo. En: Las fuentes del derecho administrativo. Texto inédito. 2010. pp. 200-201). ↑

  11. Ibíd. ↑

  12. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de junio de 2003. Rad. 13.354. C.P: María Elena Giraldo Gómez. ↑

  13. “Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual: El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:

    1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

    2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

    3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años”. ↑

  14. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación pública, disponible en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/2023-Guia-para-determinar-y-verificar-la-Capacidad-Residual-del-proponente-en-los-Procesos-de-Contratacion-de-obra-publica-CCE-REC-GI-22.pdf ↑

  15. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, concepto C-175 del 29 de julio de 2024. ↑

  16. Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente. Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. Disponible en línea: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-determinar-y-verificar-la-capacidad-residual-del-proponente-en-los-procesos-de-contratacion-de-obra-publica. 2023. p. 7. ↑

  17. Ibídem, p. 14. ↑

  18. Ibídem, p. 14. ↑

Fuente y referencia

Autor del concepto: Colombia Compra Eficiente. Compilación y ayudas de lectura: Abogo / Hugo Ortega.

Se presenta el texto conservado en el catálogo. La fecha y el número de citas no certifican vigencia jurídica. Contrasta el documento con las normas y criterios posteriores aplicables.

Consultar la fuente enlazada de CCE →

Colombia Compra Eficiente. C-1635 de 2026 (2026-11-13). Consulta en Abogo: https://abogo.soyhugoortega.com/concepto/c-1635-de-2026-regimen-excepcional. Fuente: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1635-de-2026/

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